Si se trata de mirar la calidad de vida del trabajador argentino desde el prisma de las realizaciones concretas, el resultado arrojará que las frustraciones son varias y los cambios que esperan y demoran también. No es difícil adivinar la matriz de tamaña insatisfacción: en nuestro país la mitad del año se trabaja para el Estado.
Dicha revelación, como el peso de una condena, cae pesadamente sobre los asalariados que destinan aproximadamente el 60% de las horas laborales a pagar impuestos.
Durante el año 2020, entre 181 y 214 días fue el tiempo que un empleado en relación de dependencia necesitó trabajar para cumplir acabadamente con las obligaciones impositivas inherentes a los tres niveles de gobierno. Cumplido ese plazo, recién entonces comenzó a gozar de su salario.
Si bien el cobro de impuestos es imprescindible para garantizar la consecución de los objetivos del Estado (distribución del ingreso, asignación de bienes públicos, etc.), nadie ignora que la presión tributaria argentina sobre el sector formal de la economía es una de las más altas del mundo, debido a la cantidad de gravámenes que pagan tanto las personas como las empresas y organizaciones.
Frente a una evidencia de tal envergadura nuestra dirigencia no puede seguir caminando a la velocidad de la carreta, o escuchando compases envejecidos que responden a instrumentos definitivamente superados por la evolución de la mentalidad social.
Los que estén dispuestos a rescatar las raíces mejores de la vocación pública deben asumir el compromiso de efectivizar una reforma tributaria integral que pueda mejorar la competitividad y “destrabar” la perversidad del sistema actualmente vigente.
Cualquier reforma inevitablemente creará ganadores y perdedores y aunque el proceso rara vez carece de controversia, ciertos conflictos pueden mitigarse si la misma se centra en desarrollar marcos de políticas simples que sean viables para el gobierno, las personas y las empresas. Asimismo, debe ir acompañada de certeza y estabilidad, características indispensables para garantizar que estas últimas adquieran la confianza suficiente para comenzar, crecer e invertir.
En definitiva, se trata de crear un sistema tributario ágil y moderno que no acote el poder de compra de los salarios, ni potencie el pobrismo oculto bajo el rostro cruel de la informalidad.
El ingreso de nuestros trabajadores a mejores condiciones y aptitudes de vida no implica tomar atajos: es un camino que está repleto de dificultades. Se necesita más competencia, no más beneficencia. La gran tarea reposa en nuestras manos.
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