El sector privado es rehén del sistema impositivo

Para que la Argentina salga de la crisis económica y social que atraviesa, sin duda es necesario que se aplique una reforma integral del sistema impositivo, que incentive a las inversiones locales y extranjeras, en busca de aumentar la producción y el empleo.

En EE.UU., la carga impositiva de los Estados y municipios ronda entre el 5% y 8%. A nivel nacional o federal, es del 11% al 15%. En cambio, en la Argentina tenemos 166 impuestos sobre la actividad productiva.

Según las estadísticas del Banco Mundial, la Argentina lidera a nivel global la carga fiscal a la producción: representa el 106 % de la ganancia neta, es decir antes de impuestos, de una pequeña y mediana empresa. “Dicho más claro, una pyme argentina que paga todos los impuestos, en promedio, da pérdida”, señaló el informe de Data Driven. Solo las Islas Comoras, de África, superan a la Argentina en este indicador.

Esa presión fiscal deja a la Argentina por encima de todas las naciones de Sudamérica, que tienen un promedio de 23%, y por sobre el grupo conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde la media es del 28%.

Las exigencias tributarias son ridículas y de imposible cumplimiento. Los propios gobernantes son los primeros que lo saben, ya que el Estado que ellos administran es el principal evasor. De hecho, nada menos que en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los propios contratados por esa cartera han realizado paros por empleo en negro.

El propio Estado enseña a evadir. Somos un país al margen de la ley. Un claro ejemplo de esto fue el reciente escándalo protagonizado por el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa, Ernesto Franco, quien admitió haber llevado a cabo una operación en la que falseó un contrato para no pagar Ganancias. “Vamos todos presos”, fue la frase que se escuchó en el video que se difundió en los medios.

Lo peor es que este esquema está absolutamente arraigado desde hace años. Va más allá de un determinado gobierno y produce consecuencias nefastas. Si bien la crisis por la pandemia agudizó esta situación durante 2020, la realidad es que muchas compañías siguieron invirtiendo y generando empleo en otros destinos.

En vez de corregir este desastre, el Estado sostiene políticas que provocaron que un 37,3% de la población argentina esté bajo la línea de pobreza, según las últimas cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que fueron recabadas durante el segundo semestre del 2021.

De hecho, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaban de anunciar que enviarán un proyecto al Congreso para gravar a la “renta inesperada”. Como si ellos pudieran determinar cuál es la ganancia que debe esperar un privado, que decidió arriesgar su capital en un país donde constantemente se le cambian las reglas del juego.

Sin duda, la Argentina debe tomar otro rumbo en cuanto a su política fiscal, que tanto daño ha causado en los últimos años, con un constante incremento de la pobreza y la expulsión de jóvenes que deciden irse al extranjero en busca de un futuro mejor.

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