Avances y retrocesos en transparencia presupuestaria

Se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021: Argentina ocupa el lugar 52 de un ranking de 120 países y en la medición anterior ocupó el puesto 38 de 117. Entre los 18 países de Latinoamérica evaluados, nuestro país se ubica en los puestos 9, 10 y 11 según diferentes ejes de la evaluación.

El presupuesto público es la hoja de ruta a través de la cual el Estado decide cómo recaudar y distribuir los recursos públicos, y permite conocer las prioridades y compromisos de los gobiernos con la garantía de los derechos. A través de este instrumento, el Estado puede garantizar -o no- una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios y bienes públicos necesarios para que todas las personas accedan a derechos básicos como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, entre otros. Por eso, la transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de control y de participación ciudadana en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para exigir políticas públicas eficientes e igualitarias.

La Encuesta de Presupuesto Abierto es una iniciativa impulsada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto) que se mide desde el año 2006 (cada dos años) en 120 países de todo el mundo, con el objetivo de promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Argentina nunca llegó a conseguir los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado en torno a la forma en que se gestionan los fondos públicos. Los resultados de 2021 fueron 50/100 en el eje de transparencia, 54/100 en el de control y 15/100 en el de participación ciudadana.

En esta ocasión, nuestro país redujo el puntaje en transparencia (pasando de 58/100 a 50/100) debido a que en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores. A su vez, si bien se publican datos actualizados y abiertos sumamente relevantes para facilitar el monitoreo del gasto público y el control ciudadano, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, lo cual explica los grandes desafíos que tenemos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria.

En materia de control el mayor desafío lo encontramos en la escasez de instancias de monitoreo de las modificaciones que realiza el Ejecutivo en los fondos y las proyecciones físicas durante el año. A pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre estas modificaciones presupuestarias, el Congreso realiza una supervisión limitada.

Los peores resultados se encuentran en el eje de participación, donde Argentina apenas llega a los 15 puntos, porque no existen instancias que involucren genuinamente a las comunidades y personas alcanzadas por las políticas públicas en la toma de decisiones presupuestarias. Esta situación es un reflejo de los grandes desafíos que tiene Argentina para lograr que el uso de los recursos públicos sea realmente abierto y democrático. Al igual que en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Sólo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios.

El presupuesto público es una herramienta esencial para garantizar los derechos en condiciones de igualdad y revertir la pobreza estructural -y su consecuente vulneración de derechos- que en Argentina afecta a más del 40% de la población, agravándose en el caso de las niñas y niños, sobre quienes la pobreza asciende al 60%. Un ejemplo claro lo encontramos en el rol que tuvieron las transferencias de ingresos para aminorar los impactos de la pandemia del COVID-19. Según datos publicados por la CEPAL, la pobreza extrema en Latinoamérica habría pasado de 81 a 86 millones de personas en 2020, un retroceso de 27 años. A pesar de esto, la CEPAL estima que si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia, como fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el refuerzo de las Políticas Alimentarias en Argentina, la pobreza habría sido mayor en 2020.

A través de su política fiscal, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad y la pobreza, o aumentarlas. Por eso, desde ACIJ evaluamos el cumplimiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto e impulsamos a los diferentes poderes del Estado a mejorar sus resultados. Necesitamos mecanismos robustos de transparencia, participación y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso presupuestario para que las políticas públicas logren el impacto necesario en la garantía de los derechos.

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