La Argentina está atravesando una situación crítica que requiere poner en marcha medidas urgentes para frenar la caída social que vive una vasta mayoría de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Si hace quince días ya estábamos en una situación de ahogo muy fuerte, con la nueva devaluación y el traslado a los precios el panorama se ha complicado mucho más. Hoy nadie sabe qué puede comprar con 500 pesos cuando va a un supermercado o a la verdulería: se han perdido los precios de referencia. Y desde el gobierno nacional reconocen que la inflación subirá en agosto y septiembre. La cuestión se vuelve especialmente dramática en relación a los alimentos. De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad alimentaria pasó de 8.300 millones en el período 2014-2016 a 14.200 millones entre los años 2016 y 2018. Se trata de un incremento de 71% y uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial.
Esta crisis afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes. Según el Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, difundidos en junio de este año, el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina. Es el nivel más alto en una década. Y el 29,3% de los chicos padece déficit en su alimentación y un 13% pasó hambre durante 2018.
Este cuadro, repito, se agudizó con la fuerte devaluación que experimentamos en las últimas semanas. La canasta básica subió en julio un 2,5% y una familia tipo necesitó ingresos por $31.934,44 para no ser pobre. Pero esos datos aún no incorporan los fuertes aumentos registrados en las góndolas en estos días.
Me preocupa especialmente la caída que se viene registrando, mes a mes, en el consumo de leche. Se trata de un producto vital para nuestras niñas y niños.
Debemos declarar de forma urgente la emergencia alimentaria y nutricional. Esta medida debe contemplar el aumento del presupuesto del Programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación; la implementación de una canasta básica de primera infancia; y el incremento del presupuesto destinado a los comedores y a las huertas escolares, comunitarias y familiares. Es necesario reforzar el envío de recursos a los municipios y las organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando y conocen con certeza las necesidades particulares que presenta cada territorio.
Venimos proponiendo la sanción de una ley de góndolas, que rompa con los monopolios en los productos de la canasta básica y apuntale el desarrollo de los productores locales. También debe lanzarse un plan de educación para la seguridad alimentaria, en el que los maestros y las escuelas tengan un rol fundamental. Y es necesario incorporar verduras, frutas y carnes en todos estos programas.
La economía social y solidaria tiene mucho para aportar en la solución de los problemas de la alimentación. Los pequeños productores de la agricultura familiar y la economía popular generan alrededor del 60% de los alimentos que se consumen en el país con solo el 13% de la superficie cultivable. Por eso, consideramos importante promover el desarrollo de estos sectores, garantizando el acceso al crédito para maquinarías y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los efectos de promover el mercado interno. Pero se trata de no sólo financiar la producción, sino también las redes de comercialización, impulsando la creación de puntos de venta directa. Y también generar programas que impulsen la compra por parte del Estado de alimentos sanos, frescos y de producción social a estas organizaciones.
Todos los actores políticos, económicos y sociales debemos contribuir para empezar a revertir esta catástrofe. Hay un tema que debe quedar fuera de todo debate: comer tiene que ser barato en la Argentina. Tenemos que actuar con serenidad, con inteligencia y concentrarnos en llevar a la práctica medidas que garanticen de forma masiva y con gran rapidez el derecho a la alimentación a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.
El autor es presidente del Bloque de Diputados Red por Argentina y fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación
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