Con o sin acuerdo con el FMI, el kirchnerismo tendrá que afrontar costos políticos

Palabras agradables entre los funcionarios del FMI y el Gobierno son las que se perciben del anuncio del acuerdo de entendimiento entre el Gobierno y el FMI del viernes 28 de enero, las cuales todavía no se plasman en algo concreto, con datos específicos sobre cómo se alcanzarán las metas que presentó el ministro Martín Guzmán.

Por otro lado, en el mismo seno del gobierno kirchnerista hay diferencias sustanciales sobre la iniciativa, al punto que aparecieron rápidamente dudas sobre si conseguirá los votos necesarios en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI.

Es que el mismo gobierno kirchnerista impulsó y sancionó la Ley 27.612 que en su artículo 2 dice: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En otras palabras, ellos solos se subieron al banquito, se pusieron la cuerda en el cuello y patearon el punto de apoyo.

Ahora, La Cámpora y el kirchnerismo en general tienen que decidir si bajan sus banderas anti FMI o las sostienen y mandan al gobierno al default o a derogar una ley por Decreto de Necesidad y Urgencia, si a esta altura contara el Poder Ejecutivo con esa facultad.

Desde el punto de vista estrictamente económico, el Gobierno tiene problemas firmando con el FMI como no firmando, aunque claramente esta última es la peor opción.

El costo de la cesación de pagos

¿Qué pasaría si Argentina no firma con el FMI y cae en default? En primer lugar, perdería el acceso al financiamiento de otros organismos multilaterales como el BID, BM, etc.; con lo cual varios de los programas “sociales” se quedarían sin financiamiento.

En segundo lugar, el problema más grave que se presentaría consistiría en que difícilmente un banco otorgue cartas de crédito a los importadores locales, muchos de los cuales son proveedores de insumos esenciales a la industria nacional. Si eso ocurre originaría un cuadro de desabastecimiento de todo tipo de bienes, inclusive remedios, y la actividad económica tendería a paralizarse.

Un atenuante sería que los productores locales quisieran importar insumos directamente, con la compra de de dólares alternativos al oficial, como el contado con liquidación, con lo cual tendrían que afrontar un costo hasta 100% más alto que el actual, si es que la brecha cambiaria no se dispara aún más por el default, el cual no sólo se trasladará a los precios finales al consumidor, sino que afectará el cuadro de resultados.

Como me contaba días atrás Dick Schefer, gran conocedor del mercado financiero, un escenario de esas características tuvo lugar en 1982, cuando la guerra de Malvinas provocó que muchas empresas argentinas no consiguieran que les abrieran cartas de crédito y tuvieron que recurrir al mercado de cambios contado con liquidación.

De hecho, el crecimiento económico para el corriente año hay que descartarlo, lo máximo que puede esperarse es alguna reactivación adicional. Puesto en otras palabras, no caben esperar inversiones en Argentina por la falta de seguridad jurídica y lo perverso de las reglas de juego imperantes. Lo que marca el EMAE hasta ahora es un rebote tras la gran caída de la actividad en 2020. En noviembre pasado, último mes disponible, recién igualó el nivel de actividad de abril 2018, cuando se produjo la crisis económica durante el gobierno de Cambiemos.

En su afán por mostrar un aumento de la actividad económica, el Gobierno señala el incremento de las exportaciones en 2021, pero si se toman los volúmenes despachados, dejando de lado las variaciones de los precios internacionales, se observa que desde 2007 no crecen. El aumento de volúmenes que hubo a lo largo de la década del 90 fue producto del inicio del Mercosur, pero llegó un punto en que se agotó ese crecimiento y solo aumentan si hay viento de cola del exterior por suba de precios.

Sin firmar, entonces, los problemas se agravarían por falta de crédito comercial que generarían escases de insumos.

Desajuste monetario y fiscal

Y si el Gobierno logra cerrar un acuerdo de largo plazo con el Gobierno que se fijó meta para las primeros dos años y medio, debería empezar a poner algo de orden económico subiendo la tasa de interés, con lo cual incrementaría el déficit fiscal financiero y el cuasifiscal; tendría que aumentar las tarifas de los servicios públicos y ajustar más velozmente el tipo de cambio oficial; y provocaría una caída del ingreso real de la población, hoy disfrazado por el atraso cambiario y tarifario.

De ahí que, firmando con el Fondo, el Gobierno tendrá que pagar el costo de tener que bajar las banderas anti FMI y, además, aceptar un aumento de la tasa de inflación, falta absoluta de crédito al sector privado y, seguramente, freno en el nivel de actividad porque no habría opciones para generar inicialmente un cuadro pro inversión.

Y si no firma, además de provocar la pérdida de acceso al crédito comercial del exterior, seguiría con todos los problemas de distorsiones de precios relativos que complican la economía y le impiden bajar la tasa de inflación.

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