La Argentina está en llamas. Casi un millón de hectáreas incendiadas -más de la mitad concentradas en Córdoba y Entre Ríos- y, hasta la llegada de las lluvias, aún quedaban ocho provincias con focos activos. Mientras tanto, los esfuerzos de las autoridades para prevenir nuevos focos y contener los existentes parecen ser insuficientes, así como los avances de la justicia para investigar las verdaderas causas y encontrar a los responsables.
Sean intencionales o accidentales, no podemos desconocer que estos incendios se ven intensificados por ciertos efectos del cambio climático, que hoy se manifiestan a modo de intensas sequías y una bajada histórica del Río Paraná.
Como respuesta política ante sus propios déficits en la gestión, el oficialismo pretende aprobar un proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego que habilita, en caso de incendios y sin importar sus causas, a congelar los usos del suelo durante períodos que van de treinta a sesenta años, imponiendo importantes restricciones al derecho de propiedad de terrenos con potencial productivo.
Estamos hablando de que los usos del suelo en una amplia variedad de categorías como pastizales, matorrales, zonas agrícolas e incluso terrenos periurbanos baldíos con posibilidad de usarse para la agricultura familiar, podrían verse inmovilizados ante un eventual incendio, sea éste de carácter intencional o accidental. Y esto, durante un plazo muy extenso que respondería a los tiempos de restauración ecológica de los bosques pero que no guarda relación con estos otros tipos de ecosistemas.
Este proyecto parte de un prejuicio y de una falacia: el prejuicio de atribuir responsabilidad e intenciones especulativas al propietario de las tierras incendiadas, y la falacia de generalizar la existencia de una relación directa entre incendios y cambios de uso del suelo. Estos errores nos pueden llevar a institucionalizar una herramienta para la vendetta. Y, no está de más decir que las llamas no se combaten con más llamas.
Si queremos evitar que, por ejemplo, desarrollos inmobiliarios causen estragos en ambientes que dependen fuertemente del régimen hidrológico, el camino está en que las distintas zonificaciones contemplen e identifiquen la presencia de ecosistemas que merecen una protección especial a la hora de permitir los distintos usos. Debería alertarnos la posibilidad de que un predio cuya zonificación vigente permite la actividad agrícola se pueda volver improductivo durante décadas ante la eventualidad de un incendio fortuito o de responsabilidad de un tercero.
La respuesta está en una buena gestión para la prevención y el combate eficaz, y en sancionar a los responsables de manera efectiva y con todo el peso de la ley, incluyendo los delitos sobre incendios que ya contempla nuestro Código Penal y otros delitos ambientales que podamos establecer desde el Congreso Nacional. Una buena gestión implica capacitar y dotar a las fuerzas del personal y del equipamiento necesario para combatir de forma ágil y eficiente los distintos focos. Para ello, resulta fundamental asignar recursos al Sistema Federal de Manejo del Fuego, algo en lo que el oficialismo no pareciera coincidir, si observamos que pretende recortar drásticamente estos fondos en términos reales para 2021 a la mitad de lo que representaban en 2019 sobre el total del presupuesto nacional.
La respuesta también está en crear herramientas eficientes y de cumplimiento efectivo para el ordenamiento ambiental del territorio, que indiquen qué actividades se pueden hacer en cada predio, y con qué previsiones para no afectar la integridad ecológica de los ecosistemas, compatibilizando así la producción con el cuidado de nuestros bienes comunes.
Se trata de una oportunidad para analizar seriamente una problemática y diseñar soluciones que estén a la altura de las circunstancias y que quiebren la lógica improvisada que ha caracterizado la gestión de las distintas crisis que estamos atravesando. Las reglas claras nos van a permitir tener horizontes de inversión a largo plazo para un desarrollo ambientalmente sostenible, en lugar de horizontes de humo, incertidumbre y antinomias innecesarias.
Maximiliano Ferraro es diputado nacional y jefe de Bloque CC ARI
Mariana Zuvic es diputada nacional CC ARI
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