La Argentina puede crecer otra vez

La capacidad de nuestra economía para generar riquezas, empleo, crecimiento y equidad social está paralizada por las políticas destructoras de incentivos

Compartir
Compartir articulo
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera argentina flamea sobre el Palacio Presidencial Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina 29 octubre, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

En 1889 al inaugurar el pabellón argentino en la Exposición Universal de París, el entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini, informaba con entusiasmo: “Aquí no se habla más que de la República Argentina”.

Por aquellos años, las cifras de crecimiento de nuestro país eran impresionantes. Los salarios argentinos eran superiores a los europeos. El mundo comenzó a conocer el desarrollo económico de nuestro país. Lo mismo ocurría en Inglaterra y Estados Unidos.

Estos tres países tenían un denominador común: la libertad, el talento, el derecho de propiedad y el emprendedorismo, respaldados por ejemplares constituciones. De este modo, contrastaban con países donde las monarquías y sultanatos absolutistas desde la antigüedad sometían en servidumbre e ignorancia a sus pueblos, obstaculizando todo activismo económico.

El desarrollo cambió la situación de pobreza del mundo anterior al siglo XX porque hoy, si bien hay pobreza, es menor en términos generales y mucho menor en los países desarrollados.

Sin embargo, a partir de la década del 40, Argentina comenzó a atrasarse respecto de los desarrollados porque el Estado comenzó a intervenir en la economía. Desde 1950, y aun con el enriquecimiento que acarreó la demanda de alimentos del mundo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), el atraso se aceleró.

¿Qué ocurrió? Para favorecer la incipiente industria nacional, el Estado controló las importaciones produciéndose grandes distorsiones. Asimismo, monopolizó las exportaciones de los productos agropecuarios fijando los precios o retenciones. Así fue que resultó muy barato comer pero, a la vez, los salarios cayeron, ya que se suelen ajustar al precio de los alimentos.

Como contrapartida, la demanda de bienes industrializados fue limitada, ya que resultaron caros para el consumo interno. Además, tampoco fueron competitivos para la exportación ni se actualizaron por la competencia del exterior.

Este proceso no me lo contaron: lo viví. Desde 1946, con 15 años, comencé a trabajar en la industria textil. Desde entonces he conocido situaciones muy difíciles para las Pymes. Pero también hubo buenos momentos: alentado por un contexto favorable para la industria, en los 60, junto a mis dos hermanos, dirigí una empresa con casi 1300 colaboradores. Nuestra empresa facturaba como una de Europa o de Estados Unidos de casi el triple de producción.

Hoy la industria textil es muy diferente, sobre todo, a partir de la innovación tecnológica. Así, un telar tejía con 120 pasadas por minuto, hoy son 1.000. Este incremento de la producción industrial se dio en casi todas las ramas. Por eso, los precios de los bienes con valor agregado pasaron a ser baratos respecto de los alimentos. En ese sentido, en nuestro país se podrían pagar salarios superiores. Pero no es posible por las leyes laborales que rigen en Argentina.

La capacidad de nuestra economía para generar riquezas, empleo, crecimiento y equidad social está paralizada por las políticas destructoras de incentivos, fundamentalmente, por la Ley de Contrato del Trabajo y sus anexas con sus cláusulas indemnizatorias que desalientan los emprendimientos y el empleo.

La excepción es la industria de la construcción, donde se protege al trabajador mediante el “Fondo de Cese Laboral”. A partir de este mecanismo el empleador deposita mensualmente una partida a utilizar ante un eventual despido. De este modo, el empleado despedido se asegura su paga y no como en el actual sistema de indemnizaciones, muchas veces incobrables, sobre todo, cuando se judicializa por el accionar de abogados laboralistas que viven de la industria del juicio.

Esta modalidad, que protege a los trabajadores sin penalizar a los emprendedores, rige en las dos economías latinoamericanas de mejor desempeño antes del Covid: Perú y Brasil; esta última hoy es la séptima economía mundial y en ella en las últimas décadas salieron de la pobreza 28 millones de personas.

Por suerte, algunos dirigentes políticos comenzaron a comprender la importancia de la implementación del Seguro de Desempleo. Recientemente, el ex ministro y candidato presidencial Roberto Lavagna presentó “Pilares de un Programa de Crecimiento”, en el que propone que este “Fondo de Cese Laboral” sea ampliado a todos los nuevos empleos, en todos los sectores, para que el 50% de los trabajadores actualmente desempleado pueda acceder al empleo.

Si antes de la pandemia el país hubiese contado con esta modalidad de protección, la pobreza no hubiera aumentado, pocas personas necesitarían de los comedores populares, las pymes habrían resultado menos afectadas y la economía de la nación estaría en mejor posición para una rápida recuperación.

Para eso primero es imprescindible que la dirigencia política comprenda que el empleo y los emprendedores, con su laboriosidad, creatividad e innovación, son el factor más importante del desarrollo económico.

El autor es miembro del Departamento de Política Social de la UIA y autor de “Pleno Empleo”.