
Cuando el 19 de marzo el Gobierno Nacional dispuso el “aislamiento social preventivo y obligatorio” también estableció excepciones para permitir que los “trabajadores esenciales” pudieran concurrir a cumplir con sus tareas. Esta medida alcanzaba, desde personal de salud y fuerzas de seguridad, a trabajadores de supermercados y comercios minoristas de proximidad, y conductores de transporte público de pasajeros, entre algunos de los casos más destacados.
A lo largo del ASPO, el listado de trabajadores que podían desplazarse para cumplir con sus obligaciones -inicialmente era sumamente estricto-fue lentamente ampliándose.
Sin embargo, salvo la autorización para guardias mínimas para establecimientos educativos de distintos niveles, y algunas autorizaciones puntuales para ciertas provincias al reanudarse clases después de las vacaciones de invierno, hubo que esperar a que el 8 de octubre el Consejo Federal de Educación aprobara que cada provincia pudiera autorizar el regreso progresivo a las aulas, a partir de un índice epidemiológico por jurisdicción, para comenzar a recuperar cierta presencialidad con docentes y alumnos en las aulas.
Pese a que en la lenta apertura de los colegios se fueron sumando nuevas excepciones se aclaró que en la mayoría de las jurisdicciones no era un regreso a clases propiamente, sino a “actividades de revinculación” (las clases en su mayoría se mantenían online). En el caso de las Universidades, las excepciones autorizadas consistieron en prácticas y talleres para alumnos próximos a graduarse que requirieran el desarrollo de esas actividades para avanzar con sus carreras. Tampoco era propiamente un “regreso a clases” de manera generalizada.
Revisando todo esto me surgen dos preguntas: ¿como país, consideramos a la educación como actividad esencial? Y ¿por qué se lograron establecer protocolos exitosos para garantizar el funcionamiento de las actividades exceptuadas al confinamiento sin lamentar en general aumentos en los contagios de COVID-19 vinculados a estas tareas, pero se demoró tanto en intentar lo mismo y se hizo de manera muy parcial en materia de educación?
En educación, en la Argentina durante por lo menos 200 días mayormente todo quedó restringido a modalidades online y la vuelta posterior a lo presencial fue mínima. La experiencia nos demostró que esta modalidad fue muy útil en amplios aspectos. Pero también que, por un lado, la educación online no reemplaza completamente a la presencial y que, por el otro, no se tuvieron en cuenta contingencias que debieron y deben contemplarse al momento de sostener las aulas físicas cerradas por tanto tiempo.
Primero y principal, no todos los hogares tienen la debida conectividad ni los insumos informáticos necesarios para garantizar la posibilidad de que los estudiantes participen de las clases online. Tampoco los docentes tenían todas las herramientas a tal fin, ni tampoco las instituciones educativas estaban preparadas para semejante cambio.
Por otro lado, no todas las familias, en las que los padres muchas veces no alcanzaron la escolaridad completa, pudieron acompañar debida y sostenidamente a lo largo de tantos meses a sus hijos en el proceso de clases online. Tengamos en cuenta que la mayoría de las familias cuentan con la escuela como puntal de ayuda para la dinámica de las actividades y que muchas de las familias estaban compuestas por padres que eran trabajadores esenciales y que debían prestar funciones presenciales.
Por último y no menor, la educación no sólo se limita a compartir conocimientos y prácticas académicas. Gran parte de la riqueza del aprendizaje en escuelas y universidades tiene que ver con entornos educativos que favorecen las mejores condiciones para una formación académica de calidad y para progresar en aspectos claves de interacción e integración social.
En la mayor parte de los países del mundo, se buscó mantener los establecimientos educativos abiertos tanto como fuera posible, en especial en el caso de las escuelas primarias. Rápidamente se comprendió que el beneficio de las aulas presenciales abiertas era más grande que lo que se obtenía manteniendo aislados a niños y jóvenes en sus casas. Incluso, frente a la segunda ola de COVID-19 en Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante lo que quede de pandemia y afirmó que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.
Lamentablemente, eso no ocurrió en la Argentina, y 9 meses después todavía no estamos seguros de cómo y cuándo volverán las clases presenciales en los distintos niveles educativos. Hay especulaciones y anuncios, pero no confirmaciones oficiales que garanticen que nuestros niños y jóvenes volverán a la presencialidad cuando se reanuden los ciclos lectivos en 2021. Es de esperar que se logre una reflexión conjunta y profunda de todos los actores del sistema educativo (autoridades de gobierno, representantes de institutos educativos y sindicatos, entre los más destacados) respecto de lo que vivimos durante este 2020 y qué errores debemos evitar el año próximo. Y que de allí surja un nuevo consenso para que también la educación presencial comience a ser “esencial”.
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