Las deficiencias del marco legal de Salud Mental de la Argentina

Nuestro marco normativo actual deja desguarnecidas a las personas con patologías psiquiátricas y a sus familiares y amigos. Estoy convencida que perdí a mi hermano por consecuencia de la ley de Salud Mental vigente y no quiero que otros se sientan desprotegidos como nos sentimos en nuestra familia.

La ley actual (Nº 26.657, del año 2010) tiene una gran carga ideológica y confunde derechos humanos con derechos apropiados. Además, y lo que es más grave, no cuida al paciente. En suma, no brinda soluciones a una problemática difícil para toda la sociedad y resulta gravemente dañosa y perjudicial. Al mismo tiempo, las complicadas circunstancias que padecen quienes deben ser contenidos y cuidados por parte del Estado son ignoradas.

Veamos sus absurdas disposiciones para comprender el mal que hizo esta ley y que ahora sale a la luz por casos conmocionantes como fue el de Chano Charpentier. En primer lugar se obliga a internar al paciente en sanatorios comunes. Es decir, no especializados en tratar estas patologías. Primer error.

Segundo, se facilita la externación voluntaria. Estamos hablando de una persona que muchas veces no tiene el criterio ni la voluntad suficiente para definir tal cosa. Hay una situación de descontrol que requiere ayuda apropiada, ese es el derecho fundamental. ¿Se comprende la ridiculez?

Tercero, se prohíben, prácticamente, las internaciones involuntarias con lo cual si el paciente que no está en su juicio no desea internarse los agentes del Estado se paralizan. Como consecuencia se producen infinidad de situaciones inmanejables para el paciente como para todo su entorno.

Cuarto, se prevé actuar sólo cuando exista un “riesgo actual o inminente”. Cuando ese riesgo existe ya es tarde según la redacción de esta ley y pone en riesgo la vida misma del paciente. Se desconoce que, ante una grave enfermedad mental o de adicción a las drogas, siempre existe un serio riesgo para ellos y quienes los rodean.

Desde la perspectiva del Derecho, siempre se legisló en defensa y protección del incapaz con expresa prioridad de la seguridad de quienes pudieran resultar un peligro para sí mismos y/ o terceros por circunstancias particulares.

Los pacientes gozan de los mismos derechos que cualquier otro ser humano, pero dadas esas circunstancias hay que establecer la mejor modalidad de su atención. La cuestión prioritaria es si puede el legislador desconocedor de las contingencias, determinar menores limitaciones de disposición autónoma en beneficio propio del enfermo. Las diversas modalidades de atención de estas enfermedades no pueden generalizarse ni confundirse con situaciones de normalidad. Cuando un profesional de la salud mental dispone una internación, no está encerrando al enfermo contra su voluntad, en realidad lo está ayudando y protegiendo, porque justamente carece de sano juicio y voluntad para hacerlo él mismo.

La pandemia Covid-19 está dejando graves consecuencias en las psiquis de las personas. Se está dando un mayor consumo de alcohol y de drogas, fenómenos agravado por la evidente inacción del Gobierno del Frente de Todos frente al narcotráfico.

Esta Ley rige hace 11 años y aún no se encuentra previsto el presupuesto que se obligaba a destinar en este sentido, ni creado la requerida e indispensable infraestructura para el cuidado de la salud mental. Debemos derogarla para brindar verdadera asistencia y contención sin prejuicios, ni dogmatismos alejados de la Ciencia.

Voy a trabajar para derogar la Ley de Salud Mental actual y avanzar en una nueva redacción que tenga el efecto esperado de la sociedad sin fanatismos ideológicos y con fundamentos científicos apropiados.

Defenderé el verdadero derecho humano de protección, cuidado y atención de quienes padecen este flagelo con la mirada comprensiva de toda la dinámica personal, familiar y social que se pone en juego. Con fuertes conceptos de prevención y el indicado sustento médico, estaré elaborando un Proyecto de Ley que, finalmente, contemple los derechos y necesidades de los enfermos y los de su entorno familiar. La prioridad es la vida y hay que protegerla sin eufemismos ni declaraciones estériles.

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