La invasión rusa a Ucrania reconfiguró el mercado mundial de commodities, y pone en valor a nivel global nuestros recursos como país productor de alimentos y energía. En este contexto, la construcción del gasoducto se convierte más que nunca en una exigencia para la Argentina, ya que permitiría bajar los niveles de importación de energía, reducir el gasto fiscal en subsidios, asegurar el autoabastecimiento e, incluso, volver a exportar.
Sin embargo, la constante improvisación del gobierno nacional y la carencia de un plan quedan una vez más en evidencia luego de la última gira presidencial a Europa. Allí, Alberto Fernández fue a buscar inversiones en energía y, de forma algo voluntarista, a ofrecer a la Argentina como proveedor en reemplazo del gas ruso. En España y Alemania, el propio presidente pidió a Europa ayuda para explotar la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Un mes después, el mundo asiste a un nuevo episodio de acusaciones cruzadas dentro del gobierno nacional que terminó con la renuncia del ministro de Producción y una investigación abierta en la Justicia. Es un ejemplo más que mina la confianza y evidencia la falta de previsibilidad de la Argentina.
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El gas natural tiene un rol central en la matriz energética nacional, no solo como combustible de hogares e industrias, sino también para la generación de energía. El gobierno de Mauricio Macri tuvo una mirada estratégica sobre nuestros recursos y capacidades productivas, que permitió desarrollar una política energética coherente que redujo las importaciones de gas y aumentó las exportaciones, y logró una fuerte reducción del saldo comercial energético negativo en tres de los cuatro años. Pero en 2021 la situación se revirtió, y ahora estamos más vulnerables al aumento de precios internacionales. Sumado a eso, las internas dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos y las acusaciones cruzadas ponen en duda la transparencia del proceso, paralizan la gestión del gasoducto y redundan en costos que pagamos los argentinos con cada año de atraso.
Situaciones como estas lastiman también nuestra reputación internacional. No es gratuito viajar a Europa a pedir inversiones para después tener proyectos estancados por peleas políticas y manejos poco claros. La política exterior debe apuntalar una agenda de desarrollo que devuelva la credibilidad perdida en los últimos años.
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La Argentina necesita un plan para transformarse en un país exportador de energía en un contexto internacional en el que aumenta su importancia geopolítica. El gasoducto es una obra estratégica de ese plan. Por eso, debemos impulsar un consenso en torno a la construcción del gasoducto como un objetivo de Estado, con un dispositivo institucional para que la obra pueda realizarse de manera transparente, en tiempo y forma. Para ello, es posible incorporar buenas prácticas internacionales -como los estándares OCDE que la Argentina debería adoptar en su proceso de ingreso a la organización- y mecanismos institucionales de monitoreo y rendición de cuentas públicas del Poder Ejecutivo, al Congreso y a la sociedad.
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