Los alquimistas de la felicidad

Hace muy poco tiempo la Comisión de Economía del Congreso Nacional habilitó un taller denominado “todo precio es político” y más recientemente, al aprobarse en Diputados una ley que indica al Poder Ejecutivo subsidiar parcialmente la tarifa del gas en el sur del país, un diputado nacional de la provincia de Mendoza dio un discurso en el recinto, en “la arena política”, en el mismo sentido, dando a entender que ello era un “feliz logro más de la política”, incluso revoleando una frazada, ante una generalizada algarabía de muchos legisladores.

Existen muchas razones para suponer que no habría sido suficientemente estimada la cuantía del subsidio otorgado, como tampoco su fuente y los instrumentos de su financiamiento público.

Al margen de la adicional distorsión de los precios y de los consumos que ello provocará a la ya generalizada distorsión existente, utilizar el capital natural no renovable (el gas y el petróleo lo son) nunca resulta gratuito, porque hubo que realizar inversiones iniciales previas muy importantes, solo amortizables en el largo plazo, y afrontar además a los gastos corrientes.

Estos recursos naturales se agotan si se gestionan utilizándolos sin sustituirlos. Pero justamente en este caso sería posible su sustitución por otras formas de capital natural generador de energías, tales como las fuentes renovables provenientes del viento, factibles justamente en el sur de nuestro país.

Desarrollo sostenible

Simultáneamente a ello, la misma clase política a su vez no deja de incorporar muy frecuentemente en sus discursos el término “desarrollo sostenible”. Este concepto indica que debemos dejar a las siguientes generaciones, como un continuo legado, un stock cuando menos no inferior, del conocimiento y de la tecnología, del capital físico y de las infraestructuras y también de los activos naturales ambientales. En este caso, del gas (y del petróleo), un sector productivo en el que la posibilidad de la sustitución está presente y en el cual se podría seguir la regla conocida, por el apellido de su autor, como “de Hartwick”.

Esta regla indica que, para mantener el stock de capital total, hay que invertir la renta obtenida de un recurso natural no renovable, como lo son el gas y el petróleo, en un capital reproducible, tales como las energías renovables, que además resultan menos contaminantes al medio ambiente.

Incluso, hay que considerar el crecimiento poblacional pues la que hay que mantener al menos constante, si realmente se pretende un desarrollo sostenible, es la riqueza total por habitante, para lo cual se precisa, a su vez, del continuo conocimiento y del progreso tecnológico.

Una conclusión generalmente aceptada en la teoría del valor económico es que si una sociedad logra una calidad mínima de capacidad institucional pública que permita que los derechos de propiedad queden bien definidos, y dispone de la fuerza pública de la ley para hacerlos respetar, como así también resulte capaz de generar mercados competitivos, regulando o des-regulando, con rigor y capacidad técnica, donde sea necesario, los precios siguen aún siendo los instrumentos que dan la información y los incentivos necesarios y suficientes para que utilicemos los recursos, muy especialmente los naturales no renovables, del modo más conveniente y equitativo para todos.

Quizás la clase política de nuestro país debería dejar de pretender ser unos “alquimistas de la felicidad” y dirigir sus mayores y mejores esfuerzos a constituirse con la calidad institucional pública mínima necesaria para realmente encauzar a nuestro país por, al menos, el comienzo de un sendero de desarrollo sostenible.

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