El reciente fallo de la Cámara del Crimen porteña tiene tres aspectos. Probablemente el menos importante es el procesal, porque el CELS no tiene derecho a intervenir en el amparo promovido por Usina de Justicia, y por eso se rechaza su presentación.
Otro aspecto es el relacionado con la acordada 5/2020 que afortunadamente sigue inconstitucional, como de hecho considero lo es, tanto por violar la independencia judicial como por violar el derecho constitucional a la seguridad que tenemos los habitantes de la Argentina.
Pero quizás lo más trascendental a mediano y largo plazo es que por primera vez en 30 años un tribunal se atreve a decirle “no” a una organización de derechos humanos.
Esta cuestión, que tuvo una lógica y una justificación inocultable en las décadas del 70 y del 80, se ha convertido en una herramienta para hacer política, a grado tal que fue Néstor Kirchner quien que pese a no haberse preocupado jamás por los derechos humanos cuando eran violados, con su picardía política innegable identificó derechos humanos con izquierda y lanzó su famosa conclusión de que “la izquierda da fueros”.
No tiene sentido hacer memoria aquí de los múltiples casos en los que quedó demostrado que los autotitulados defensores de los derechos humanos lograban trato preferencial de la Justicia. Pero sí vale la pena recordar que fue el actual Secretario de Derechos Humanos quien invocando su cargo intercedió por presos condenados por delitos comunes.
El argumento -que, para peor, convalidó el Presidente de la Nación- fue que la materia de derechos humanos estaba afectada por la situación de esos detenidos y la pandemia que nos asola. Lo que no se dice es que como el derecho, las leyes y la Constitución son normas de, por y para seres humanos, cada vez que existe un conflicto jurídico podría argumentarse que hay un derecho humano violado y por ende convalidarse que aparezcan en escena judicial la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cualquier organización que los incluya en su objeto social.
Es evidente que esto sería un absurdo y una exageración de algo tan trascendental como es proteger los derechos humanos, que aun hoy son violados en algunos países del mundo.
El problema es que este abuso ya ocurre en la Argentina y desnaturaliza una lucha que fue admirable pero que desgraciadamente se ha convertido en algo que quienes la iniciaron o, mejor dicho, algunos de quienes la iniciaron jamas quisieron.
Ojalá el fallo valiente de los doctores Ignacio Rodríguez Varela, Juan Cicciaro y Alberto Seijas, que se han atrevido a cortar con esa corrección política más cercana al miedo que a lo correcto, se convierta en un punto de inflexión donde no se mezclen derechos humanos con intereses partidarios.
El autor es abogado, ex consejero de la Magistratura.
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