Combustibles fósiles: un antes y un después

Una corte del distrito de La Haya dictaminó que la Royal Dutch Shell debe reducir sus emisiones de carbono en un 45% antes del 2030 . Es la primera vez que un gigante energético privado es obligado a responsabilizarse por sus emisiones a largo plazo

EFE/Carlos Ramírez
EFE/Carlos Ramírez

El 26 de mayo una corte del distrito de La Haya dictaminó que la Royal Dutch Shell debe reducir sus emisiones de carbono en un 45% antes del 2030, en relación con lo contaminado en 2019. Como la Shell es una compañía holandesa y los Países Bajos parte (ratificada) del Acuerdo de París, se comprende que el fallo tiene jurisdicción internacional, fijando un precedente que no ha pasado desapercibido. En efecto, si bien Shell puede apelar la decisión, es la primera vez que un gigante energético privado -dicho sea de paso- es obligado a responsabilizarse por sus emisiones a largo plazo.

Shell deberá incluso hacerse cargo de las emisiones producidas por sus proveedores, de modo que tendrá que responder por la huella ambiental generada por toda su cadena de suministros. Para los grupos ambientalistas, se trata de una victoria sin parangón en la lucha contra el cambio climático, una que invariablemente impactará sobre el comportamiento de las empresas en la industria de los hidrocarburos. Incluso si Shell logra apelar exitosamente su sentencia, al final de cuentas las circunstancias están marcadamente en su contra.

A nivel estatal, el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París proyecta una impuesta preferencia por la verderización de la economía, a punto tal, por ejemplo, que la industria automovilística siente apremio para adaptarse. En los países desarrollados, a partir de la próxima década, será más difícil conseguir automóviles nuevos impulsados por combustibles fósiles. Al caso, Francia está discutiendo una ley climática que propone, entre otras cosas, limitar la circulación de vehículos contaminantes, buscando prohibirlos completamente para 2040. Y vale aclarar que, así y todo, para los activistas ambientalistas la iniciativa es poco ambiciosa.

La tendencia hacia mayor presión regulatoria ambiental viene acompañada por gran parte de la opinión pública, especialmente por aquellas generaciones jóvenes, más concientizadas sobre el calentamiento global. En términos empresariales, esto se traduce en riesgo reputacional, sobre todo en vista de las simpatías que despiertan las causas verdes. Puesto de otro modo, en la era de Greta Thunberg la contaminación se ha vuelto un negocio políticamente incorrecto. Tan solo dos días después del fallo neerlandés, Total, la gigante francesa, cambió su nombre por TotalEnergies, señalando -por si acaso- que busca apostar por fuentes renovables.

En este contexto, cabe esperar que los desafíos que pesan sobre el sector gasífero y petrolero se trasladen a otras industrias que dependen directa o indirectamente de él. No habrá alternativa salvo hacerse verde. Entre otros, además de la industria automotriz, la coacción regulatoria y las vulnerabilidades reputacionales se harán visibles sobre el sector minero, naviero, aerocomercial, y tarde o temprano sobre las criptomonedas. Sin ir más lejos, el bitcoin ya consume más electricidad que Argentina, Holanda, Finlandia o Filipinas.

Por todo ello, en retrospectiva, el fallo del 26 de mayo quizás se convierta en un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Todo dependerá del grado de arraigo o institucionalización jurídica que tenga la decisión de la corte neerlandesa, y qué tanta influencia demuestre a nivel internacional.

Sin embargo, las reglas de juego podrían aplicar de forma inequitativa según el origen geográfico del actor contaminante. En términos realistas, cabe esperar que la verderización jurídica se enfoque desmedidamente en empresas occidentales, dando lugar a escenarios de competencia desleal que beneficien a firmas de países como Rusia y China. Más allá de las pautas idílicas del derecho internacional y aunque el Acuerdo de París se perfila como vinculante, su ejecución depende enteramente de la prerrogativa jurídica de cada una de las partes firmantes.

En este sentido, la decisión contra Shell seguramente responde a las circunstancias propias del sistema legal holandés, inserto en una sociedad democrática y liberal, con instituciones independientes, y cierta predisposición hacia los instrumentos jurídicos supranacionales que emanan de la Unión Europea. Muy distinto será el caso de los países con sociedades civiles cerradas; donde antes que combatir el cambio climático, las cortes se dedican a enjuiciar el disenso y a castigar a los opositores políticos. Rosneft, por así decirlo, no estará bajo el mismo escrutinio público y legal que Shell u otras empresas con casa matriz en Occidente.

América Latina podría estar en un punto intermedio. Si bien el activismo social por el cuidado del medioambiente es perceptiblemente menor que en Europa, tarde o temprano la presión internacional a estos efectos se hará valer con más fuerza. Esto ya ocurre en relación con el Amazonas. Por explotarlo económicamente, Brasil acapara las quejas de las naciones desarrolladas, que temen las consecuencias acarreadas con la deforestación del “pulmón del mundo”. Estos desarrollos no deberían pasar desapercibidos en la región, donde países como Argentina, México y Ecuador depositan muchas expectativas de crecimiento en la explotación de yacimientos petrolíferos.

A largo plazo, la utilidad de tales emprendimientos podría quedar disminuida por las preferencias energéticas y las trabas jurídicas del mundo desarrollado. Con todo, es todavía cierto que en las próximas décadas habrá mucha demanda por gas y petróleo, particularmente para el consumo de las naciones en vías de desarrollo.

China es otro interrogante. Es incierto hasta qué punto Xi Jinping está dispuesto a poner coto a los hidrocarburos que apalancan el crecimiento chino. No en vano, los chinos tienen una importante huella hidrocarburífera en África y América Latina, cuyas reservas de petróleo son un componente clave en los cálculos geopolíticos de Beijing.

No obstante, a falta de una deceleración del cambio climático, la creciente verderización económica es cuestión de tiempo, pero también de egoísmo estratégico. Aquellos países que tomen la delantera en la generación de energías renovables y en el desarrollo de tecnologías ecofriendly de todo tipo estarán mejor preparados para competir en los mercados, ganar influencia, y por supuesto prestigio.

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