En búsqueda de un triunfo diplomático de menor cuantía, el Gobierno no ha ahorrado esfuerzos para conseguir la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (CELAC), un foro regional creado hace diez años con el deliberado propósito de excluir a los Estados Unidos y Canadá y menoscabar a la Organización de Estados Americanos (OEA), natural ámbito de cooperación hemisférica.
Los costos de la operación tendiente a concretar la aspiración de la presidencia argentina de la CELAC serán más grandes que los beneficios que de ella se desprendan. En especial, toda vez que para obtener votos y evitar vetos para su aspiración en la CELAC, la diplomacia oficialista ha abandonado todos los principios democráticos a los que la Argentina adhiere.
Esto ha sido especialmente notable en el caso de los esfuerzos realizados por la Cancillería para obtener el beneplácito de la dictadura de Nicaragua. Con ese propósito, convirtieron nuestra representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en una verdadera oficina de defensa de la dictadura sandinista, omitiendo toda referencia a las gravísimas violaciones de Derechos Humanos por ella cometidas.
Obtener la presidencia pro tempore de la CELAC en las presentes condiciones redundará en un menoscabo inevitable en la reputación de la Argentina. Al tiempo que provocará un daño adicional en la relación con dos países fundamentales como son los Estados Unidos y Brasil, dado que éste último se retiró de la CELAC hace dos años al quedar demostrado que el foro en lugar de promover la democracia en las Américas se había convertido en un escenario de legitimación de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Resulta prácticamente incomprensible entender la racionalidad de una política busca simultáneamente obtener asistencia de los Estados Unidos ante los organismos internacionales de crédito y al mismo tiempo concentra sus esfuerzos en alcanzar la titularidad de un foro diseñado para excluir a ese país.
Lamentablemente, los hechos no tienen lugar aisladamente. Desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2019, el actual Gobierno ha impulsado una política exterior de defensa a los dictadores Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro y el matrimonio Ortega-Murillo.
Su adhesión a una política exterior basada en alineamientos ideológicos ha provocado un serio debilitamiento de los sistemas democráticos en el hemisferio. En lugar de promover la democracia, ha hecho vista gorda ante los retrocesos institucionales en naciones hermanas con el fin de satisfacer las demandas y caprichos de los nostálgicos de ese club tercermundista que es el Grupo de Puebla.
Quienes creemos firmemente en la Democracia y los Derechos Humanos no podemos permanecer en silencio frente a la inadmisible renuncia de las autoridades a honrar la defensa de esos valores. Tampoco admitimos la claudicación de la tradicional adhesión de la Argentina a los valores democráticos, el reclamo por la restauración y vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos en todos los países del continente, constituyendo las mismas obligaciones de los Estados miembros del sistema interamericano.
Abdicar de nuestros valores a cambio de una presidencia pro tempore de la CELAC constituye un error de política exterior que tendrá irremediablemente costos para la Argentina en su conjunto.
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