(Foto: Prensa Presidencia)
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La Argentina de hoy no tiene prioridades ideológicas sino urgencias de seguridad ciudadana. Cada vez más menores cometen delitos, y de gravedad. De allí que, por encima del enorme crecimiento de la marginalidad y la crisis de muchos hogares, sea necesario poner límites y no permitir la impunidad. Esta impunidad ha sido aprovechada por las organizaciones mafiosas para reclutar adolescentes y niños a las bandas, sean las que se ocupan del narcotráfico como las que se dedican al robo de viviendas, comercios, vehículos, o el asalto callejero, y convertir a los menores en la "mano de obra barata" de la delincuencia.

En nuestro país está vigente el régimen penal de minoridad que data del año 1980 y que estableció en 16 años la edad de imputabilidad. La más alta si la comparamos con otros países de América Latina (Costa Rica, 12 años; Chile, 14 años) o con naciones más desarrolladas de Europa como España y Francia, que lo fijaron en los 14 años.

Países de probadas credenciales democráticas en el mundo fijan la edad de imputabilidad entre 12 y 14 años, lo que desvirtúa el discurso abolicionista de ciertos sectores en Argentina. Digo "abolicionismo", que es distinto al "garantismo". Es la Constitución Nacional la que garantiza derechos, incluso a los acusados de cometer delitos, porque todos tienen derecho a un juicio.

El Gobierno, tal vez como parte de su política gradual en busca de consensos, envío al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del régimen penal juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, lo que va a permitir establecer responsabilidad penal para los adolescentes que cometan delitos graves.

Sin embargo, más allá de que para algunos sea a los 15, para otros a los 14, lo cierto es que la legislación vigente debe actualizarse a las nuevas demandas de la sociedad en materia de seguridad y justicia. Cabe destacar, empero, que solo la baja de la edad de imputabilidad no soluciona el problema de fondo de la inseguridad en Argentina. Para ello se debe combatir el negocio del delito y del narcotráfico de tal manera que las organizaciones delictivas, que prometen dinero fácil, no usen a los menores para delinquir.

Además, la baja de edad de imputabilidad debe ser acompañada en el sistema por institutos y jueces especiales que faciliten mediante la educación y el trabajo la reinserción de los jóvenes en la sociedad, como propuse en el 2009 en oportunidad de presentar el proyecto en Diputados.

En Argentina los dirigentes tienen la obligación de dar un debate sincero, sin demagogia electoral, sobre los temas que preocupan a la sociedad como es la inseguridad, y legislar para que la ciudadanía tenga cada vez más garantías de seguridad cuando sale a la calle. Los hechos de la realidad demuestran que la delincuencia juvenil se incrementa, y debemos tener una legislación acorde que permita generar un cambio cultural para que los más jóvenes comprendan que si delinquen, va a tener consecuencias, más o menos graves, de acuerdo con el delito que cometan.

La autora es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Ex diputada nacional.