La pandemia y el peligroso avance de los gobiernos en el mundo

La mayoría de los gobiernos del mundo han decretado (con diferente fuerza) “cuarentenas” que impiden que las personas se muevan y trabajen libremente. En Argentina, el 19 de marzo de 2020 se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el período que iba del 20 al 30 de marzo. Posteriormente, fue extendido en tres oportunidades, prolongándose sucesivamente (primero) hasta el 13/4, (más tarde) 26/4 y (posteriormente) hasta el 10/5. El ministro de Salud, Ginés González García, acaba de declarar que se extenderá hasta el 25/5. En pocas palabras, la “cuarentena” argentina no sólo se extiende cada vez más, sino que nadie sabe hasta cuando va durar. No sorprende, toda la intervención estatal está condenada a crecer (“Camino de la Servidumbre”), lo cual implica inexorablemente pérdida de libertad y bienestar para el sector privado.

La ASPO está peleada con la ética y la moral de la libertad. De acuerdo con este análisis, la ASPO es un delito que la casta política perpetúa desde el Estado, atentando contra el imperativo moral del derecho de cada individuo a su persona, al uso de su primera propiedad (el cuerpo) y al usufructo de su trabajo; es decir, va contra el derecho natural. Entendamos qué es el derecho natural del hombre.

La razón humana descubre al derecho (ley) natural, que nos proporciona un cuerpo de normas éticas en virtud de las cuales se pueden juzgar las acciones humanas en todo tiempo y lugar; o sea, siempre. En este sentido, la estructura de la ley natural debe ser utilizada como indicador para “ver” si las actuales normas y/o legislación positiva (existente) del Estado tienden a avanzar contra los derechos individuales del ser humano atentando contra su libertad.

El ser humano, a diferencia de los animales, no posee un conocimiento innato, instintivo y automáticamente adquirido cuando nace. En consecuencia, el hombre (mujer) no sabe sobre sus fines ni de los medios para conseguirlos, sino que tiene que aprenderlos, y para ello, debe ejercer sus facultades de prestar atención, observar, abstracción y reflexión; es decir, debe utilizar su razón. En otras palabras, la existencia humana emana del uso y despliegue que el hombre hace de su mente, de la adquisición de conocimientos que el hombre realiza de lo que es mejor para él y sobre las formas (medios) para alcanzar sus objetivos (fines). La razón es el instrumento del conocimiento del hombre, de su auténtica supervivencia y existencia. La razón es la naturaleza humana. Justamente, el hecho de que el hombre tenga que emplear su mente para adquirir el conocimiento necesario para poder sobrevivir (existir), demuestra que el hombre es libre por su propia naturaleza.

El hecho natural es que el ser humano es dueño y propietario tanto de sí mismo como de la extensión de sí mismo dentro del mundo material. Es decir, es propietario del fruto de su trabajo que le provee los medios necesarios para alcanzar sus fines y sobrevivir. Sin embargo, el ser humano vive en sociedad. Y una sociedad libre es aquella en la cual todo ser humano disfruta de sus propiedades naturales (su persona y los frutos de su trabajo) a salvo de agresiones, invasiones y/o injurias por parte de otros hombres y/o mujeres.

En otras palabras, hay libertad sí y sólo sí no hay invasión de la propiedad que el hombre tiene de sí mismo, de la propiedad de su libertad para trabajar y propiciarse su sustento, ni tampoco de todos los títulos de propiedad adquiridos por medio del intercambio comercial. Esta norma de la libertad es la regla de la propiedad natural y es de aplicación universal para todo ser humano, en todo espacio físico y temporal. Es decir, su aplicación puede ser fácilmente defendida en todos los tiempos y lugares, y con cualquier nivel de desarrollo social y económico. En este sentido, vale la pena resaltar que no hay ningún otro sistema social que pueda ser calificado de ley natural. Por el contrario, si hay un grupo de personas (gobierno) que puede imponer un mandamiento coactivo sobre los restantes individuos impidiéndoles hacer uso de la propiedad sobre sí mismos y/o de sus energías “laborales”, entonces se rompe la ética universal para todo el género humano, porque no se aplican las mismas normas para todos. Pasa a haber un grupo (mayoritario) de hombres que es sojuzgado por otro grupo (menor) de hombres.

En este marco, queda claro que la ASPO es violencia ofensiva a través de la cual los gobiernos invaden la propiedad de las personas sin su consentimiento. Los gobiernos son agresores que imponen su voluntad violentando la propiedad natural de las personas, privándolos del pleno ejercicio de su natural auto posesión. Y el punto es que el ser humano sólo puede proveerse su sustento, vivir, crecer y prosperar ejercitando su libertad natural de elección. En definitiva, los Estados están atentando contra la vida del ser humano, exactamente lo opuesto a todo lo que (mentirosamente) pregonan.

Se entiende que la ASPO es delictiva cuando se visualiza que un delincuente es aquel que ataca a una persona o a la propiedad producida por ella, es decir, aquel que ejerce violencia contra otros individuos o contra sus propiedades. El delincuente es aquel que rompe la paz, que en esencia consiste en poder disfrutar en forma tranquila, sosegada e imperturbada de la propiedad natural y sus resultantes. En este sentido, la violencia ofensiva siempre es delito; o sea, la violencia sin violencia previa es siempre delito.

Por el contrario, la violencia puede no ser delito sólo si es defensiva; es decir, sólo si es utilizada como respuesta a una agresión previa procurando recuperar la propiedad anteriormente violentada. De hecho, en esto último se basa la Justicia. Cuando la Justicia condena a prisión a una persona está actuando violentamente, pero lo está haciendo sólo como respuesta a una agresión violenta previa. En este marco, es necesario comprender que si todas las personas tienen derecho absoluto a su propiedad natural, se sigue que también tienen derecho a conservarla y defenderla, incluso con la fuerza. Sin derecho a defender la propiedad natural, deja de haber propiedad natural. Y en este contexto, la pregunta básica que emerge es: ¿Hasta dónde alcanza el derecho del ser humano a defenderse a sí mismo y sus propiedades? Fácil, hasta el punto en el cual sus acciones defensivas comienzan a incidir y/o impactar en los derechos de propiedad de terceros. Si se sobrepasa este punto, su defensa pasa a ser delictiva por agrede a terceros. Y esos terceros podrían, a su vez, defenderse contra su previo accionar violento.

En pocas palabras, el individuo puede emplear la violencia defensiva contra una agresión previa que invade su propiedad natural y sus producidos. Ahora bien, este tipo de respuesta defensiva no puede utilizarse contra cualquier tipo de daño. La agresión puede ser utilizada sólo como defensa frente a una amenaza de invasión, violencia y/o daño que sean indudablemente palpables, inmediatos y directos. Por el contrario, no se puede apelar a la violencia como respuesta a una (supuesta) agresión por amenazas y/o daños potenciales imprecisos y futuros, es decir; que no son ni patentes, ni inmediatos. De actuar de esta manera, todas las especies de tiranía encontrarían justificación. La única manera de protegerse frente al despotismo es atenerse al criterio de que la invasión que se percibe ha de ser clara, inmediata y abierta. En este sentido, Murray Rothbard explica que “los inevitables casos de situaciones borrosas o confusas, tenemos que hacer todo lo posible para comprobar si la amenaza de invasión es directa e inmediata y permite, por tanto, que los individuos ciudadanos adopten las medidas preventivas pertinentes.”

En este contexto, se entiende que la ASPO viola la moral y la ética, convirtiéndose en un delito contra el derecho natural de las personas, ya que el Estado utiliza la violencia física sólo en forma ofensiva, y no lo hace defensivamente como respuesta a una agresión previa de parte de los individuos. Además, el Estado utiliza dicha violencia ofensiva “por las dudas”, metiendo a todos en la “misma bolsa”, intentando prevenir una amenaza o daño potencial que no sólo no es certero, sino que es impreciso y futuro. Se están violentados los derechos naturales de los individuos sanos. Adicionalmente, el Covid-19 tampoco produce un daño certero, y mucho menos uniforme, palpable, inmediato y directo, que son las condiciones previas y necesarias para poder responder con violencia. En este sentido, es claro que un enfermo puede no contagiar, o puede generar diferentes tipos de contagios: i) asintomático; ii) cuadro leve; iii) cuadro complicado o iv) muerte.

En síntesis, con el accionar frente al Covid-19, la mayoría (no todos) de los gobiernos del mundo han abierto la puerta hacia una escalera que lleva al despotismo, la tiranía y la erosión de los derechos naturales del ser humano. Es una escalera muy peligrosa. Algunos países subirán escalones. Otros, subirán pisos. Sin lugar a duda, en la Argentina parecería haber una escalera mecánica. Hay una provincia que no tiene un sólo infectado hace 26 días, pero toda la población está en prisión domiciliaria. Hay otra provincia en la cual el vice ministro de salud dice que el ASPO “debe estirarse todo lo posible, o al menos hasta que pase el invierno o aparezca una vacuna”. Cuidado, esta escalera puede llevarnos a Venezuela. En ese tipo de sociedad hay un solo pequeño grupo de ciudadanos con sus derechos naturales preservados (la casta política), mientras que la mayoría de la gente (pueblo) los tiene violentados por completo.

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