
Los Premios Nobel de Economía Sir Arthur Lewis (1979) y Robert E. Lucas (1995) se preguntaban ¿qué deben hacer los gobiernos para que sus países crezcan como los desarrollados? Las consecuencias para el bienestar de la humanidad de responder son simplemente abrumadoras. Entonces, no se conocía la respuesta.
En el mundo académico donde estudian los economistas incluyendo los del FMI, no se considera la economía cotidiana, la economía real; capacitados en el mundo del análisis económico, no se explican por qué algunas economías crecen al mismo tiempo que otras no e ignoran la importancia del empleo y los emprendedores, los factores más importantes del desarrollo.
Pero, en los últimos años, la pregunta de los Nobel fue respondida a partir de lo acontecido en Puerto Rico, por un lado, y en Perú y en Brasil, por el otro.
Estos dos últimos, antes de la pandemia, eran las economías de mejor desempeño en Latinoamérica. No es casualidad que allí se protegen a los trabajadores sin penalizar a los empleadores por los despidos.
Perú, pese a los graves problemas políticos de los últimos tiempos, creció en los últimos 20 años el 5% anual, con un dólar estable, escasa inflación, continuo crecimiento del empleo y fuerte disminución de la pobreza -en 2005 era del 52% mientras que en 2018 era del 21,5%-.
Asimismo, Brasil, que en 1950 era un país agrícola exportador de cacao y café, hoy es la séptima economía del mundo, con reservas de 380.000 millones de dólares (CEPAL, 2017), inversiones externas por 78.000 millones de dólares y 28 millones de personas rescatadas de la pobreza en las últimas décadas.
Por su parte, se verificó un histórico cambio en Puerto Rico: con décadas de lamentable economía, el Congreso de los Estados Unidos -recordemos que la isla cuenta con estatus de país libre asociado- designó una Junta para que investigue las causas de su estancamiento con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (más conocida, en inglés, como PROMESA Act), de 2016.
Tras su investigación, dicha Junta determinó que las leyes laborales en la isla desalentaban el empleo y los emprendimientos y que, para crecer, debían ser cambiadas, implementando un marco legal similar al de los estados continentales.
Entonces, legislaron la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” para proporcionar un ambiente atractivo para los negocios, para que los inversionistas y emprendedores lideren el camino hacia la recuperación económica, protegiendo a los trabajadores mediante el seguro de desempleo.
Las leyes del estancado Puerto Rico eran como nuestra actual Ley de Contrato de Trabajo y sus anexas, con sus cláusulas indemnizatorias que desalientan los emprendimientos y el empleo. La excepción en nuestro país es la industria de la construcción, donde se protege al trabajador mediante el denominado Fondo de Cese Laboral, por el cual el costo del despido es depositado mensualmente por el empleador, con lo cual no se penaliza al emprendedor.
Recientemente el ex ministro de Economía Roberto Lavagna presentó su programa “Pilares de un programa de crecimiento con inclusión”, en el que propone que el Fondo de Cese Laboral fuese ampliado a todos los nuevos empleos para que el 50% actualmente desempleado pueda acceder al empleo.

Esta propuesta no tuvo ningún eco en el Gobierno ni en los legisladores; parecería que ignoran los cambios en Perú, Brasil y Puerto Rico y que en los países desarrollados se protege mejor a los trabajadores sin penalizar a los empleadores.
Tampoco vinculan el estancamiento y la pobreza con las políticas antiempresariales, con la Ley de Contrato del Trabajo y las del trabajo no registrado, que al permitir los reclamos por dos años dan lugar a la Mafia de los Juicios Laborales que desalientan la creación de emprendimientos y empleos.
Por estos motivos es de esperar que, de eliminar dichas trabas, se genere un inédito crecimiento económico que requeriría más trabajadores que los disponibles, a la vez que ingresarían al mercado laboral muchos de quienes hoy reciben planes sociales.
Si se tomasen estas políticas hacia el pleno empleo, el Gobierno estimularía el desarrollo y serían cientos de miles los emprendedores que desplegarían nuevos proyectos, con la consecuente multiplicación de empleos de mejor remuneración. Además, cuantos más trabajadores, más serían los aportantes a los sindicatos, a sus obras sociales y al sistema previsional.
Con estos cambios, el PBI per cápita crecería de los 10.683 dólares de 2018 a 62.000 dólares en el 2040, es decir, el 80% del de los Estados Unidos. No es una quimera: así sucedió en Argentina antes del año 1930.
La consideración de la importancia que tienen los emprendedores en el desarrollo económico hace a la diferencia entre los países. Argentina es un país único y tiene todo lo necesario para formar parte del lote de los desarrollados.
El autor es Miembro del Departamento de Política Social de la UIA y autor de “Pleno Empleo”
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