A Mauricio Macri y a Alberto Fernández les conviene hablar de corrupción

Durante la campaña electoral previa a las PASO, buena parte de los analistas compartieron dos (y tal vez solo dos) certezas: al presidente Mauricio Macri no le conviene hablar de economía y al candidato Alberto Fernández no le conviene hablar de corrupción. La primera proposición entró en jaque con el cachetazo de las urnas primero y con la maxi devaluación después. Macri va a tener que hablar de economía le guste o no, pues lo que puede no convenir a su rol de candidato (y después del domingo hasta ahí nomás) es, en cambio, institucionalmente forzoso para el Presidente. La segunda proposición, en cambio, parece incuestionable. En lo que sigue explico por qué creo, sin embargo, que es falsa, es decir, por qué hablar de corrupción es en el mejor interés de todos.

Para empezar, lo obvio: no hace falta explicar por qué sí son ciertas las contracaras de las proposiciones que mencioné. Es evidente que a Fernández le conviene hablar de economía, tanto como que a Macri le conviene hacer lo propio con la corrupción. Pero esto último requiere algunas precisiones: ¿qué quiere decir "hablar de corrupción"? ¿De qué le conviene a hablar a Macri que no le convenga a Fernández? ¿Hay algún "hablar de corrupción" que podría ser electoralmente atractivo para Fernández pero no para Macri? Y, por cierto, sobrevolando el trabalenguas, lo más importante: ¿de qué sería bueno y útil que hablaran ambos a los efectos de reducir los riesgos de corrupción pública y privada a partir del 10 de diciembre próximo?

El Presidente habla de (y le conviene hablar de) los casos de corrupción: que si condenan a Cristina por la obra pública, que si la ruta del dinero, que si se eleva a juicio la causa de los cuadernos, que si Jaime condenado, que si Boudou y Ciccone, que si De Vido preso, etcétera. Esto es justamente en lo que pensamos todos cuando afirmamos, con razón, que a Fernández no le conviene hablar de corrupción y a Macri sí. Pero, más allá de los casos, al Presidente le es bastante más difícil hablar de lucha contra la corrupción y, aun más, de políticas para prevenirla.

La lucha (la persecución penal después de ocurridos los hechos) remite, en Cambiemos, a la sanción de la llamada "ley del arrepentido" (de aplicación explosiva en la causa de los cuadernos) y a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas (buena, perfectible, y por el momento inexplorada salvo por quienes de golpe y porrazo amanecieron expertos en compliance). A ello se agregan la propuesta de un nuevo Código Penal que aumenta las penas para los delitos contra la administración pública, la extinción de dominio (como dije aquí, técnicamente deficiente e inexplicablemente aprobada por un decreto de necesidad y urgencia) y, por último, la aplicación progresiva de una norma procesal federal de corte acusatorio que vendría a mejorar los tiempos que demoran las causas de corrupción. A no ser, claro, que la impunidad y las demoras se expliquen menos en las penas y en la falta de oralidad y de plazos perentorios que en la notable ausencia de incentivos que tienen los jueces y fiscales para comportarse de manera independiente tanto del poder político como del económico…

¿El sistema y sus mañas? Bien, gracias. ¿La influencia del poder político en Comodoro Py? Ídem. ¿Los fondos reservados de la AFI (ex SIDE)? Más reservados que nunca. ¿La selectividad del Consejo de la Magistratura para apuntar a los enemigos y proteger a los propios? Afinadísima. Y en el medio de estas debilidades, nada nuevas sino propias del frágil Estado de derecho que la recuperación de la democracia no supo aún revertir, se colaron algunos excesos evidentes que, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, se llevaron puestos los derechos de algunas personas, como lo sostuve, por ejemplo, aquí.

En cuanto a la prevención, el Presidente puede hablar de la ley de acceso a la información pública, un verdadero hito tanto para el país como para su gobierno, especialmente considerando que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner la cajoneó deliberadamente durante su paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Pero hay poco más para decir. ¿Los pliegos de obra pública gratuitos en Internet? Gran valor, considerando que seguimos haciendo obra pública con una ley de 1947 y que cuatro de los primeros seis contratos de participación público-privada (PPP) los ganaron empresas involucradas en la causa de los cuadernos.

¿Qué más se puede mostrar? ¿El decreto de nepotismo propulsado por el escándalo del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca? ¿Los limitadísimos decretos sobre conflictos de interés en juicios contra el Estado y compras impulsados, respectivamente, por los casos del Correo Argentino y de Avianca? ¿El régimen de regalos para que nadie se quede con un dulce de leche protocolar? ¿El fideicomiso tuerto? ¿La reforma de la ley de ética pública que regularía como corresponde los conflictos de interés, pero que se envió al Congreso seis meses antes de terminar el mandato, cuando ya habían desfilado los evidentes conflictos de Aranguren, Caputo, Blaquier, Quintana, Lopetegui y Echevehere, entre otros? ¿El lamentable papel de la Oficina Anticorrupción?

Por supuesto que el kirchnerismo tampoco "puede hablar" de la lucha contra la corrupción ni de políticas para prevenirla. Tal vez la única excepción significativa sea la transparencia de los fondos reservados de la AFI, que empezó a llevar adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a comienzos de 2015 en el marco de las luchas palaciegas de los servicios de inteligencia, pero también de la solución amistosa que el Estado firmó en 2005 con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y entonces?

Entonces tenemos, por un lado, a un gobernante que quiere reelegir y que ya tiene incentivos electorales para hablar de (casos de) corrupción. Y del otro lado está el retador, Fernández, que no quiere ni puede representar solo al kirchnerismo y que, por lo tanto, debe empezar a hablar de (políticas de prevención de la) corrupción. Nadie puede esperar que se suicide hablando de los casos que afectan a las principales figuras de los gobiernos kirchneristas, incluyendo a quien lo secunda en la fórmula. Sería como si le pidiéramos a Macri que repasara uno por uno los aumentos de tarifas que ordenó desde 2015 a esta parte.

Pero aun con el 47% de los votos de las PASO, el candidato Fernández, que en lugar de despejar fantasmas ignorándolos busca atraer votantes cuando habla de una Venezuela autoritaria, cuando subraya su preocupación por el superávit fiscal siendo Jefe de Gabinete, cuando se muestra decidido a honrar las deudas y se desmarca como quien viene "a proponer algo nuevo", ese candidato no puede no hablar de corrupción, tanto como Macri ya no puede evitar hablar de economía. Aquí les dejo a ambos una lista disparadora de temas de esta agenda sobre los que sería bueno y útil escucharlos hablar:

– Compras públicas
– Ley de Administración Financiera
– Coparticipación federal
– Fondos reservados de la AFI
– Superpoderes
– Oficina Anticorrupción
– Declaraciones juradas patrimoniales
– Defensor del Pueblo
– Financiamiento electoral
– Publicidad oficial
– Conflictos de interés
– Nepotismo
– Procedimientos de participación ciudadana
– Defensa de la competencia
– Consejo de la Magistratura
– Democracia sindical

La autora es Magíster y Doctora en Derecho (Universidad de Yale) y autora de "La máquina de la corrupción"