
John Maynard Keynes (1883 – 1946), considerado uno de los más influyentes economistas del siglo XX, paradójicamente ha sido el gran responsable de haber tergiversado el término “liberal” pagando las ideas de la libertad un precio inconmensurablemente alto a lo largo de varias décadas. Igualmente crucial para la cuestión son las formas en que los errores de Keynes socavaron la confianza en el libre mercado y abrieron el camino al colosal crecimiento del poder del Estado.
Una de las consecuencias del denominado Estado Benefactor es la creación de una “sub-clase de beneficiarios” de estos programas de supuesto bienestar porque un gran porcentaje de la mayoría de ellos desconocen lamentablemente lo que significa la cultura del trabajo. Asimismo se reduce el potencial productivo de la economía nacional mientras al mismo tiempo los programas del Estado Benefactor no logran satisfacer ninguno de los objetivos que dieron lugar a su implementación. Luego de presentar este diagnóstico, debemos lamentablemente afirmar que no es sencillo desmantelar este sistema basado en gran medida en políticas demagógicas.
Se demostró que aquellos países en donde se aplicaron estas estrategias anti-mercado partían de precondiciones tales como que esas economías tenían demasiados fondos ociosos de ahorro y capital físico mientras supuestamente el pueblo sufría de pobreza. Cabe mencionar que en sus inicios, los indicadores de tipo macroeconómico allí estaban en relativo orden, debido justamente a políticas económicas ortodoxas (liberales) previamente implementadas con el fin de mantener estables el sector fiscal y el externo.
En contraposición, según la versión keynesiana, el crecimiento económico era percibido lento y existía preocupación por la concentración del ingreso. La prescripción de políticas populistas con diferentes matices fueron usar y consumir los fondos ahorrados para apuntalar el crecimiento por la vía de un creciente gasto público, incremento de subsidios universales y por lo tanto regresivos focalizados engañosamente hacia los más necesitados, cuya matriz fundamental fue un persistente crecimiento del empleo en el sector público para recrear esta institucionalidad intervencionista.
En la mayoría de esas economías, como se contaba con política monetaria propia, el Banco Central usaba activas medidas crediticias y creación de dinero primario para financiar crecientes déficits fiscales y planes de créditos subsidiados, generalmente para viviendas. La política en este sentido consistía en promover la primera etapa de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones con una orientación de crecimiento hacia adentro y con un sesgo anti-exportador debido a que se aplicaban tasas de protección efectiva que en algunos casos superaban el 100%. Este malsano proteccionismo ha sido una constante en los procesos de industrialización en la mayoría de las economías latinoamericanas donde se comenzaron a aplicar en los años de la gran depresión y se han vuelto a reiterar segmentadamente en lo que va de este nuevo milenio.
Debido a las ineludibles presiones inflacionarias que este sistema provoca, la primera consecuencia es establecer controles de precios con las previsibles distorsiones, tales como como escasez generalizada, mercado negro y corrupción que terminan quebrando inexorablemente la economía de los países que adoptaron estas retrógradas medidas. Dada la crisis de no sustentabilidad de este modelo, debe necesariamente profundizarse la aplicación de subsidios por montos que van en detrimento positivo del PBI, hundiéndose cada día más en un círculo vicioso imposible de salir, excepto se cambie de raíz el sistema. En este punto de deterioro profundo, no existen soluciones mágicas o términos medios. Se debe operar a fondo, con medidas simultáneas y sin demoras.
Como consecuencia adicional estos programas, en su fase final, van incluyendo importantes afectaciones a la propiedad tales como expropiaciones y confiscaciones más las inevitables reformas agrarias, la progresiva nacionalización de bancos y de industrias tales como la petrolera y minera. En este tema en particular, sólo basta calificarlas de “estratégicas” para que la ciudadanía acepte, hipnóticamente, semejante falacia.
Más aún, afirmamos que no todo sistema que contenga algunos elementos fundamentales de una auténtica economía de mercado puede considerarse necesariamente como liberal. Es conocido que en la historia moderna y contemporánea existieron modelos que incluían los primeros vestigios de propiedad privada y permitían a los mercados operar de forma restringida y limitada. Sin embargo, sus partidarios insistían en el papel primordial y excluyente del Estado, convencidos que sin él la vida económica se derrumbaría en la anarquía. El Liberalismo apareció entonces como una reacción contra ese sistema mercantilista imponiendo los principios de un Estado no intervencionista en la actividad económica.
Pero el hecho de que un gobierno sea reducido no quiere decir que debe ser débil. Al contrario, debe ser fuerte y firme en sus convicciones para cumplir con sus cinco funciones fundamentales, tres de ellas excluyentes y monopólicas: Justicia, Defensa y Seguridad y dos subsidiarias: Educación y Salud. Desde el punto de vista económico, el Liberalismo es la doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo individual y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la participación del Estado cuya única función al respecto es crear las condiciones de competencia completa e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Sus orígenes se consolidaron como una respuesta a los privilegios de la nobleza que poco y nada aportaban a la sociedad en su conjunto y como vimos, el ejemplo del mercantilismo especialmente en el virreinato del Rio de la Plata que defendía la intervención intensiva del Estado en la economía. Sus consecuencias fueron el atraso manifiesto de las metrópolis sudamericanas en relación con las pujantes ciudades de América del Norte durante los siglos XVIII y XIX.
Desde las propias escuelas intervencionistas se afirma que es imprescindible la presencia permanente del Estado en la economía para regular la sociedad que de otra manera caería supuestamente en el caos. Esta simplificación generalmente aceptada ha servido para justificar el accionar del intervencionismo del moderno Estado Benefactor ya que la visión expuesta estudia los “fracasos del gobierno” como una respuesta ante quienes sostienen que el gobierno debe intervenir ante los denominados “fracasos del mercado”.
En la vereda opuesta estamos quienes adherimos a la evidencia científica que señala al Estado-no al mercado- como el ente que debe ser reducido y confinado a sus funciones específicas para lograr el bienestar de la sociedad, objetivo final de todo gobierno.
Esta teoría coincide con la necesidad de un Estado limitado con el objeto de que esta Institución al fin y al cabo regentada por seres humanos imperfectos, no se extralimite en las facultades sobre los individuos. Esta visión tuvo su mayor génesis en los padres fundadores de nuestra Constitución quienes tenían un temor manifiesto al nacimiento de una fuerza opresora basada en el Estado que avasallara las libertades y derechos individuales, que son anteriores a la noción moderna de Nación y de Estado.
En este sentido y fruto de la educación colonial fue comprensible la actitud de algunos pro-hombres latinoamericanos que no tenían claro que la libertad que se perseguía era la libertad individual y no sólo la consecución del cambio de un gobierno realista (español o portugués) por uno local, en donde ese concepto de libertad de los individuos era para ellos secundaria. Paradigma que fue visualizado por el gran estadista tucumano, Juan Bautista Alberdi, quien con meridiana claridad anticipó fruto de una inteligencia excepcional, que “la omnipotencia del Estado es la negación de las libertad individuales”.
En definitiva estamos convencidos que el Estado está muy lejos de ser una entidad infalible como adherentes al intervencionismo pregonan a diario.
Ejemplos son varios: el sueldo mínimo genera desempleo, las seudo protecciones a los consumidores culminan en alzas de precios, los impuestos desincentivan la generación de riqueza, las empresas estatales son siempre ineficientes, los programas de asistencia social masivos sin respaldo económico genuino, concluyen generalmente en casos de quiebre de las Obras Sociales, etc.
En este punto es necesario recordar e insistir que cuando se dice que el Estado se hará cargo de tal o cual subsidio, debemos comprender que somos nosotros, los ciudadanos, quienes nos haremos cargo de ellos a través de nuestro bolsillo ya sea con mayor inflación, aumento de impuestos o ambos a la vez.
No obstante hay un futuro tangiblemente positivo: una potente luz ilumina el final del túnel, percibiéndose una bocanada de oxígeno ya que están renaciendo en el mundo las ideas de la Libertad con inusual vigor. La apertura económica, interdependencia y globalización unido a robustos sistemas republicanos y democráticos son la fuente de esperanza para la humanidad que rechaza de plano ser limitada en sus capacidades individuales y su libre albedrío, teniendo ella como objetivo final un mundo de integración plena, en paz y con prosperidad para todos, que sólo lo puede ofrecer el Sistema Institucional de la Libertad y nunca Keynes, con su Estado Benefactor.
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