La dirección asumida por el Poder Ejecutivo Nacional en materia de política internacional se autodefine supuestamente a partir de la “neutralidad” y de la doctrina de “la libre autodeterminación de los pueblos”. Pero a poco de andar observamos que dicha definición se ajusta según el sesgo ideológico del país en cuestión, y a modo de ejemplo no escuchamos a nuestro gobierno conservar esos lineamientos y principios cuando el país es Brasil, Colombia y Chile o si los acontecimientos suceden en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
Esa “doble vara” -que se extiende permanentemente a otros campos de acción del actual gobierno- queda brutalmente expuesta ante los últimos eventos sucedidos en Cuba, en donde nuestro Presidente expresó desconocer la situación en la isla, pero llamó a terminar con los bloqueos. “Los pueblos deben resolver la manera en la cuál quieren vivir, si tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada más inhumano en una pandemia que un bloqueo”, dijo.
Estas declaraciones hablan de una subestimación considerable de la sociedad, simple cinismo o de una ignorancia notable respecto a las posibilidades de acceso a la información por parte de la gente. En la era de internet, de las redes sociales y del conocimiento, esa afirmación resulta casi risueña por cuanto la llamada revolución digital y consecuente la revolución del conocimiento, han abierto el acceso ilimitado de todas las personas a la información y el saber.
Así, la Carta de los Derechos Civiles para una Sociedad del Conocimiento, establece como uno de los desafíos para esta revolución la de “asegurar la disponibilidad de conocimiento y un acceso libre a los recursos de información (puesto que) el conocimiento y la información son los medios primarios para proveer a la ciudadanía de una base para la acción”, en tal sentido, esto hace posible una mayor participación democrática en los asuntos públicos, estimulando la creatividad y la innovación.
Resulta llamativo que las altas autoridades de la nación no tengan información sobre lo que sucede en estos países, pero más allá de lo anecdótico, es grave que la Argentina, un país que se caracterizó por la defensa irrestricta de los derechos humanos y que se jacta de tenerlos como política de Estado, con su silencio y su desconocimiento avalan la grave violación de los derechos de otros pueblos.
Discutir la doctrina Drago o Calvo en el siglo XXI no tiene razón alguna cuando lo que discutimos es una grave violación de los derechos humanos, no pueden invocarse ambas doctrinas para guardar silencio sobre la situación que viven pueblos hermanos en América Latina. Cuando hablamos de los derechos humanos hablamos de la libertad. Libertad a una vida digna; libertad para circular y reclamar, libertad para poder desarrollarse y progresar; libertad para educarse y tener acceso al conocimiento; libertad de poder elegir; libertad de expresión y principalmente al respeto a la dignidad de la persona humana.
Aunque suene tonto o redundante, no podemos escondernos en el desconocimiento en la era del conocimiento, porque el silencio sobre la violación de los derechos humanos aturde, y la “no injerencia” o la “autodeterminación” no pueden transformar a todo el pueblo argentino en cómplice de la violencia institucional de las dictaduras que acosan nuestra América Latina.
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