
En 2017 celebrábamos la Ley de Emprendedores, que dio lugar a la creación de más de 30.000 sociedades por acciones simplificadas (SAS) y más de 47.000 puestos de trabajo. Al año siguiente, la media sanción a la Ley de Sociedades de Beneficio de Interés Colectivo (BIC), impulsada junto a Sistema B, Ashoka y otras organizaciones, nos acercaba un paso más a la posibilidad de reconocer a las empresas y emprendedores de triple impacto. El horizonte se veía claro.
En mayo de 2019 aplaudíamos junto a Argencon, la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) y otras organizaciones la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento, que implicaba más estabilidad fiscal y la reducción de contribuciones patronales. Además, un par de meses más tarde lográbamos, junto a organizaciones como Mujer Emprendedora LAC, la media sanción para establecer el Día Nacional de la Mujer Emprendedora.
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Pasó mucha agua bajo el puente, y 2020 nos encontró haciendo frente a una pandemia, por un lado, y protegiendo a los emprendedores de las nuevas medidas administrativas, por el otro. En enero, una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo frenó la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento. En junio se aprobó la reforma de la ley, pero todavía el Congreso no le dio la sanción definitiva que tanto necesita un sector que es generador de empleo y divisas para nuestro país.
Por otro lado, a mediados de 2020 el Senado dio media sanción a la suspensión de la SAS, luego de siete reglamentaciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) para impedir el uso de esta figura societaria. Tampoco se avanzó con el tratamiento de la Ley BIC: todavía aguarda su media sanción en el Senado y, si no es tratada antes de fin de año, perderá su estado parlamentario. El horizonte dejaba de verse tan claro: cambiaba el rol del emprendimiento en el entramado, las reglas de juego y los planes.
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Para cualquier organización es fundamental establecer objetivos. Para aumentar las posibilidades de alcanzarlos, lo mejor es asegurarse de que cumplan con una serie de requisitos: deben ser objetivos relevantes, pero también específicos y medibles. Además, deben ser alcanzables y tener fechas de concreción estipuladas desde el principio. Es lo que se conoce como objetivos SMART, por las siglas en inglés specific, measurable, attainable, relevant y time (específico, medible, alcanzable, relevante y tiempo).
Establecer estos objetivos nos permite pasar de la idea a la acción de manera más fácil. Podemos plantearnos aumentar un 110% la cantidad de miembros de un año a otro, por ejemplo. En el caso de ASEA, el lanzamiento de programas como Mujeres Emprendedoras y Segundo Tiempo fueron hitos clave para pasar de ser 1.500 emprendedores a alcanzar a más de 36.000 en todo el país de 2017 a 2020, y también para lograr la paridad de género.
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Sin embargo, aunque la metodología SMART pueda parecer sencilla de implementar, en la Argentina no lo es tanto. Puntualmente, existen dos grandes desafíos, que son cómo determinar que un objetivo es alcanzable y el tiempo que se calcula para cumplirlo.
Para una ONG en el ámbito del desarrollo económico, un escenario tan volátil dificulta la generación de impacto. Se evidencia, por ejemplo, con la Ley de Emprendedores. Cuando se aprobó por unanimidad, en 2017, celebramos porque el esfuerzo de cinco años de trabajo daba sus frutos. En 2018 definimos que uno de los grandes objetivos fuera que la SAS se aplicara en todo el país. Fue, incluso, una de las cinco banderas de políticas públicas que planteamos ese año en el Congreso Nacional junto a más de 300 emprendedores.
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Sin embargo, arrancó 2020 y las trabas a la SAS nos obligaron a redefinir este objetivo. Tuvimos que pasar de una estrategia de regionalización a una estrategia de sostenimiento, y lanzamos un amparo junto a otras 30 organizaciones del ecosistema para garantizar la continuidad de la SAS. Cambiaban, otra vez, las reglas de juego. Algo similar está ocurriendo ahora: las recientes medidas en relación al dólar complican (y mucho) el escenario para los emprendedores que utilizan herramientas en esta moneda para publicitar sus productos y servicios. En definitiva, para vender.
Todavía estamos aprendiendo a lidiar con estos vaivenes que hacen que el ecosistema esté un poco magullado y, al mismo tiempo, seguimos trabajando para que el emprendimiento se conciba como una política de estado a largo plazo. Que recientemente la Justicia haya dictado una medida cautelar que suspende las resoluciones de la IGJ contra la SAS es un indicio esperanzador: el esfuerzo da sus frutos. Mientras tanto, la única receta es encarar cada desafío de manera articulada, generando acciones con cada una de las organizaciones del ecosistema, cámaras, federaciones y comunidades con espíritu emprendedor. La única receta es seguir avanzando a paso firme para que los objetivos relevantes se cumplan en el menor plazo de tiempo posible y lograr, así, el impacto positivo que tanto buscamos.
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El autor es director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y codirector de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA).
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