El desafío de repensar los planes sociales y el trabajo

Nuestro país atraviesa una crisis económica y social profundizada por la pandemia y por la errática gestión del Gobierno Nacional. Los indicadores son preocupantes: 10,2% de la población desocupada, 42 % bajo la línea de pobreza y un 10,5% en situación de indigencia.

Este escenario, acompañado por el desmejoramiento paulatino de las políticas sociales universales como la educación, la creación de programas desarticulados para siempre atender emergencias, el crecimiento de las trabas burocráticas, el aumento de los intermediarios y el sostenimiento de los manejos clientelares, provocan una ausencia del Estado en aquellos sectores que más necesitan de su presencia.

Ante esta realidad, los planes sociales se han convertido en la principal política del Gobierno y de los movimientos sociales, lo que ha provocado una constante disputa entre estos dos actores por el manejo de los recursos públicos. Estas diferencias, que se manifestaron con la salida de Daniel Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social, hacen que se pierda el objetivo real del Estado, que es encontrar y brindar soluciones para que millones de personas salgan de la pobreza y del desempleo.

Actualmente, el principal programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social, Potenciar Trabajo, cuenta con un presupuesto de $144.610.300.000 y 780.045 titulares inscriptos a nivel nacional, de los cuales el 54% se encuentra en la Provincia de Buenos Aires.

La Secretaría encargada de ejecutar estos recursos, que representan el 41% del presupuesto del Ministerio, es la de Economía Social, encabezada por Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y conformada por dirigentes de los movimientos que también integran la UTEP, como Barrios de Pie y La Dignidad. Estos funcionarios posiblemente sean a su vez los mismos dirigentes de las cooperativas de trabajo, a las cuales las personas deben deben estar inscriptas para poder acceder al derecho de ser beneficiarias del programa.

De lo dicho anteriormente se puede observar, por un lado, que la implementación de programas sociales, de forma aislada al resto de las políticas públicas, no soluciona los problemas de desocupación ni genera salidas productivas per se. Por otro lado, los principales encargados de llevar adelante estos programas conjuntamente con el Gobierno resultan ser los propios movimientos sociales, que se encuentran incorporados en las distintas áreas del Estado. Nos encontramos con una doble falencia, no proponer salidas al desempleo y la informalidad laboral y tercerizar la política de asistencia.

El debate entonces no es “planes sí o planes no”, u “organizaciones sociales sí u organizaciones sociales no”. El debate debe centrarse en el para qué y cómo se llevan adelante estas políticas. Los planes sociales por sí mismos no resuelven los problemas de fondo que enfrentamos como país, ni son los responsables de ellos. Deben ser entendidos como un instrumento más dentro del diseño de la política pública como lo puede ser la salud, la educación, la vivienda o la seguridad social. Insistir en estos como escindidos del resto de las políticas de Estado y como un fin en sí mismo, no hace más que perpetuar a millones de personas a vivir en una situación de pobreza, generar dependencia del Estado o de sus intermediarios y sumar a la acumulación de poder de algunos sectores partidarios y/o sociales.

Si realmente queremos prosperidad, trabajo y justicia social, debemos discutir profundamente los planes sociales, en el marco de una política de empleo y desarrollo productivo que se piensen e implementen en conjunto. Esto permitirá generar puentes que ayuden a la transición de la informalidad hacia el trabajo formal, potenciar diferentes formas asociativas y los nuevos tipos de empleo. De lo contrario, se convierte en permanente algo que debería ser provisorio y de lo que no se puede salir.

La propia experiencia de la cooperativa “La Juanita”, fundada tras la crisis del 2001 en el corazón de La Matanza por un grupo de trabajadores desocupados que decidieron rechazar los planes y construir sus propios emprendimientos productivos y educativos, nos demuestra que es posible cambiar la realidad y definir una lógica diferente que permita construir, y luego consolidar, un camino desde la dignidad para la inclusión laboral de muchos ciudadanos que se encuentran por fuera del sistema formal.

La construcción de un país con igualdad y libertad implica pensar las políticas públicas de manera transversal, articulada, flexible y que tengan como objetivo la autonomía y la prosperidad de los ciudadanos. El desafío es colectivo, de una enorme humanidad y es imprescindible.

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