La decisión del gobierno argentino de abstenerse en la votación de una declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) en reclamo de elecciones libres e independientes en Venezuela, que cuestiona la dictadura de Nicolás Maduro y avala la presidencia interina de Juan Guaidó, ha vuelto a enfrentar a la administración de Alberto Fernández-Cristina Kirchner con sus socios del Mercosur.
Al mismo tiempo, la Argentina quedó enfrentada a la mayoría de las capitales del hemisferio cuando también se abstuvo en una resolución promovida en busca de incrementar la presión al régimen dictatorial nicaragüense de Daniel Ortega-Rosario Murillo.
Ambas votaciones tuvieron lugar durante la 50 Asamblea General de la OEA en el día de hoy. Una enorme mayoría de países votaron en reclamo de la vigencia plena de democracia y derechos humanos en Venezuela. El voto en abstención hermanó a la Argentina con Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, San Cristóbal, Surinam y Trinidad Tobago. En contra, votaron solamente cuatro miembros: Antigua y Barbuda, Dominicana, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas.
Esta nueva actitud del gobierno argentino confirma la tendencia inaugurada por el presidente Alberto Fernández desde su asunción en diciembre de 2019 y que en los hechos implica que nuestro país se ubica cada vez más cerca de las llamadas dictaduras del Socialismo del siglo XXI.
Tanto Venezuela como Nicaragua se encuentran dominados por regímenes dictatoriales que han anulado en los hechos toda posibilidad de alternancia política y han impuesto un verdadero estado de supresión de las libertades cívicas en ambos países.
A su vez, en su discurso ante la asamblea de la OEA, el canciller argentino volvió a cuestionar al secretario general Luis Almagro al que acusó de ejercer una suerte de “gendarme político”. Almagro ha mantenido desde 2015 una firme política de condena al régimen venezolano, una actitud que lo ha llevado a dinamizar al organismo en la defensa de los Derechos Humanos en el hemisferio.
La actitud del gobierno argentino de abstenerse en estas votaciones implica en el terreno práctico un endoso a los gobiernos dictatoriales de Caracas y Managua y parece desmentir las propias palabras del canciller argentino quien aseguró en una reciente presentación ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que la Argentina no se mantendría indiferente ante las violaciones de derechos humanos dondequiera que ocurran.
En ese sentido el gobierno argentino se expresó durante una votación en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra hace pocos días. Fue en ese ámbito donde las autoridades argentinas buscaron aclarar que respaldaban el contenido del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet sobre Venezuela. Dicho reporte consigna la existencia de numerosas ejecuciones, torturas y presos políticos en el país.
Tal actitud, por su parte, contrastaba con las palabras del embajador argentino ante la OEA quien había minimizado el contenido de tal informe y había tenido expresiones que implicaban un apoyo a la dictadura venezolana. Más tarde, el Presidente y el canciller procuraron directa o indirectamente desmentir a su embajador, pero el hecho de que el mismo no fuera removido y la circunstancia de que fuera confirmado por el Jefe de Gabinete de Ministros durante una presentación ante la Cámara de Diputados contribuyó a incrementar las suspicacias al respecto.
Las constantes idas y vueltas de la Administración en el sensible campo de la vigencia de los derechos humanos en la región volvieron a alimentarse con la actitud de la Argentina en la OEA en el día de la fecha.
Pero detrás de explicaciones diplomáticas resulta imposible esconder una realidad palpable. El propio embajador del Uruguay así lo expresó: “No hay margen para el matiz. O se está del lado de los derechos humanos y la recuperación democrática en Venezuela o se está del lado de la tiranía. No hay punto intermedio. Resultan francamente impactantes algunas posturas”.
Las contradicciones permanentes del gobierno argentino en relación con la situación venezolana reflejan elocuentemente la falta de convicciones que las principales autoridades del país han demostrado frente a la inocultable violación de derechos humanos tanto en Venezuela como en Nicaragua.
El autor es especialista en relaciones internacionales. Sirvió como embajador argentino en Israel y Costa Rica.
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