(Foto: Adrián Escandar)
(Foto: Adrián Escandar)

A primera vista, la decisión de Argentina de designar a Hezbollah como una organización terrorista parece una concesión al gobierno de los Estados Unidos. A fin de cuentas, esta acción executiva sin precedentes desencadenó en una visita a Buenos Aires de parte del secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo, y su asesor en materia de contraterrorismo, Nathan Sales.

Desde el punto de vista de Estados Unidos, este anuncio de Argentina le permite a la Casa Blanca – aislada en Europa por causa de su política hacia Irán – demonstrar que cuenta con aliados en un tema de importancia crítica. Y, al llamar la atención a un acto de terrorismo particularmente atroz apoyado por Irán – el atentado a la AMIA en 1994 – le facilita a los Estados Unidos justificar su línea cada vez más dura hacia Teherán.

Finalmente, la calificación de Hezbollah como grupo terrorista complació a los aliados de Argentina en el Congreso estadounidense, que ha demostrado su compromiso hacia la resolución del atentado durante décadas. (El lunes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una nueva resolución condenando el atentado a la AMIA, y expresando su "fuerte apoyo a la búsqueda de justicia contra los responsables de este ataque, incluyendo a los operativos de Irán y Hezbollah.")

No cabe duda de que a Mauricio Macri le conviene cuando la política exterior argentina complace a Donald Trump, cuyo apoyo dentro del Fondo Monetario Internacional es esencial para la supervivencia financiera de Argentina. Macri se aseguró de visitar la Casa Blanca solo unos meses después de la inauguración presidencial de Trump, en abril de 2017, incluso antes de su visita a Pekín el mes siguiente. Asimismo, en diciembre del año pasado se reunió con Trump antes de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, dejando la visita de estado de Xi Jinping para después.

La coordinación en materia de política exterior entre Argentina y Estados Unidos es quizás más evidente en la postura de Argentina hacia Venezuela, lo cual ha recibido reiterados elogios de parte de la administración de Trump.

A pesar de todo esto, la postura de Argentina hacía Irán, y hacia su socio Hezbollah, no fue pensada con el objetivo de ganar la aprobación de Washington. De hecho, Argentina ha demostrado una determinación y multipartidismo notable en la búsqueda de justicia para las víctimas de la AMIA. Tanto en actos emotivos en el país como en declaraciones presidenciales ante las Naciones Unidas, y en peticiones a Interpol y pedidos a gobiernos poderosos, sucesivos líderes argentinos han demandado que los sospechosos del atentado a la AMIA sean extraditados a Argentina para ser juzgados.

Hoy en día, Argentina no recibe suficiente crédito por su tenaz determinación.

Luego de que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner trató, cínicamente, de coordinar la investigación de las autoridades argentinas con los propios autores intelectuales iraníes del atentado, pareció que el gobierno argentino había abandonado completamente la causa. Peor aún, la única actividad relacionada al atentado en las cortes argentinas expuso a la luz pública el manejo torpe y corrupto de la investigación en el país.

La muerte de Alberto Nisman en 2015 le costó a Argentina la poca credibilidad que le quedaba como un país que luchaba por la justicia.

Pero al final, la política de Fernández de Kirchner hacia el atentado resultó ser una anomalía. Inmediatamente después de asumir el cargo, Macri retomó la anterior postura del país hacia Irán. Al poco tiempo, canceló el acuerdo con Irán y retomó la práctica de priorizar el tema de Irán en foros internacionales que había adoptado Néstor Kirchner.

Existe poca evidencia que la postura de Macri haya sido el producto de peticiones por parte de Washington. Aunque Estados Unidos jamás ha modificado su postura respecto al atentado – el ex Presidente Barack Obama visitó un monumento a la AMIA en la Catedral Metropolitana durante su visita histórica a Buenos Aires en 2016 – Macri asumió la presidencia meses después de la firma del tratado nuclear de Estados Unidos con Irán, en un momento de colaboración cada vez mayor entre Washington y Teherán. Queda claro que tomó la decisión independientemente de la respuesta que anticipaba de la Casa Blanca.

Incluso al día de hoy, la política argentina hacia Irán no está completamente sincronizada con la política del gobierno de Trump. Mientras Washington acomete contra el programa nuclear iraní, Buenos Aires hace un esfuerzo para que Estados Unidos y otros aliados se enfoquen específicamente en el caso de la AMIA. Después de todo, tanto en épocas de estabilidad internacional hacia Teheran como en épocas de mayor conflicto, los sospechosos del atentado han vivido libremente, ocupado puestos políticos importantes y viajado a por lo menos 20 países.

En general, y a pesar de la importancia de su relación, Macri no tiene un récord de subordinar su intereses a los de Trump.

Otros gobiernos latinoamericanos, comprensiblemente precavidos hacia el impredecible líder estadounidense, han intentado cortejar a Trump mudando su embajada a Jerusalén o criticando el acuerdo climático de París. Argentina, al contrario, se ha mantenido consistente en su política exterior. Ello incluye su buena relación con China, potencia que disputa la influencia estadounidense en Latinoamérica.

En este sentido, la última escalada argentina hacia Irán no debe ser vista en base a su relación con los Estados Unidos, sino en el contexto de 25 años de esfuerzos por castigar a los asesinos de la AMIA. Como el embajador argentino en Washington dijo el viernes en un evento de conmemoración en el Wilson Center, "no hay mejor homenaje" a las víctimas del atentado que el triunfo de la justicia.

El autor es Director del programa América Latina del Woodow Wilson Center y ex director para América del Sur del Consejo de Seguridad Nacional de Barack Obama. En Twitter: @benjamingedan