A propósito del estreno mundial de “Argentina, 1985”

Pronto se estrenará mundialmente en streaming el film “Argentina, 1985″, del director Santiago Mitre. No es sólo una película más sobre un determinado juicio, sino que brinda la posibilidad de llegar a un público más amplio y seguramente también más joven, acerca de un hecho inédito y único en la historia universal. Un público que, probablemente, no tenga presente algunos de estos hechos.

Y lo inédito es que, hasta 1985, ningún país había tenido la posibilidad de juzgar en un tribunal civil a sus propios dictadores (quiero volver a recalcar la importancia de esta frase para que el lector no la pase de largo). Ningún país, hasta ese momento, había tenido la posibilidad de juzgar en un tribunal civil a sus propios dictadores.

El juicio dio oportunidad de juzgar, con gran cantidad de pruebas y con amplitud de defensas, a 9 militares que hasta poco tiempo antes habían tenido el poder de vida y de muerte sobre toda la población.

En la década del 70′, la Argentina vivió un período terrible y caótico en el cual grupos armados creían estar por encima de la ley y pretendían, supuestamente, luchar en nombre de sus ciudadanos, para lograr un Estado más justo.

Estos grupos armados pasaron a la acción porque sostenían que el sistema democrático era corrupto e injusto. Utilizaron la violencia en nombre de una entelequia llamada “pueblo”, que nunca los eligió para ello, sintiéndose los esclarecidos que se sacrificarían por los pobres de entendimiento. El débil gobierno democrático de aquel entonces les ordenó a las fuerzas armadas el aniquilamiento de estos grupos.

Con esa orden, los militares entendieron que podían llevar adelante su cometido sin rendir cuentas y dispusieron un golpe de Estado, absolutamente despiadado e inhumano.

En lo que fue un régimen de terror, grupos parapoliciales secuestraban a la gente con excesivos despliegues de fuerza. Los secuestrados, en el piso o en el baúl de un automóvil, con los ojos vendados, golpeados, aterrorizados e inmovilizados, eran trasladados a centros clandestinos de detención.

En estos se producían turnos de tortura, aislamiento, situaciones aberrantes de golpes y maltrato, todo en condiciones infrahumanas. En muchos de los casos, el procedimiento de tortura y detención terminaba con la “desaparición” del otrora secuestrado. Este fue un nuevo estatus, que, hasta entonces, no había sido descripto en ningún régimen de la humanidad.

El no reconocimiento, por parte del Estado, de la ausencia de estas personas, así como la negación de su existencia y la de su secuestro, la imposibilidad de conocer que fue de aquella persona y su destino, como eventualmente de sus restos, fue lo que caracterizó esta época.

En muchos casos, los bienes de los “desaparecidos” eran rapiñados, despojados. Y a la inversa, en determinadas ocasiones, el Estado utilizó ese aparato para conseguir beneficios económicos, aterrorizando a empresarios para que tomaran ciertas decisiones o cedieran algunos bienes a protegidos por los gobernantes.

También se utilizó este sistema para despojar de su identidad a aproximadamente 500 bebés, nacidos en el cautiverio ilegítimo de sus madres y entregados a cómplices o a los propios represores. A casi 40 años del fin de ese infierno, solo han recobrado su identidad menos de 150.

El gobierno militar, que pensaba perpetuarse en el poder, decidió buscar apoyo popular en 1982 recurriendo a un viejo anhelo de los argentinos: la recuperación de las Islas Malvinas, aquellas que los británicos denominaron Falklands. Esa locura quedará para otro análisis, pero fue el principio del final de la pesadilla.

Finalmente, en octubre de 1983 abrazamos la democracia, ya para siempre e ininterrumpidamente. El presidente Raúl Alfonsín ordenó entonces que fueran juzgados los que habían dado órdenes y los que se hubieran excedido en el cumplimiento, llevando a cabo actos impensados y de lesa humanidad.

Para eso no era necesario cambiar las leyes sino solamente agregar una obligatoria instancia civil a los Tribunales militares. Ya era antigua entonces la frase que sostiene que “la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”, por lo que era previsible que no brindara paz social.

Los jueces civiles, frente a la inacción de los tribunales militares, se abocaron a la tarea de justicia, decidiendo llevar adelante un juicio histórico.

Por aquel entonces, yo tenía 20 años, era un estudiante de segundo año de derecho y entendí que debía concurrir al menos una vez a presenciar ese hito histórico, que estaba a la altura de los juicios de Nuremberg.

Desde las gradas del juzgado oí como el fiscal Julio César Strassera pedía a los jueces lo mismo que la sociedad argentina había reclamado y aún lo sigue haciendo: “Nunca Más”.

La sentencia la escuché el día que terminaba de cursar derecho penal y lo sentí casi como una jugada del destino que me decía que Simon Wiesenthal tenía razón cuando sostenía que siempre debemos buscar “justicia, no venganza”.

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