Mercado inmobiliario: la libertad del consumidor

Imaginemos un país en el que los videoclubs del barrio (si todavía quedaran algunos) se juntaran para tratar de impedir que Netflix, HBO Max o Disney+ ofrezcan sus servicios. O un país en el que los taxis se opongan a que funcione Uber (pues, este ya existe). O pensemos en un país en el que los bares de la cuadra se opongan a que se instale un café Martínez o un Starbucks frente a la plaza.

Esto implicaría un retroceso de treinta años, un jaque al progreso y, por sobre todo, una agresión al consumidor, quien tiene el derecho a elegir con qué formato mirar televisión o con qué servicio de auto viajar o cuál café con medialunas se va a pedir. Los derechos de los consumidores son fundamentales y los gobiernos no tienen por qué decirnos qué opciones debemos elegir, y mucho menos dentro del marco privado o de decisiones individuales.

Créase o no, algo así está sucediendo en el mercado inmobiliario argentino. Un grupo de dueños de inmobiliarias tradicionales hacen fuerza para que pymes que prestan servicios adheridas a las redes de RE/MAX, Century21 o Coldwell Banker interrumpan sus operaciones. Único caso en el mundo.

¿Qué hacen estas últimas empresas y pymes? Pues, ofrecen un combo de servicios a corredores inmobiliarios que los vuelve más competitivos: marketing, tecnología, capacitación en ventas, trabajo en red. Por eso, hasta hoy, los compradores y vendedores de viviendas, o también los que ofrecen y demandan alquileres, pueden elegir: si prefieren, lo hacen con la inmobiliaria de toda la vida, o si les gusta más, acuden a un corredor inmobiliario adherido a una de estas redes. Es simple: libertad de decidir.

En pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocará una audiencia pública para escuchar a las partes en conflicto: RE/MAX por un lado (podría ser cualquier otra red parecida o cientos de inmobiliarias que copian este modelo), y las autoridades de los colegios de martilleros por el otro, que son los que llevaron el caso a la Justicia.

Esperemos que no solo prevalezca el sentido común, sino también la igualdad ante la ley y el respeto hacia la libre elección: cuantas más opciones para los consumidores, mejor, pues la libre competencia significa mejor calidad, más diversidad, mejores precios. Que el que quiera comprar o alquilar contratando al bisnieto del que fundó la inmobiliaria más tradicional del pueblo, pueda hacerlo. Y el que prefiera acudir a un corredor inmobiliario recién adherido a la red Century21, pueda hacerlo también. Y si la experiencia no le gusta, que pueda cambiar: hoy con uno, mañana con otro. Que el mercado, es decir cada uno de nosotros, decida.

Siempre que hubo competencia entre varios que prestan servicios parecidos, el beneficiado fue el consumidor: cada uno intentó mejorar para ganarse el favor de los clientes. Los taxis están más limpios y cuidados desde que aparecieron los remises. Y los remiseros y taxistas tuvieron que sacarle brillo a sus autos cuando surgieron Uber y Cabify. Y estos últimos tendrán que esmerarse para que el público no los deje cuando aparezca una opción mejor. La libre competencia oxigena, mantiene alertas a todos y, si al consumidor algo no le satisface, siempre tiene opciones. Debemos acabar con la Argentina de los privilegios para los amigos del poder o las dinastías sindicales.

Que las musas del sentido común y la igualdad ante la ley que alguna vez iluminaron a juristas como Alberdi sigan activas en la Argentina.

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