¿Qué clase de ser humano quiero ser?

Hace unos días nos anoticiamos de que la joven Solange murió víctima de un cáncer terminal y que su padre fue tratado como un criminal. ¿Su delito? Pretender ingresar a la provincia de Córdoba para acompañarla en los últimos días de su vida.

Las autoridades públicas no solo le impidieron el ingreso a Córdoba, sino que lo obligaron a retornar a la provincia de Neuquén sin demora y vigilado por patrulleros para controlarlo e impedirle que se detuviese siquiera a descansar.

Como consecuencia de ese inhumano dislate, la joven Solange murió en soledad, de nada valió el empeño que su padre puso de manifiesto para poder acompañarla, no lo logró, o, mejor dicho, no lo dejaron.

Pocos días después, nos enteramos de que las hermanas Victoria y Antonela Garay tampoco pudieron visitar a su padre moribundo (padecía un cáncer terminal).

Estas dos hermanas habían pedido diez veces autorización al gobierno de San Luis para poder ingresar a esa provincia con el objeto de visitar a su padre enfermo, y las diez solicitudes les fueron rechazadas. Fue necesario la intervención de los medios periodísticos y de las redes sociales para que el comité de crisis de esa provincia se aviniese a autorizarles el ingreso. Lamentablemente fue demasiado tarde: su padre, Martín Garay (61 años), falleció pocas horas después y antes de que ellas pudiesen llegar a verlo. En síntesis, tantos esfuerzos y ruegos para poder acompañar a su padre en sus últimos días de vida también fueron en vano. La insensibilidad puesta de manifiesto por las autoridades públicas había vencido otra vez.

Estos lúgubres sucesos me llevan a una simple pregunta: ¿cuál es el límite que nos hará reaccionar en contra de estos inhumanos atropellos?

Tengo claro que responder a esta pregunta es complicado en estos momentos, porque una gran parte de la población de la Argentina tiene pavor al contagio, y por ello, probablemente piensen que está bien vivir dentro de un estado represivo policial.

En lo personal, y desde que esta locura comenzó, he tratado de fundar mi conducta basada en la razón.

Obviamente entiendo que en el mundo hay una pandemia de COVID-19, que esa enfermedad es muy contagiosa, de baja letalidad dentro de la población menor de 60 años y sana, aunque peligrosa para la denominada población de riesgo compuesta por los mayores de 60 años y las personas diabéticas, cardíacas, con problemas de obesidad, etc., y que más allá de todos los esfuerzos que hagamos, muchos de nosotros nos contagiaremos, algunos de nosotros moriremos por esta enfermedad, otros falleceremos por diversas causas y los demás seguirán viviendo. Así funciona este asunto llamado vida desde que el hombre existe.

Pero volvamos al análisis de la pregunta, porque el asunto es poder saber cuál es nuestro límite, y para ello nada mejor que tener en claro que ni siquiera bajo la excusa de salvar vidas el Presidente se encuentra autorizado para impedir el ejercicio de derechos que la Constitución Nacional le reconoce a los habitantes, en primer lugar porque ninguna emergencia se encuentra por encima de nuestra carta magna, y, además, porque no está probado que con esos excesos se salva alguna vida, y aunque así fuese, también debe computarse el costo en vidas, libertades, salud y bienes materiales e inmateriales que esos avasallamientos tienen como contrapartida.

Dentro de este escenario, hoy tenemos que lamentar la muerte en soledad de la joven Solange y del señor Martín Garay, derivadas de las inconstitucionales restricciones que el gobierno federal ha dispuesto y que irresponsablemente ha compartido y delegado con las demás jurisdicciones provinciales y municipales.

Nuestros funcionarios públicos son tan inútiles (y mientras más baja la jurisdicción, peor es) que ni siquiera repararon en una premisa elemental e incontrastable, me refiero a que una persona sana no contagia ese virus y que ni el padre de Solange, ni las hijas de Martín Garay tienen o tuvieron esa enfermedad.

Pero voy más lejos: aún bajo la circunstancia de que hubiesen estado contagiados, ante el extremo caso humanitario que se presentaba, ¿cuál era el problema de que los dejasen ingresar a cada una de esas dos jurisdicciones provinciales, y que, con todos los protocolos del caso, les hubiesen permitido acompañar a sus seres queridos en sus últimos días de vida?

Aclaro que estos dos casos son los más conocidos, pero hay miles de personas ignotas que también murieron en soledad debido a la falta de empatía y al abuso de autoridad puesto de manifiesto por las autoridades públicas desde marzo y hasta el presente.

Pero, y de nosotros, del ciudadano común, ¿qué? ¿Tanto miedo le tenemos al coronavirus que estamos dispuestos a ser dóciles prisioneros y a permitir que se le inflija cualquier abuso al prójimo con tal de evitar contagiarnos?

Argentinos, estamos viviendo actos insensatos, injustificados, insensibles e inhumanos, como es el de impedirle a un padre o a dos hijas, o a cualquiera de nosotros poder acompañar a nuestros seres más queridos en el lecho de su muerte o que ellos nos acompañen en el nuestro.

¿Ha sido este nuestro límite? Hace pocos días la Ciudad de Buenos Aires dictó un protocolo para permitir la visita a enfermos terminales en hospitales públicos, seguramente temerosos por las primeras tenues reacciones derivadas de estos sucesos. Es el comienzo, pero no es suficiente.

El Gobierno tiene que saber que no todo le está permitido, que estamos dispuestos a defender determinados valores, y que, ante situaciones humanitarias extremas, pondremos inclusive en riesgo hasta nuestra propia salud por el bien del prójimo, aún de aquel que no conocemos.

Solange se despidió de nosotros con una frase: “Hasta mi último suspiro tengo derechos”. Coincido, y es -justamente- en los momentos de peligro y angustia cuando uno debe realizarse a sí mismo una sencilla pero trascendental pregunta: ¿qué clase de ser humano quiero ser? Y luego de obtener la respuesta, simplemente, tener el valor de serlo.

El autor es abogado y doctor en Derecho