(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Ante la evidencia de los graves daños que producía en nuestra población el consumo de tabaco y la falta de una legislación efectiva al respecto, en el año 2010 como senador nacional propuse un proyecto de Ley de Control del Tabaco. Este proyecto proponía regular la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. El objetivo de la iniciativa era salvar miles de vidas, prevenir una enorme cantidad de enfermedades y ampliar los derechos de los/las ciudadanos/as: el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a condiciones de trabajo dignas y equitativas.

Luego de un año de debate y después de haber enfrentado poderosos intereses de los sectores que se perjudicarían con su aplicación, la ley fue votada casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional y promulgada el 13 de junio de 2011 bajo el número 26.687. La norma contemplaba no sólo la prohibición de fumar en lugares públicos y cerrados, propiciando ambientes libres de humo, sino también la prohibición de la publicidad y del patrocinio de marcas para los eventos culturales, deportivos o de otro tipo a los que puedan concurrir menores de edad.

Todas las investigaciones muestran que la aplicación de la ley ha tenido un fuerte impacto positivo tanto en el sentido de cambiar comportamientos sociales respecto a una menor tolerancia al cigarrillo en espacios públicos, como en la baja de la incidencia de los efectos nocivos del tabaco en la salud de la población. Sin embargo, todavía es mucho lo que resta para avanzar sobre los efectos nocivos de su uso. El tabaquismo hoy en Argentina causa 44.851 muertes por año y significa más de 33 mil millones de pesos en costos directos hacia la salud para paliar sus consecuencias. Todavía más del 22% de la población consume tabaco y disminuye cada vez más la edad de inicio en el consumo, que ya se sitúa entre los 12 y 15 años. Argentina tiene una de las tasas de prevalencia en la adicción al tabaco más altas de la región.

Con este contexto alarmante y analizando los ocho años que lleva vigente esta norma, hemos comprobado estrategias de marketing innovadoras a través de diversos canales comunicacionales para aumentar el consumo de productos elaborados con tabaco. Estas acciones publicitarias incentivan la iniciación, aumentan el consumo, reducen los intentos de dejar de fumar y provocan que quienes habían abandonado el cigarrillo vuelvan a consumirlo.

Además, en los últimos años han aparecido en el mercado nuevos productos de tabaco y asociados al consumo de cigarrillos. Estos productos, conocidos como productos de tabaco calentado (PTC) y cigarrillos electrónicos con o sin administración de nicotina, si bien son alcanzados por la reglamentación vigente, deben ser incorporados formalmente en el texto legal. Específicamente, los cigarrillos electrónicos se encuentran incluidos en la reglamentación de la ley vigente como productos asociados al tabaco; sin embargo, el avance de esta tecnología requiere incluirlo como producto de tabaco. A su turno, la aparición en el mercado de los PTC requiere adecuar algunos conceptos dentro de la ley para garantizar una correcta implementación de la normativa, respetando el espíritu de lo legislado para proteger a la población de la epidemia de tabaquismo.

A fines de agosto pasado, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmó la primera muerte provocada por el consumo de cigarrillos electrónicos o vaporizadores. Ya en 2008 la Organización Mundial de la Salud se declaró contra los vaporizadores. Justamente este producto en sus comienzos, hace más de una década, se promocionaba y vendía como una alternativa más saludable que fumar un cigarrillo convencional, o un modo para dejar la nicotina de manera gradual. Esta fue una iniciativa de marketing de los “vapo”, como se los llama. El poco conocimiento que existe sobre su composición química, lo vuelve aún más nocivo para la salud y por eso debe ser incluido como un producto tan perjudicial para la salud pública como el cigarrillo.

Es por ello que consideramos necesario profundizar, fortalecer y actualizar la Ley 26.687. Con este objetivo, junto con numerosos legisladores de un conjunto de bloques parlamentarios de la oposición y con el aporte de organismos públicos y ONGs que realizan un invalorable trabajo de prevención y concientizacion en esta temática, acabamos de presentar un proyecto de ley que exige rápido tratamiento y aprobación del Congreso Nacional.

Esta iniciativa propone prohibir las nuevas formas de publicidad que promueven el consumo de tabaco. Y al mismo tiempo avanzar en la prevención de la iniciación del consumo de los productos novedosos a los que hacíamos referencia. Con la nueva norma se tiende a proteger a las personas contra la exposición a sus emisiones y hacer extensivo el alcance de la legislación sobre entornos sin humo a estos productos; aplicar medidas con respecto su publicidad, promoción y patrocinio; reglamentar su contenido y su divulgación, así como proteger las políticas y actividades de control del tabaco contra cualesquiera intereses comerciales.

De esta manera, la modificación que proponemos adapta la regulación al mejor estándar posible y cumple con lo recomendado por los organismos internacionales de salud para garantizar una efectiva regulación de los nuevos dispositivos electrónicos de tabaco calentado y con o sin administración de nicotina.

Pero al mismo tiempo el proyecto aborda la urgente necesidad de adaptar a los estándares internacionales la regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco. Estas acciones promueven el inicio en la adicción -principalmente en niños, adolescentes y jóvenes-, instan a la compra compulsiva y transmiten la idea de que el consumo de tabaco es algo normal y socialmente aceptable. Estas publicidades debilitan las campañas de salud pública, desacreditando las advertencias sobre las consecuencias del tabaco para la salud.

Avanzar en la actualización y adaptación de los marcos regulatorios para seguir protegiendo a toda la población del tabaquismo y sus graves consecuencias es imprescindible para progresar en la ampliación de derechos. Pero no es suficiente. Es necesario un rol más decisivo del Estado en las campañas de educación y prevención en este tipo de adicciones y en el control efectivo del cumplimiento de las leyes en todo el país. Necesitamos un fuerte compromiso social que nos permita dar nuevos pasos para enfrentar con éxito este enorme desafío en defensa de la salud pública.

El autor es diputado nacional y autor de la Ley Nacional de Control del Tabaco