Justicia 2021: presencialidad con vacunación, o seguimos como en 2020

Todos los agentes judiciales deben ser incluidos en el Plan Estratégico de Vacunación para poder retomar el normal funcionamiento de los tribunales

Palacio de Tribunales
Palacio de Tribunales

El próximo lunes 1 de febrero, finalizada la Feria, tendrían que recomenzar con plenitud las actividades en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales. Para que ello sea posible con la presencialidad que requiere la actividad Judicial sería imprescindible una vacunación masiva a todos los agentes.

Si analizamos lo que ocurrió en 2020 vemos que la Justicia tuvo que enfrentar la pandemia del Covid-19, con una precariedad absoluta en materia de seguridad y salubridad -con la Emergencia Judicial declarada por el Consejo de la Magistratura-, lo que claramente hacía imposible un funcionamiento que se acercara a lo normal. En esas precarias condiciones estructurales, la Justicia dio todas las respuestas posibles, más por la voluntad de sus agentes que por las condiciones objetivas que se enfrentaban.

Pasamos a lo largo del año de un primer período de feria sanitaria extraordinaria a una paulatina incorporación de funciones que podían llevarse adelante en ese cuadro dramático y precario que nos rodeaba. Para ello, debemos valorar el esfuerzo hecho por magistrados, fiscales, defensores y agentes judiciales que pusieron todo de sí para que funcionara de la mejor forma posible.

Con protocolos estrictos redactados por la Corte Suprema -aunque sin mecanismos de contralor eficiente para su cumplimiento- empezamos a atravesar el año. Con una mínima actividad presencial y limitaciones lógicas a la circulación en los edificios, el trabajo remoto ocupó un lugar principal. Así, resoluciones de la Corte habilitando las presentaciones digitales activaron hasta el colapso el vetusto sistema de gestión informática, el Lex 100.

Más allá de que el Alto Tribunal (Ac 14/2020) estableció el derecho a la desconexión y el límite horario para los trabajadores, en la mayoría de los casos por la presión de jueces o funcionarios o por exceso de voluntarismo de los agentes que trabajaban remotamente, las jornadas se extendieron por más de 14 horas diarias. Debemos tener en cuenta que cada agente tuvo que usar su computadora, notebook y/o teléfono celular particular, sin que las autoridades se hagan cargo, siquiera, de los costos de reparación -los pesados archivos del sistema informático judicial saturaron los elementos de trabajo de los agentes y generaron costosos gastos de reparación.

Los judiciales tuvieron que asumir los gastos de conectividad y de uso del teléfono sin ninguna compensación. Si a eso le sumamos que sus tareas las tuvieron que hacer invadiendo el ámbito de su propia familia, sin lugar ni mobiliario adecuado para el home office, entendemos los inconvenientes presentados con el trabajo de su cónyuge y la educación virtual de sus hijos.

La mezcla en la “ASPO” y la “DISPO”, de dos situaciones estresantes como la convivencia familiar en aislamiento -reconocido por todos los especialistas-, se potenció con lo estresante del trabajo judicial remoto, más cuando las jornadas se prolongaban largamente del horario legal. El aumento exponencial de las licencias psiquiátricas a partir del mes de julio, fundamentalmente de los que realizaban trabajo remoto, ratifica el cóctel explosivo que repercutió en la salud de tantos. Sin embargo, es destacable el esfuerzo que hicieron en todo el país magistrados y empleados judiciales para llevar adelante algunos juicios, audiencias conciliatorias, y otros actos procesales por medios virtuales.

A ello hay que sumarle la “pandemia económica”. Ese cuadro dramático del coronavirus fue acompañado de un congelamiento salarial durante los primeros 10 meses del año que a la par de una inflación creciente agravó la situación de todos los trabajadores.

La lucha que llevó adelante la UEJN en defensa del valor de los salarios atenuó el efecto inflacionario, sólo parcialmente. La pérdida salarial, que también afectó al resto de los trabajadores, contrastó con las ganancias de los especuladores de la usura financiera, haciendo mucha más inequitativa la distribución de ingresos en el país.

Ahora que encaramos el año 2021 y todos se preguntan cómo va a funcionar la Justicia, es bueno hacer algunas reflexiones.

La función Judicial es esencialmente presencial, porque resuelve conflictos humanos sean éstos, económicos, familiares, laborales previsionales, personales, y/o delictivos. Por eso, una Justicia funcionando como tal, debe ser presencial. Las reformas procesales en marcha plantean la oralidad, es decir, la inmediación, y ésta no puede resolverse sino de manera presencial, en todos y cada uno de los fueros y actividades.

Es imprescindible realizar todo lo que no se puede hacer virtual, Juicios orales, audiencias de testigos, audiencias controversiales, pericias, etc. Incluso este año hay elecciones nacionales y la Justicia electoral debe actualizar su padrón y garantizar la transparencia de ese acto fundamental para la vida democrática del país.

Que quede claro: no es lo mismo una indagatoria virtual que tomada en presencia del imputado, o una reunión del defensor con su defendido presencial a otra realizada de forma virtual, y así una lista inacabable de actos procesales que exigen ser presenciales.

El trabajo remoto, superando la precariedad como se ejerció en 2020, puede ser un buen auxiliar, pero jamás podrá ser la norma en la Justicia. Ésta debe cumplir con su función constitucional de controlar a los otros poderes del Estado y ser la última garantía de un ciudadano común ante un derecho conculcado.

Por todo ello, y teniendo en cuenta:

- Que la pandemia no afloja -sólo en enero 2021 y a pesar de estar actuando únicamente los Juzgados de Feria, los datos de Medicina Preventiva de la Corte Suprema dan cuenta de más de 230 casos positivo judiciales- y estos números no incluyen a los afectados de las fiscalías y defensorías de todo el ámbito nacional y

- Que la situación dramática de la infraestructura edilicia en materia de seguridad y salubridad no ofrece ninguna garantía -está peor que en 2020 porque nada se ha subsanado, precisamente por la pandemia- ni permite garantizar condiciones mínimas para la tarea presencial.

En consecuencia y con total responsabilidad y compromiso con la Justicia, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación(UEJN) reclamó el día 21 de Enero de 2021 en sendas notas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación(interino) y a la Defensora General de la Nación que soliciten urgentemente al Poder Ejecutivo Nacional la incorporación de todos los agentes judiciales -magistrados, funcionarios y empleados- al Plan Estratégico de Vacunación, que obviamente deberá ser voluntario, a efectos que lo más pronto posible y una vez vacunados, la Justicia pueda retomar la normalidad presencial, requisito indispensable para cumplir su función.

Afortunadamente esta idea la han compartido y acompañado tanto la Cámara Nacional Electoral, preocupada, por el proceso electoral de este año, como el CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) que el día miércoles 27 de enero se expresó en el mismo sentido en una nota periodística firmada por el Dr. Jorge Rizzo, y también la Junta Federal de Presidentes de Cámara de Apelaciones de todo el el país, que el lunes 1 de febrero presentará un oficio en similar sentido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso anoticiamos del pedido a la Ministra de Justicia de la Nación, Dra. Marcela Losardo.

Y tenemos que decir con satisfacción que ya se ha expedido haciendo lugar a nuestra petición, la Dra. María Stella Martinez, Defensora General de la Nación, que firmó su resolución reclamando al Ministerio de Salud de la Nación el pasado miércoles 27 de Enero, la vacunación para todos los agentes de la Defensa Pública.

Es imprescindible que la Corte Suprema actúe rápidamente, para garantizar que hasta tanto el proceso de vacunación reclamado se concrete, las actividades judiciales continúen como hasta ahora y dicte medidas rápidas, tanto en el reclamo de inclusión en el Plan de Estratégico de Vacunación, como para garantizar que ninguna Cámara tome medidas imprudentes de apertura indiscriminada de edificios -eso sería un desastre- y actúen con la responsabilidad con que lo están haciendo las autoridades de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, por ejemplo, de la Capital Federal, que durante enero han estado reunidos con representantes de la UEJN, para acordar las condiciones de funcionamiento a partir de febrero, respetando los Protocolos de la Corte Suprema aún vigentes.

Sabiendo que todas y todos debemos extremar las medidas de distanciamiento social e higiene. La responsabilidad es de todos, pero mucho más de quienes tienen obligaciones de dirección.

Concluyendo, sólo la vacunación va a permitir que la Justicia vuelva a la normalidad indispensable caracterizada por la presencialidad, esencial para el cumplimiento de su función, por eso este reclamo efectuado por la UEJN debe ser resuelto en forma urgente. Si así no se hiciera, los responsables de tal retraso serán quienes deberán cargar con las consecuencias que provocará una justicia actuando con limitaciones como en el 2020. Con Pandemia, emergencia judicial edilicia y sin vacunas, no podemos esperar otra cosa.

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