El pasado 28 de diciembre se inició una larga patrulla en el Atlántico Sur para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, encabezada por un nuevo buque guardacostas de los Estados Unidos en colaboración con algunos países de la región, entre los que se encuentran Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina.
La operación “Southern Cross” se lleva adelante en forma conjunta con el Comando Sur y responde a la visión estratégica promulgada hace tres meses por la Guardia Costera, donde se alerta sobre el impacto para la seguridad internacional y nacional de estas actividades ilegales.
Dicha visión, enmarcada en la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, supone el compromiso de encabezar un esfuerzo mundial para combatir la explotación ilegal de las poblaciones de peces y proteger sus intereses nacionales a través de la cooperación multilateral. Esto ha permitido, por ejemplo, materializar la presencia de los guardacostas americanos en el Indo Pacífico, así como también apoyar a países africanos en la lucha contra este flagelo.
Dos cuestiones importantes a considerar. En primer lugar, la seguridad marítima, en un sentido moderno e integral, ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de seguridad internacional, producto entre otros factores de la magnitud del fenómeno de la pesca ilegal. Por otro lado, en un contexto interdependiente e incierto, pareciera que no hay mucho espacio para ser exitosos en el combate de estos problemas de manera unilateral. La cooperación internacional y la acción coordinada representan la mejor respuesta de los Estados frente a esta situación.
Una mirada desde el corazón del problema
Al mismo tiempo que crece la población mundial, aumenta el porcentaje del consumo de proteínas animales provenientes del mar, lo que convierte a la protección del ecosistema marino en un desafío para los líderes mundiales ocupados por lograr el desarrollo sostenible.
Por ello, los esfuerzos de la comunidad internacional para mejorar la gobernanza marítima son cada vez más fuertes. Las operaciones de trasbordo ilegal, las flotas pesqueras fuertemente subvencionadas que operan en aguas distantes a sus países y las naciones que optan por practicar sistemáticamente la pesca ilegal; permean justamente en los baches del sistema de gobernanza, amplificando los factores de estrés ambiental y socavando aún más el orden basado en las normas marítimas internacionales.
Cada año se pierden más de 30 mil millones de dólares a nivel mundial por la pesca ilegal, pero el problema de fondo es que está en riesgo el medioambiente marino, regulador del clima mundial. Por eso, la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, es un fenómeno que adquiere cada vez más protagonismo y visibilidad en la agenda global.
Los desafíos para Argentina
Argentina, por su perfil de país, tiene importantes intereses y responsabilidades en lo que hace al desarrollo sostenible del mar. Y esto abarca tanto la capacidad de presencia del Estado en las aguas jurisdiccionales, como así también un rol comprometido con lo que sucede en la extensa alta mar.
Es una agenda compleja y multidimensional que atraviesa distintas áreas del Estado. Intereses económicos, comerciales, ambientales, vinculados con la seguridad y la defensa, asociados en gran medida a la política exterior, deben articularse inteligentemente si nuestro país quiere tener un rol protagónico en esta agenda.
Las dificultades para suscribir organizaciones regulatorias de la pesca en el área oceánica frente a nuestro país, así como para vigilar efectivamente nuestra zona económica exclusiva, muestran que tenemos un largo camino por recorrer. Si a esto le sumamos los datos que arroja el presupuesto 2021, donde apenas se prevé fondos para que naveguen los patrulleros de la Armada, mientras se programa adquirir otros nuevos para que cumplan la misma función en la Prefectura, los pronósticos parecen no ser muy alentadores. Cabe preguntarnos: ¿estaremos usando eficientemente los recursos del Estado? ¿No es raro que seamos uno de los pocos países en el mundo que tenemos dos organizaciones distintas para hacer lo mismo? ¿No será muy caro?
Pensar políticas públicas para el desarrollo sostenible del mar es un desafío instalado en la agenda política de los países con intereses como los nuestros. Una estrategia marítima moderna, con una mirada integral e interagencial podría ser una buena hoja de ruta que nos facilitaría cumplir con nuestro compromiso con la seguridad nacional e internacional. Pero también nos permitiría brindar soluciones concretas a las necesidades de la Argentina de hoy, con la mirada puesta en la calidad de vida de las generaciones futuras.
*Los autores son miembros del equipo de Fundación Argentina Global
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