Finales que no fueron felices: no sabían que estaban embarazadas y fueron perseguidas por la justicia

El pasado 17 de agosto se publicó en Infobae una nota que hablaba de una mujer de San Francisco, Córdoba, que había tenido un parto luego de no saber que estaba embarazada. La historia y las fotos que acompañan la noticia muestran una pareja feliz tras haber recibido una hija que los tomó totalmente de sorpresa.

Esta historia no es excepcional. Existen otras similares, pero no todas terminan con un final así de feliz.

En Dicen que tuve un bebé (Siglo XXI, 2020), relatamos las historias de siete mujeres que atravesaron eventos obstétricos en sus casas. Algunas de ellas desconocían que estaban embarazadas. En estas historias, en contextos de precaridad económica o violencia, luego de esos partos extrahospitalarios -o abortos espontáneos-, los bebés nacieron sin vida. Por esos hechos, las mujeres fueron acusadas en la justicia.

En la nota sobre la mujer de San Francisco, la protagonista relata que, cuando le informaron en el sanatorio que se encontraba cursando un embarazo avanzado, ella “no caía” y que “pensaba cómo, si no tenía panza, ni síntomas, si siempre había estado bien”. Este relato, lejos de ser excepcional, se condice con la experiencia de muchas mujeres y personas gestantes que atraviesan embarazos sin saberlo.

Estos registros han sido estudiados por distintas disciplinas. La bibliografía especializada ha expresado que este tipo de casos pueden encontrarse vinculados, en algunas oportunidades, con cuadros de negación del embarazo, producto de múltiples situaciones de violencias basadas en motivos de género, lo cual no hace más que mostrar la confluencia de una serie de vulnerabilidades en estas mujeres. La reciente película argentina Crímenes de familia también retrata -de forma ficcional- una historia similar.

A diferencia de la que se cuenta en la nota de Infobae, a las siete mujeres cuyas historias registramos para la investigación publicada en Dicen que tuve un bebé nadie les creyó. Ni el personal médico que las atendió, ni sus familias, ni la justicia. Una de las mujeres cuya historia se relata en el libro fue condenada a la pena de prisión perpetua y sigue hoy en prisión: ¿cuántas más como ella habrá?

Los casos de estas mujeres tienen rasgos comunes: carencia absoluta de educación sexual, falta de controles médicos, largas jornadas de trabajo precario, situaciones de violencia por motivos de género. Todas fueron atendidas en establecimientos públicos de salud. De hecho, algunos de ellos motivaron las denuncias por las cuales fueron perseguidas criminalmente. En algunos casos, además, se agrega que los embarazos fueron producto de violaciones.

Las siete mujeres del libro no son las únicas. A partir de la investigación que realizamos con el CELS, el CUSAM y la CNDA a fin del 2020, sabemos que existen por lo menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, es decir, más de 1500 mujeres criminalizadas por estos hechos. Los delitos por los cuales son imputadas y privadas de la libertad son variados: abandono de persona seguido de muerte, homicidio agravado o aborto, entre otros.

En algunas ocasiones, las figuras legales imputadas son tan creativas que no responden a ninguno de los delitos tipificados por el Código Penal. Un ejemplo es el registrado por Infobae, cuando periodistas entrevistaron a Patricia, una mujer que se encontraba presa en la Unidad Penitenciaria N° 47 de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Patricia había sido condenada por homicidio agravado a pesar de haber vivido un aborto espontáneo. La historia de Patricia es aún más aberrante dado que, meses después de aquella entrevista, falleció en prisión.

Entonces, nos preguntamos: si le creemos a la mujer de San Francisco que no estaba embarazada, ¿por qué no creerle a estas mujeres? ¿Qué las diferencia? ¿Cuáles son las presunciones desde donde se parte cuando una mujer cuenta su historia?

Para responder estas preguntas podemos pensar en diferentes palabras clave: estereotipos de género, discriminación y roles que colocan a las mujeres como personas que deben -contra cualquier adversidad- garantizar la reproducción y la continuidad de la vida en gestación. Sobre las raíces que enmarcan y explican estas dinámicas podemos identificar un afán de persecución del Estado que transforma eventos obstétricos en investigaciones penales.

En estos casos, el derecho, la política y la moral se ven integrados. Los elementos de esta trinidad se reflejan en los casos que relatamos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Un ejemplo claro de estas narrativas se puede ver en las diferentes medidas de prueba que se ordenan que, lejos de buscar corroborar las versiones que dieron las mujeres, se dictan por los fines exactamente opuestos: la presunción es de culpabilidad.

Nos encontramos también con diferentes exámenes periciales en los que el personal profesional, lejos de dar su mirada cernida a los puntos de pericia ordenados, agregan su opinión personal. Por ejemplo, en uno de los casos donde la mujer denunció haber sido víctima de violencia sexual, encontramos a peritos profesionales diciendo “en mi opinión no fue violada”. En el mismo sentido, la palabra de profesionales de la salud juega un papel central cuando, al recibir a una persona por una hemorragia vaginal o un evento obstétrico extrahospitalario, deciden denunciarla ante la justicia, en violación al secreto médico profesional.

Muchos de estos debates y puntos de reflexión fueron abordados a la hora de discutir la sanción de la ley n° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que entró en vigencia en enero de este año. A lo largo del debate parlamentario existió un amplio consenso en que las mujeres y personas gestantes no debían ir a prisión por este tipo de hechos. Sin embargo, lejos estamos de que esos estándares se cumplan en nuestro país, incluso después de la sanción de la ley.

En particular, a partir de un relevamiento realizado sobre medios de comunicación a nivel nacional, hemos registrado nuevos casos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos en lo que va del 2021. En Misiones, Santiago del Estero y Buenos Aires se registraron hechos similares a los descritos con mujeres que desconocían que estaban embarazadas y que, al concurrir al centro de salud, lo que encontraron no fue asistencia médica sino una denuncia en su contra. Estos datos no hacen más que confirmarnos que la vigencia de la ley de IVE lejos está de resolver por sí sola los problemas de la criminalización de mujeres por eventos obstétricos.

Estas historias que a veces se traducen en heroísmo o en historias de amor, otras veces se traducen en vidas en la cárcel. Por eso es importante creer. Por eso es importante escuchar. Por eso es importante educar.

* Abogadas, docentes universitarias (UBA/UTDT/UdeSA) e investigadoras (UBA/Universidad de Georgetown). Autoras del libro “Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa” (Siglo XXI, 2020).

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