Un Gobierno que restringe derechos

La Argentina, una vez más, pareciera ser el reino del revés. Un lugar en donde lejos de encontrar un proceso de evolución con relación a los derechos de los argentinos, nos seguimos encontrando con decisiones que parecieran atentar directamente contra la maduración de nuestra sociedad y la ampliación de derechos.

Hoy la cuestión versa respecto de la resolución del Poder Ejecutivo de derogar el Decreto 45/2019, mediante el que, en la presidencia de Mauricio Macri, se reglamentó la votación de argentinos residentes en el exterior por correo postal, con el único y claro objetivo de crear más derechos y mejores formas de participación. Así es como el Decreto 189/2021 procedió con dicha derogación bajo el fundamento que “…el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinó en forma unilateral y por vía reglamentaria… sin la debida intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación.”.

Es así como el kirchnerismo logra, finalmente, lo que ya había intentado en 2019, con resultado negativo. En aquella oportunidad procuró obtener la inconstitucionalidad del instrumento, el cual fue convalidado por la Cámara Nacional Electoral, la cual sostuvo: “No se observa que el sistema de voto por correo postal, que establece el decreto cuestionado y que se presenta como una modalidad extendida en el mundo, constituya un exceso que pueda reputarse inconstitucional”.

La medida adoptada por la Cámara fue recurrida, en queja, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual aún no se ha expedido. Así nos encontramos hoy en una situación en la que lejos de permitir que la Justicia falle al respecto de la cuestión, en los plazos y formas estipulados por nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno busca mediante atajos saltear los procedimientos establecidos para obtener, por la vía que sea, lo que consideran de su conveniencia. Situaciones que, lamentablemente, los argentinos ya estamos acostumbrados a que nos sucedan recurrentemente.

Vale aclarar que esta modalidad de votación no fue un invención de la gestión anterior, ni la institución de un procedimiento que no estuviera creado y probado en otras partes del mundo, sino que por el contrario las legislaciones avanzadas contemplan hace años este instituto en favor de sus nacionales, siempre con el objetivo de alentar su participación.

En las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos, más de 65 millones de personas optaron por esta modalidad para ejercer su derecho al sufragio. Y en América Latina, El Salvador, Panamá y México adoptaron esta modalidad de voto a distancia, siendo este último, en 2006, el primero en introducir el voto por correo postal para la emisión del sufragio en el extranjero.

A las claras se evidencia la real intención que versa respecto del tema. Lejos de fundarse en cuestión de “debido proceso” legislativo, denota los fines electorales que rondan la cuestión. El único efecto de esta decisión es la limitación de la participación democrática de nuestros connacionales residentes en el exterior, pasando por alto lo consagrado por el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, el cual “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia”.

Esta no es más que una nueva muestra de las verdaderas intenciones de la coalición de Gobierno, la cual parece decidida a avanzar no sólo sobre las instituciones que considera no son de su conveniencia, sino también sobre aquellos derechos que observa como “poco favorables” a sus objetivos. En materia electoral, no está de más recordar que fue este mismo gobierno el cual en Octubre de 2020, cursando el séptimo mes de cuarentena en nuestro territorio, con las libertades de transito, circulación y trabajo restringidas, entre otras tantas, habilitó a 142.568 bolivianos (2,2% del patrón electoral) a participar en las elecciones de dicho país.

Ahora bien, siendo que aún nos encontramos inmersos en los avatares de la pandemia y atento a que este año todos los argentinos deberemos acercarnos a las urnas de votación, en oportunidad a las elecciones legislativas que ocurrirán en agosto y octubre, ¿no era este un buen momento para que ampliemos los derechos en materia de sufragios, en lugar de restringirlos? ¿Acaso este instrumento derogado no hubiera sido de inmensa utilidad para nuestros compatriotas? ¿No podría haber sido inclusive un mecanismo a adoptar a modo excepcional, para los habilitados al sufragio en el territorio de nuestro país? Son preguntas que la ciudadanía puede responder, sin dejar fuera de consideración que la fuerza política que decidió, unilateralmente, eliminar esta herramienta es la misma que se opone a la instrumentación del voto electrónico.

Estamos en un momento clave de nuestra historia, en el que nos intima la imperiosa necesidad de decidir qué país queremos. Anhelamos ser una Nación que busca la evolución de su sociedad, en todos los sentidos, dotando a los argentinos de más y mejores derechos en miras de un crecimiento sostenido o pretendemos volver a la senda del oscurantismo político y los manejos a conveniencia de las autoridades de turno que, lejos de velar por las necesidades e intereses de la ciudadanía, cada vez resultan mas evidentes en sus objetivos.

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