Una tarea central de las naciones es convenir las actividades y remuneraciones individuales, los impuestos y gastos públicos entre los principales actores de modo de contribuir al crecimiento general de la economía. Se trata de un largo proceso evolutivo que fue conformando las instituciones que facilitan esos acuerdos. Representados y gobernantes fueron negociando las cargas tributarias y su destino.
Los presupuestos públicos acuerdan los programas del gobierno, en conversación con distintos actores. El Congreso conviene las leyes para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, entendiendo defender los derechos y patrimonios de los individuos.
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El “Bill of rights” de Inglaterra, de 1689, impide impuestos sin el debate previo y sanción por parte del Parlamento. Entendiendo que “no hay impuestos sin consentimiento de los afectados”, las colonias americanas se rebelaron ante la pretensión de cargos decididos en Londres, porque consideraron ilegítimo imponer sin que los afectados tengan el derecho de debatirlos junto con los gastos a cargo del erario público.
En la Argentina están prevaleciendo los funcionarios del Estado, mandatarios manipuladores de poderes y reglas, subyugando a la población con más tributos sin debate previo.
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Confianza es “La expectativa que una persona determinada actúe del modo previsto”. La libertad de sufrir trabas redundantes potencia los beneficios. Si las actividades se desmadran debilitan la confianza, dañando a las partes.
Los contratos, la confianza de coordinar actividades, favorece el aumento agregado de los ingresos y patrimonios individuales. El recurso económico decisivo es la confianza y extensión de los acuerdos, de los contratos posibles.
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De su solidez deriva la amplia brecha que se fue generando en la capacidad de generación de riqueza por parte del conjunto de los agentes económicos de cada nación. Para 2021, el FMI estimó un PBI por habitante promedio máximo de USD 100.000 en todo el año para el caso de Irlanda; y un mínimo de USD 230 anuales para Sudán del Sur.
El grave problema de la incertidumbre
La incertidumbre predominante entre los agentes económicos en la Argentina se manifiesta en la firmeza del índice de riesgo país en torno a 1.750 puntos básicos, el cual se desprende del muy bajo precio de los bonos del Estado nacional.
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La población desconoce los planes de un gobierno que resiste a presentar su programa, con supuestos económicos consistentes, lo cual agudiza la incertidumbre y dificulta coordinar las actividades privadas. De ahí también las elevadas brechas cambiarias, según la discrecionalidad definida por el Poder Ejecutivo para el desarrollo del comercio exterior. Límites a las exportaciones, cupos diferentes a las importaciones, que no solo afectan a las grandes empresas sino también a numerosas pyme.
Las prohibiciones de los despidos entorpecieron la contratación de empleo en blanco, los cuales están gravados fuertemente en toda la cadena productiva. Tributos desparejos, caprichosos.
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El Gobierno impone gravámenes crecientes a las empresas privadas para subsidiar gastos menos productivos en el Estado, entes y asociaciones diversas, e incluso el consumo de energía pese a que requiere de importantes de divisas para importaciones de insumos y equipamiento. Al tiempo que concede tratamientos ventajosos a algunas empresas cercanas.
Pese a que está demostrado que la competencia y la especialización han posibilitado derribar obstáculos a la producción y a la generación de valor, emparejando condiciones de oferta y demanda; en la Argentina las crecientes imposiciones estatales agrandan las distorsiones y empobrecen a la población en su conjunto.
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Medida de la pérdida de competitividad
En 1998, el PBI por habitante de la Argentina equivalía a 1,75 veces el ingreso promedio mundial; y el gasto público alcanzaba al 23% del PBI nacional. En 2021, esas relaciones bajaron en el primer casi a 0,89 veces, y en el segundo, por el contrario, se elevó a 42% del PBI nacional.
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La vía contundente para salir de la pobreza es acordar reglas justas, estables, iguales para todos. En las democracias avanzadas las propiedades son respetadas y los precios los acuerdan en transacciones individuales diferentes entre particulares. Los funcionarios carecen de conocimientos para imponer equitativamente precios y tratos singulares, regalar bienes privados.
El Impuesto a la Renta Financiera, aprobado en abril de 2018, es un ejemplo de los efectos negativos de cambios sorpresivos en las normas sobre los activos. Salieron más de mil millones de dólares, de las inversiones de portafolio de no residentes, y el peso se depreció más del 30%, respecto del dólar, todo en menos de dos meses.
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