Quienes más necesitan del Estado, más impuestos pagan

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que hoy existen 167 gravámenes, compuestos por 43 del ámbito nacional, 39 de las provincias y 85 de los municipios.

Los impuestos son uno de los principales recursos con los que cuenta el Estado para hacerse cargo de los gastos, y es sabido que deben ser pagados por quienes tienen más recursos para sostenerlo -concepto denominado Capacidad Contributiva- o por quienes más utilizan sus servicios. Esta doctrina es objetable desde lo social, porque quienes más necesitan del Estado están obligados a pagar más. En cualquier caso, esta cuestión cobra singular importancia a la hora de determinar quiénes efectivamente asumen el costo de vivir en sociedad.

A partir de información púbica de carácter oficial resulta interesante observar que la presión tributaria cambió la tendencia a la baja que venía sosteniendo desde 2016 hasta 2019, pues durante 2020 la presión tributaria nacional aumentó casi un 3% respecto al año anterior. En 2020 la presión tributaria nacional y provincial fue del 29,4% del PBI, similar al porcentaje de 2011.

Durante 2020, año pandémico, dicho incremento estuvo motivado por un Estado que debió cumplir su rol de prestador de servicios sociales.

La presión tributaria en cada país es liderada por Brasil 33,1% y seguida por Bolivia 24,7%, Chile 20,7%, Colombia 19,7% y Paraguay 13,9%. Al hacer un comparativo es visible que nuestro país está más cerca de la presión tributaria de Brasil que del resto, y como esto incide al momento de ser elegidos (o no) por inversores extranjeros, deberá ser compensado con otros ítems como por ejemplo, los recursos naturales propios de Argentina o nuestra prestigiosa gestión del talento.

Desde el punto de vista de la formación de la recaudación acumulada desde enero a septiembre de 2021, el IVA lidera el ranking con un 37%, secundado por el Impuesto a las Ganancias con un 27%. Ambos impuestos aportan más del 50% de la recaudación. En tercer lugar están los Derechos de Exportación.

Un impuesto altamente distorsivo como lo es el Impuesto al Cheque, que obliga a las empresas a pagarlo aún en situación de pérdida, participa sólo en el 8% de la recaudación. ¿Resulta eficaz mantener en vigor un impuesto que se sancionó transitoriamente en una situación extrema como la famosa crisis del 2001 y que además penaliza el uso de las cuentas bancarias? Además no es indicativo de capacidad contributiva ni de utilización de bienes del Estado y aporta menos del 10% de la recaudación total nacional. Como para pensarlo.

A sabiendas de los efectos adversos que genera el Impuesto a los Bienes Personales sobre la inversión y que su propósito debería ser el de un impuesto de control -pues su creación está ligada a la correcta liquidación del Impuesto a las Ganancias- la segunda reflexión que me permito es tratar de comprender cuán efectivo es incrementar las tasas de un gravamen que atenta contra la formación de patrimonios y su exteriorización, cuando sólo aporta el 3% del total recaudado.

Siguiendo esta línea, corresponde hacer foco en el Impuesto PAIS (Por una Argentina Inclusiva y Solidaria) que tiene 1% de recaudación. La pregunta en este caso sería, ¿se justifica?

Distribución de la carga tributaria y su impacto social

También se debe analizar cómo se distribuye la carga tributaria entre los sujetos de la sociedad. Y esto es posible conociendo la participación de los impuestos directos e indirectos. Directos son los que el sujeto que paga el impuesto se hace cargo e indirectos son los que transfiere al siguiente eslabón de la cadena, haciéndose cargo en último término el consumidor final. Pero independientemente de ello, los impuestos directos gravan rentas y patrimonios; y los consumos corresponden a los indirectos.

Lo usual es que los impuestos directos se materialicen a través de gravámenes que asumen quienes tienen mayor capacidad contributiva (individuos de mayores ingresos y patrimonios y empresas), mientras que los indirectos impactan más a personas con menos recursos, porque consumen la totalidad de sus ingresos en bienes de primera necesidad. Por eso, aplicarles un gravamen es quitarles bienes que efectivamente necesitan. En otras palabras, el gasto estatal se sustenta con impuestos que inciden más en las personas que más necesitan del Estado.

Entonces, ¿cómo revertimos la matriz de recaudación cuando ya nos encontramos en un nivel alto de tributación? Una respuesta posible sería aumentar la recaudación sin aumentar el costo tributario de los impuestos directos, y eso puede lograrse incrementando la masa sometida a gravamen. Ensayando posibles caminos surgen los siguientes: generando políticas de incentivos a la inversión de capitales (locales y extranjeros), creando políticas de exportación para aumentar el tamaño del mercado, disminuyendo los costos de producción para hacer más competitivos los precios de los productos en los mercados extranjeros y optimizando la matriz de gastos del Estado para reducir el impacto de los impuestos indirectos.

Hay que comprender que la presión tributaria alta incide económicamente en la rentabilidad de las empresas y en los precios de los productos. Es cierto que una mayor carga tributaria contribuye a que el Estado cuente con más recursos para financiar gastos y motorice la economía. Sin embargo, hay límites y uno de ellos es la presión tributaria regional, pues los impuestos aplicados en exceso desalientan la inversión en comparación a otros países.

En este contexto, el de una Argentina con gravámenes sin una participación significativa en la recaudación, que generan efectos adversos, donde se impone que paguen quien más necesitan del Estado, parecerían invitarnos a pensar (y actuar) en alternativas que alienten la inversión y ayuden a quienes tienen menos.

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