
En los últimos días se ha instalado un debate sobre el cual la Fundación Pro Tejer tiene una mirada que nos gustaría compartir.
Argentina cuenta con una estructura productiva heterogénea, desequilibrada –en el sentido de Diamand– y con una gran incidencia de insumos que no se producen localmente. Algunos insumos necesarios para la producción industrial requieren ser importados y, en un contexto de escasez de divisas, es clave una administración inteligente del comercio, entre otras herramientas de política económica.
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En un esfuerzo por administrar la escasez no resulta menor que, a través de medidas cautelares, sea el Poder Judicial el que termine incidiendo con tanta contundencia sobre el rumbo de política económica. Debilitar el diseño de administración del comercio, que es un resorte del Poder Ejecutivo y permitir su elusión resulta cuanto menos llamativo e imprudente.
El caso de la cadena textil e indumentaria, donde la Fundación tiene su especialización, permite ilustrar el panorama. Con inversiones en bienes de capital que superaron el récord histórico y que ya han comenzado a ponerse en marcha, la cadena se encuentra modernizándose, ampliando su oferta productiva y mejorando su productividad sumando puestos de trabajo en la gran mayoría de las provincias del país. El consumo final está aumentando, pero todavía se encuentra en un bajo nivel debido al rezago del poder adquisitivo de los ingresos de la población.
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En este escenario de mayor nivel de producción nacional, menor nivel de consumo interno y escasez de divisas se tendería a pensar que las importaciones se encuentran disminuyendo. Pero esto no es así. Por el contrario, las importaciones de toda la cadena de valor están creciendo a ritmos alarmantes y mostrando volúmenes récord de los últimos años.
Para dimensionar los efectos, en los primeros cinco meses de este año, se importaron un 35% más toneladas de productos de toda la cadena textil que en el año anterior -y un 54% más de dólares- siendo las más altas de -al menos- los últimos 8 años. Más de 160 mil toneladas en sólo 5 meses. Y lo que es peor: los mayores aumentos se concentran en tejidos producidos localmente y bienes finales. Si analizamos solo indumentaria, las toneladas importadas superaron en un 45% a las de enero-mayo del año pasado.
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Argentina necesita acompañar el crecimiento con acumulación reservas a la par que la estocada de unos pocos juzgados que saltean toda normativa se vuelve un obstáculo, al tiempo que impone condiciones injustas de competencia para quienes sí apuestan a los procesos de agregación de valor nacional y generación de empleo.
Las medidas cautelares perforan las licencias no-automáticas de importación, la declaración jurada de composición de producto (en donde se debe especificar, y ensayar en caso de que así sea requerido, los componentes que hacen a una prenda o confección) y, como si fuera poco, toda normativa cambiaria establecida por el Banco Central, distorsionando las prioridades delineadas desde el Poder Ejecutivo para la utilización de un recurso escaso que resulta esencial para la suerte de la política económica.
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En la praxis, se termina beneficiando a un conjunto de importadores que acuden a los mismos juzgados -tras varios sorteos- y que ingresan desde el exterior productos que nuestro país fabrica en cantidad y calidad suficiente, teniendo incluso acceso al mercado cambiario sin ninguna restricción. En definitiva, estas importaciones no solo generan presiones sobre la delicada situación cambiaria, sino que también inundan el mercado local dañando la producción y el trabajo argentino y afectando la seguridad jurídica de quienes sí cumplen con las normas dictadas por el Ejecutivo.
¿Hay algo más contraproducente a los objetivos de crecimiento sostenido con inclusión social que este tipo de maniobras que usufructúan la diferencia cambiaria y perjudican a todo el proceso de inversión, modernización industrial, generación de valor agregado y empleo, nivel de actividad, capacitación en oficios y mejores salarios y consumo?
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Que algunos importadores, que sustituyen trabajo argentino por importaciones y que ponen en jaque el proceso de desarrollo de nuestras fuerzas productivas, salteen las normas a través de medidas cautelares avalados por unos pocos juzgados es una cuestión de gravedad, que necesita ser revisada y corregida.
Nosotros entendemos que tenemos un futuro promisorio que solo depende de la decisión política de sostener el rumbo del desarrollo industrial.
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