
Con un poco de curiosidad se consiguen en la Capital Federal y en buena parte del país pastillas de éxtasis, polvo de MMD, GH líquido, ácido, ketamina, marihuana y por supuesto, cocaína. Mientras se está leyendo esta nota, miles de consumidores habituales o sociales disponen de mil pesos para una pastilla o quince ml para un tubito de keta de buena calidad, por poner un par de ejemplos. Todos los que quieran saber del tema lo saben. Cualquiera con decisión puede acceder a la compra -ilegal, claro- de estas sustancias.
¿Hace falta una tragedia como la vivida en las últimas horas para decir que el sistema argentino de abordaje de las drogas no funciona? ¿Hay que justificar que allí hay Impericia o, directamente, complicidad dolosa para un negocio de proporciones fabulosas?
Resulta muy difícil agregar algo interesante a la cuestión de la cocaína adulterada luego de leer la nota de Natalia Volosin en Infobae. Quizá sea interesante hacer hincapié en una mirada que tiene que ver con el placer buscado por muchos de los que consumen socialmente distintas sustancias.
El desastre de Puerta 8 debería, por lo menos, tener dos aspectos. El de los adictos y el de los consumidores sociales de drogas. La adicción es un tema de salud y debería ser tratada como tal sin que la ley penal se asome. Punto y aparte. Tema separado.
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¿Y el que consume por el mero hecho de tener una sensación de disfrute, un “viaje” placentero? Allí hay un universo de personas sobre las que se mira para el costado y sobre las que socialmente se prefiere lanzar adjetivos y, cómo no, sanciones. Para descartar el tema se usan expresiones como drogadictos, viciosos, delincuentes y tanto más. Muchos de los que así desprecian lo hacen luego de tomar alcohol y fumar tabaco sin más límite que su deseo y consumir psicotrópicos y azúcares dañinos sin límite. Una contradicción, al menos.
Dejemos de lado las adicciones que, como se dijo, merecen el tratamiento urgente de la salud que aún no se les da. Animémonos a la pregunta políticamente incorrecta: una persona adulta, que entiende y discierne, ¿tiene derecho a buscar su momento de recreación y placer con una sustancia como la cocaína, asumiendo los riesgos que esto conlleva? ¿Esto es el artículo 19 de la Constitución que asegura que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero no son analizables por los jueces?
Demos un paso más. ¿El Estado no debería estar lejos del derecho de tener placer como a uno se le cante?
El primer argumento para despreciar este enfoque es que vivimos en un país postrado con cincuenta por ciento de pobreza y admitir esta forma de consumo es favorecer que los excluidos caigan en las adicciones o que surjan tragedias como las vividas hace horas. Falso. La tragedia ocurrió con años y años de prohibiciones y una ley que pena desde la planta de marihuana en tu patio hasta el tráfico a escala. Sancionar no ha servido. Además, si es un derecho el hacer privadamente lo que sea sin perjudicar a un tercero, ¿hay que postergar ese inalienable derecho hasta que alguien diga que el país “está preparado para garantizar la libertad”? ¿No suena eso análogo a “todavía no están preparados para votar?” Es un problema de la clase media o de personas con todo resuelto, se argumenta. ¿Y? Si así fuera, ¿no merece un respeto ese colectivo? Los que dicen que hay otras prioridades esconden la impericia propia para hacer varias cosas a la vez o, la mayoría, el autoritarismo de decidir qué es importante y qué no.
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Sostener el derecho a obtener un placer aunque eso implique una consecuencia dañosa en el cuerpo puede sonar a apología de esa práctica. Y eso no es así. En todo caso se hace apología y defensa acérrima de la libertad individual que no puede ser vulnerada por el Estado -ni por nadie- bajo pretexto de “cuidarnos o ser mejores”. La función de la ley y del Estado no es hacer “buenos ciudadanos”. Es apenas evitar las colisiones derechos entre ellos. Qué se es y cómo se es resulta resorte individual de cada uno de nosotros.
Entre el todo y nada en el que falsamente hacemos péndulo hay opciones. Hace años que desde la Asociación de Reducción de Daño (Ardadrogas en instagram) se postula la idea de campañas de educación que enseñan las características de las sustancias, promueven postas de cuidado en fiestas electrónicas y hasta testean la calidad de las drogas que se van a consumir. Información, responsabilidad en el consumo, baja de riesgos. ¿Qué hubiera pasado si cualquiera que compró la cocaína maldita de Puerta 8 hubiera chequeado la composición de ese polvo antes de consumir?

Se insiste antes de proponer una conclusión. No se habla aquí de la cuestión sanitaria de los adictos o dependientes atrapados en una patología médica. Se habla de los que pueden y quieren elegir. La negativa a hacer otra cosa que no sea poner penas, perseguir para la tribuna a algún vendedor de sustancias y golpearse el pecho en la tele engolando la voz y prediciendo muerte por fumar un porro o esnifar cualquier cosa, esconde, antes que una preocupación por la salud, un entrometido gesto de evitar que un otro pueda elegir su vida y sus placeres.
Aquí, de lo que se trata es del placer. Del goce, diría Pino Solanas. De la vida de los otros, tan tentadora para ser juzgada.
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