¿Justifica el COVID-19 la postergación de las elecciones?

En lugar de preocuparse por garantizar que los comicios se desarrollen en condiciones adecuadas, la dirigencia política discute cómo acomodar las fechas en función de sus especulaciones políticas

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La estabilidad de las reglas electorales hace a la seguridad jurídica en un país, es fundamento del Estado de Derecho y garantiza la equidad del proceso electoral. Por ese motivo, se sostiene que las reglas electorales no deberían modificarse en años electorales. ¿Justifica el COVID-19 el cambio de las reglas y con qué objetivo?

Nuestra Constitución de 1994 estableció algunos principios que tratan de resguardar la estabilidad del sistema electoral y evitar la manipulación de la ley electoral por una mayoría circunstancial o a sola voluntad del Ejecutivo. Así el artículo 99, inc. 3º establece que el Presidente no puede dictar DNU en materia electoral y de partidos políticos. Si no fuera por este artículo, el Gobierno ya habría avanzado para cambiar la fecha de las elecciones para llegar en mejor posición.

La segunda norma protectora tuvo una historia interesante. Es el actual segundo párrafo del artículo 77 que establece que “los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros las Cámaras”. Tal es la importancia de este artículo para recortar el poder político que llamativamente se les “perdió” a los convencionales constituyentes y aunque había sido aprobado por la Convención no fue incorporado en el texto de la Constitución. El “artículo perdido” fue reincorporado a la Constitución por la Ley 24.430 en diciembre de 1994. Sin ese artículo, me temo que el oficialismo ya hubiera modificado el régimen electoral. Aquí radica el poder de la oposición en este momento.

La mayoría de las elecciones que debían hacerse en tiempos del Covid-19 en el mundo han tenido lugar, con diversos sistemas electorales, lo que se ha hecho es preparar medidas de seguridad para el personal interviniente y para los ciudadanos. ¿Se está haciendo eso en Argentina?

En lugar de preocuparse por garantizar las elecciones en condiciones adecuadas, la dirigencia política discute cómo acomodar las fechas del proceso en función de sus especulaciones políticas. Pierden una vez más la ocasión y tuvieron todo un año para prepararse. Podrían haber regulado el voto por correo; podrían haber establecido la boleta única de papel. No lo hicieron. También desperdiciaron la ocasión durante el gobierno de Juntos por el Cambio cuando se encapricharon con el voto electrónico.

Cambiar la fecha de la elección ahora sin ningún dato serio sobre la evolución de la situación sanitaria generaría un precedente lamentable. Llegado septiembre -fecha propuesta ahora para las PASO- podríamos estar igual que ahora. Si el Gobierno cree que en agosto estaremos aún tan mal que no podremos ir a votar, ¿cómo puede asegurar que en septiembre estaríamos mejor? Si ahora postergan la elección -sin ningún dato confiable- para septiembre, ¿qué impediría que la fecha se vuelva a cambiar?

Por este camino podríamos llegar al desastrosa solución de sumar las PASO con la elección general y transformar el sistema en la nefasta Ley de Lemas, como ya propuso Massa. Y qué nos garantiza, si empezamos a manipular el sistema, que al Gobierno no se le ocurra luego decirnos que van a posponer las elecciones generales.

Como nadie sabe qué pasará en agosto o en septiembre, algunos barajan una alternativa todavía más grave, modificar ahora la ley ahora posponiendo las fechas y delegar en el Ejecutivo la facultad de volver a cambiar la fecha, para no necesitar una nueva ley. Esto rozaría lo inconstitucional.

La oposición ha dicho en su comunicado que aceptarían el corrimiento de las fechas (PASO a septiembre y generales a noviembre) a cambio de la boleta única del papel. El oficialismo contestó que no porque “no hay tiempo”.

La verdadera razón es que la boleta única de papel evita el robo de boletas y termina con el negocio de la impresión de boletas, además de impedir o dificultar el efecto arrastre. Por otro lado -pero eso no parece interesarle a nuestros dirigentes- facilita y agiliza la emisión del voto y el escrutinio, disminuye el espacio requerido para las mesas de votación, evita la manipulación de cientos de boletas y las demoras por falta de boletas, todos aspectos muy importantes frente a la pandemia.

Lo único que justificaría modificar las reglas electorales por la emergencia, sería la mejora del sistema adoptando la boleta única de papel que ya usan Córdoba, Santa Fe, los argentinos en el exterior y los presos.

Cambiar sólo las fechas es generar un pésimo precedente. La oposición tiene la llave de la decisión, gracias al “artículo perdido”.

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