Infancia amenazada: cuando las madres, matan

El día que Marcelino y Pía, los hermanitos tucumanos de 4 y 2 años, fueron asesinados por un bisturí empuñado en manos de su madre, Nadia Fucilieri, hacía tan sólo 24 horas, que la Justicia había ratificado su decisión de renovar la tenencia de los niños. Dejarlos, una vez más, al cuidado de dicha mujer.

Esto significa, que, mediante una evaluación minuciosa y responsable, el Estado -a través de los Servicios Sociales- había seguido un protocolo de entrevistas y visitas. Psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, y asesores legales, recorrieron no sólo el frío expediente sino la vida diaria de los chicos: su relación con la mamá y el resto de la familia, con los vecinos y con el jardín de infantes al que asistía Marcelino.

Ellos tomaron testimonios, escucharon, observaron, indagaron y registraron datos. Además, analizaron indicadores diversos (profesionalmente elaborados) para evaluar mejor el contexto familiar, tanto en términos de relación vincular como ambiental.

Luego, procedieron a considerar y comparar los distintos escenarios posibles para el desarrollo vital de los menores. Así, establecieron que era la mamá, quien podía brindarles ese soporte de amor y contención, mejor que nadie. ¡Se equivocaron!

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De la vereda de enfrente, junto a su abogada y los abuelos paternos, estaba Aldo Martínez, el papá, impedido de ver a sus hijos hacía ocho meses. Había solicitado al juez, y a los abogados de la otra parte, que alguien lo escuche.

Él quería volver a ver a sus hijos, ejercer su derecho a la paternidad y ser un actor partícipe en su crianza. También quería poner en aviso sobre las situaciones violentas que él había vivido por parte de su ex mujer y el peligro inminente que ello suponía para la seguridad de Pía y Marcelino. Nadie prestó oído.

Aparentemente, la perimetral que impedía el contacto con sus hijos, alcanzaba esta vez a los funcionarios judiciales y de los servicios sociales. En su afán de hacer caber la historia de vida de esta familia, en la teoría que encuadra la práctica, omitieron con toda impericia la importancia inestimable de escuchar la otra campana.

Porque, existe un peligro, que se paga con muerte: el de promover ideologías que facilitan la comisión de actos de violencia consumada en filicidios. Estadísticas criminales indican que, en el mundo, solo el 10% de delitos derivados en homicidio de diversa índole, es cometido por mujeres. Sin embargo, en delitos de violencia intrafamiliar en general, y filicidios en particular, la cifra asciende a 70%.

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Si bien no existen muestras significativamente representativas, cabe aclarar que sí existen estudios internacionales sobre casos de filicidios y neonaticidios (asesinatos durante las primeras 24 horas de vida del bebé) que recogen la evidencia suficiente para encender esta alarma.

Para la abogada y criminóloga española Beatriz de Vicente, preocupa el hecho de encontrar que, en violencia familiar, son las mujeres, y no los hombres, quienes ocupan el centro de dicha escena delictiva, siendo además los hijos directos, las principales víctimas fatales.

En Argentina, esta tesis encuentra sustento en la evidencia, de casos de filicidios, cada vez, más espeluznantes. El asesinato de Lucio Dupuy, generó un antes y después, una toma de conciencia absoluta respecto de las consecuencias de imponer un contexto cultural creado para sustituir la realidad por una ficción.

El comportamiento humano volvió a estar determinado por la naturaleza de la acción, buena o mala, que la persona realiza. Y no por el género femenino o masculino, de quien realiza la acción.

El velo de años de perspectiva de género impuesta en todos los ámbitos, como doctrina, a través de una multiplicidad de planes de estudio, programas de gobierno y leyes, cayó por tierra en un segundo: la violencia, no tiene género.

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¿Será que, años de insensatez y disonancia cognitiva, condicionaron el aprendizaje? ¿Distorsionaron el modo de razonar de tantos profesionales que, sometidos a la irracional consigna de capacitarse en perspectiva de género, dio como fruto la falta de idoneidad para el ejercicio de sus facultades? ¿Nadie vio las lesiones de larga data que se encontraron en las víctimas aquí mencionadas? ¿Nadie oyó, nadie escuchó? ¿Nadie, nada?

La suma de nombres a la lista de estos crímenes, contra los niños en general y los hijos en particular, revela las falencias estructurales que tiene el sistema de Justicia para hacer frente a la efectiva protección de la infancia y los derechos de los niños.

Falencias que sería posible revertir y subsanar siempre que, en lugar de propiciar marcos legales permeables a generar condiciones de suma desprotección, se buscara lo contrario. Me refiero con esto a volver a situar como principio la igualdad ante la ley, de hombres y mujeres.

Mientras existan en vigencia leyes orientadas a promover privilegios y situaciones de asimetría, entre unos y otras, seguiremos pasando por alto, y sin prevenir, delitos que atentan contra la dignidad y la integridad de nuestros hijos.

Los niños hoy están en peligro y, como sociedad, debemos empezar a buscar respuestas concretas que puedan responder. Si esto no cambia, entonces: ¿quién nos protege de las mujeres?

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