Impuesto al ahorro (y a la inversión) en tiempos de coronavirus

Con motivo de las dificultades financieras que debe enfrentar el Gobierno debido al incremento en sus erogaciones y caída en la recaudación originadas en la pandemia del coronavirus que azota al país, se ha suscitado una intensa discusión sobre la justicia y la conveniencia de aplicar un nuevo “impuesto a la riqueza”, específicamente a los más ricos.

Se define como riqueza de las personas los ingresos no consumidos -o sea ahorrados- durante el transcurso de su vida productiva. Esta riqueza es el ahorro acumulado en la forma de inmuebles, dinero, activos financieros, depósitos bancarios, acciones de empresas y otros, por lo que un impuesto semejante significa un impuesto al ahorro. Evitan este impuesto los que acumulan sus ahorros en dinero negro en paraísos fiscales o consumiendo bienes suntuarios, fiestas fastuosas, turismo exótico, joyas, etc.

La justificación para imponer un gravamen a aquellas personas con mayor patrimonio argumenta que este gasto sorpresivo que deberá enfrentar el Gobierno es justo que lo paguen en alguna medida “los que mas tienen”, considerando que son los que menos sufrirían si la cuarentena disminuye significativamente el ingreso nacional. Lo curioso de estas argumentaciones es que accesoriamente se esbozan consideraciones de culpabilidad en la acumulación de riqueza, permitiendo interpretar que los más ricos deben devolverle al Gobierno y al resto de la comunidad, algo que no les corresponde, ya que han obtenido un exceso de ingresos y que han ahorrado demasiado. Y esto sí es grave porque implica un desconocimiento y un ataque a la ética del sistema capitalista de mercado escrito en nuestra Constitución.

La ética capitalista razona que toda transacción realizada en completa libertad es lícita. Cuando se ofrece un servicio y se conviene un precio libremente y se puede comprar cualquier producto que se desee sin ningún tipo de coacción respecto a cantidades o precios, entonces moralmente todo está bien. El funcionamiento de este mecanismo determina que el precio de los productos y servicios resulte de las decisiones, del voto, de los miles de compradores que eligen según sus preferencias y la remuneración de los que los producen será la consecuencia de cuan valoradas sean sus habilidades. Es el mercado el que fija precios y salarios según oferta y demanda, causando que mientras más ofrecida sea una cierta habilidad menor será su valor. Pareciera que el mercado aprecia enormemente la habilidad de Lionel Messi y gana millones porque es única, o muy escasa.

En este sistema quienes producen sin pagar sobornos, respetando la ley, sus ingresos, sus ganancias, sus ahorros son éticamente correctos, sean pequeños o grandes productores, o hayan acumulado ahorros que los hagan más o menos ricos. Su riqueza, la de los más ricos, es algo que les corresponde y que no deben devolver al Gobierno; lo han ganado en buena ley y deberían poder disponer de su riqueza de acuerdo a sus decisiones. No existen motivos de justicia para explicar un impuesto a los más ricos.

Respecto al otro aspecto: la conveniencia económica para el país de gravar a los más ricos, es bien sabido que los montos recaudados se restarán exactamente de la inversión nacional. Los muy ricos no disminuirán su consumo por este impuesto, simplemente ese monto que se lleva el Estado no lo invertirán. Además, es obvio que se sentirán discriminados, o más bien agredidos porque no se les reconoce la legitimidad de su riqueza y pensarán dos veces antes de volver a invertir en Argentina estudiando cuidadosamente el modo de no declarar sus ingresos huyendo a los paraísos fiscales.

Claramente este impuesto constituye un ataque a la inversión, un modo de disminuir y desincentivarla. Suecia, que tuvo por muchos años este impuesto lo eliminó en 2007 y Francia en 2017. Desconocer la importancia de la tasa de inversión reproductiva es un error económico demasiado elemental. Un país como el nuestro, con porcentajes de pobreza vergonzantes, no puede darse el lujo de menospreciar el rol de la inversión como el único modo de incrementar la productividad y generar empleos bien remunerados. Suponer que después de la cuarentena la economía repuntará como por arte de magia es una ingenuidad que ningún político debería aventurar.

Si pese a todas estas consideraciones se aplicara este impuesto a los más ricos, mi propuesta es que se lo instrumente de manera tal que provoque el menor daño posible a la inversión privada futura. Debería establecerse para los que paguen este impuesto en el año 2020 el derecho a resarcirse vía un régimen de amortización acelerada para todo lo que inviertan a partir del año 2021. Este derecho podrían transferirlo a empresas de su propiedad existentes o a crearse.

Sea esta u otra alternativa, la dirigencia política argentina debe replantearse la mirada sobre los empresarios, sean estos grandes, medianos o pequeños. Y cito como referencia una frase atribuida a Winston Churchill: “Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

* El autor es empresario.