Señor ministro de Salud, no se olvide de las universidades

Desde su aporte en la investigación, el mantenimiento de la educación superior, sus actividades de extensión (como la acción desplegada en sectores vulnerables llevando la atención profesional o hasta un plato de comida caliente), o estando en la trinchera con sus hospitales universitarios.

El 2020 fue un año muy difícil, pero sin duda las universidades nacionales han estado a la altura del tremendo desafío que impuso la presencia de esta enfermedad planetaria, que colocó en jaque nuestro modo de vida.

Ahora nos encontramos ante esa luz de esperanza que nos brinda el hecho de encontrar una salida, que es la vacuna.

Según la información brindada por el portal oficial Argentina.gob.ar, allí se detalla que nuestro país, al igual que otros países del mundo, va a recibir al principio una cantidad limitada de vacunas, que luego crecerá durante la primera mitad del presente año.

Asimismo especifica que al inicio del plan de vacunación, algunos grupos tendrán prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición de la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten.

También se establece que la vacunación comenzará en las grandes ciudades, porque es donde se presenta la mayor cantidad de casos de enfermedad o muerte por COVID-19.

Así, el Estado Nacional tiene previsto vacunar una población objetivo definida, priorizando, en primer lugar, al personal de establecimientos de salud públicos y privados (de manera escalonada según el riesgo de su actividad, por ejemplo, quienes trabajan en unidades de terapia intensiva o en guardias).

Luego aparecen otros grupos, como el personal docente y no docente de los niveles educativo inicial, primario y secundario; terminando con otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones.

En tal descripción no surgen expresamente las universidades.

No hay que argumentar demasiado la importancia y criticidad de la educación superior universitaria en la Nación Argentina.

Es evidente que el personal que desarrolla su actividad en las universidades debe ser considerado prioritario en la razón de aplicación de la vacuna, al igual que los otros niveles de la educación en Argentina.

Hablamos de presente y futuro en una de las políticas públicas que deben ser esenciales para cualquier Estado.

Pero, aumenta la gravedad de lo expuesto que el Gobierno no haya explicado cual será el criterio utilizado para la vacunación en aquellas Universidades Nacionales que posean hospitales y/u otros institutos asistenciales de salud que se encuentran de manera directa y/o indirecta afectados a la tarea de lidiar contra la COVID-19.

Así como tampoco ha especificado la cartera a cargo la cantidad de personal asistencial de cada universidad nacional que se encuentra vinculado a las labores antedichas.

Las universidades nacionales son entidades autónomas reconocidas constitucionalmente que no dependen de las jurisdicciones a las cuales se distribuyen las vacunas (provincias y/o CABA), lo cual complica la operatoria, más aún si no saben estas instituciones cual es la cantidad establecida que le corresponden según los criterios de distribución.

Por ello, y en el caso particular de las universidades nacionales que poseen hospitales y/u otros institutos asistenciales de salud, es necesario que se brinde la información necesaria a las Provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a las Casas de Altos Estudios, para que rápida y eficazmente se vacune al personal que se encuentra en la primera línea de riesgo.

La escasez o inexistencia de una información precisa y transparente turba el proceso de vacunación y expone a aquellos que tienen un papel sustancial en términos de salud pública.

Es por ello que he redactado como Diputado Nacional un pedido de informes al Poder Ejecutivo al respecto e insto a las autoridades pertinentes a que tomen rápidamente las acciones necesarias.

En estos casos el tiempo no es un aliado.

(*) El autor es Diputado Nacional UCR CABA