
El gobierno nacional decidió involucrarse en el conflicto interno de una jurisdicción y resolver un reclamo legítimo castigando a los porteños, que nada tienen que ver con las causas del problema. A pesar de las declaraciones de las últimas semanas del Presidente contra la Ciudad de Buenos Aires, la decisión no deja de sorprender por lo intempestiva y carente de argumentos.
El aumento de coparticipación que el gobierno nacional cuestiona se hizo cuando la Ciudad de Buenos Aires asumió la transferencia de la Policía Federal que, como indica la Constitución, representa un nuevo paso en el camino hacia su autonomía y debe ser realizada con los respectivos recursos. No se le quitó fondos a ninguna provincia, ya que surgió del porcentaje de coparticipación que corresponde a Nación. En ese sentido, es altamente probable que la tan cuestionada opulencia de la Ciudad de Buenos Aires sea producto de más de una década de buena gestión y no del uso indebido de recursos.
Cualquier medida que afecte la coparticipación debería ser canalizada respetando los mecanismos institucionales y con el acuerdo de las partes. Esta decisión tomada de forma unilateral, inconsulta, no solo viola la autonomía de la Ciudad sino que además afectará a todos los argentinos que circulan diariamente por el distrito: se calcula que la quita del 1% -porcentaje que probablemente aumentará el año que viene, una vez que se apruebe en el Congreso el traspaso de las fuerzas de seguridad con sus respectivos recursos- equivale aproximadamente a la mitad de lo que se destina a gastos de seguridad en la Ciudad.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado plena predisposición en estos meses difíciles. Decidió dejar de lado las diferencias políticas y priorizar el trabajo mancomunado en pos del bienestar de todos los argentinos en un contexto de enorme dificultad. El Presidente, quien recurre una y otra vez a la idea de diálogo, decide en cambio no solo avanzar una vez más contra la Ciudad -sin diálogo de por medio- sino que además pone de manifiesto con esta maniobra una forma de gobernar que premia la mala administración en detrimento de quienes llevan una gestión de finanzas claras.
De esta manera, el embate del Presidente deja ya de ser dialéctico para convertirse en tangible y concreto. Los runners, los bares, la opulencia, los policías bien pagos, en síntesis la propia Ciudad de Buenos Aires molesta, porque es el reflejo de aquello a lo que muchos gobernantes aspiran pero pocos pueden alcanzar, ya que para lograr ese objetivo se necesitan algunas condiciones poco frecuentes en la política de nuestro país: trabajo, transparencia y años de acciones consistentes con un plan de desarrollo a largo plazo.
El autor es vicepresidente 1° del Consejo de la Magistratura porteño
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