Creado como un instrumento para buscar una salida institucional a la larga crisis venezolana, el Grupo de Lima está integrado por los gobiernos democráticos de la región, guiados por los propósitos de recuperar la legalidad y la vigencia de los Derechos Humanos en la castigada hermana república de Venezuela.
Su abandono no puede sino leerse como un aval a la dictadura que desde hace larguísimos años viene sometiendo al pueblo venezolano, aquel que durante los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente le ha dado refugio a muchísimos argentinos que huyeron de las garras de la dictadura.
Justamente la medida es adoptada por la diplomacia argentina en la fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del más nefasto golpe de Estado que sufriera nuestro país. Resulta inaceptable ver cómo el gobierno nacional aplica una vez más el doble estándar en materia de Derechos Humanos. La diplomacia oficial parece olvidar, por caso, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, un organismo a cargo de la ex presidente chilena Michelle Bachelet que denuncia la existencia de aberrantes crímenes como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones por razones políticas.
La decisión implica, además, un grave error desde el punto de vista de la política exterior dado que genera actual y potencialmente al menos tres graves daños para la reputación del país.
En primer término porque confirma una vez más la tan repetida tradición de reiterar rupturas y romper continuidades en el comportamiento internacional del país, con los costos que ello supone en materia de credibilidad.
En segundo lugar, despierta un innecesario malestar en la relación con el gobierno norteamericano toda vez que en relación con el cuestionamiento a la dictadura venezolana existe una continuidad en la transición entre la Administración Biden y sus antecesores.
Y en tercer lugar porque demuestra un nuevo episodio revelador de la incapacidad de coordinación con los vecinos y socios de la región.
La decisión de abandonar el Grupo de Lima y su silencio frente a las violaciones a los Derechos Humanos en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba coloca al gobierno argentino del lado de las dictaduras de las Américas y nos aparta de la senda de la democracia y la libertad.
Juan Carlos Romero es Senador de la Nación y ex Gobernador de la Provincia de Salta.
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