La política y la Justicia, en pie de guerra

El nivel de violencia verbal y simbólica al que ha escalado la política en la Argentina da miedo. Quizá sean las declaraciones de Laura Alonso y de Paco Durañona las expresiones más cabales de esto, aunque provengan de personajes no centrales en el debate de la cosa pública.

"Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como se lo metieron a Nisman. Esta mafia antes disparaba", dijo sin inmutarse la titular de la Oficina Anticorrupción. No se arrepintió cuando le repreguntaron. Nada. Con pocas horas de diferencia, el intendente de Areco, Francisco Durañona, lanzó: "Los nuevos miembros (de la Corte Suprema de Justicia) tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando les llega la edad de jubilarse se van y abandonan el cargo. Los militantes nuestros van a blindar la posibilidad de avanzar y evitar que las reformas caigan en saco roto y terminen dando marcha atrás". Todo muy republicano, respetuoso del debido proceso y de la institucionalidad.

¿Lo quisieron matar a Stornelli, dice Laura Alonso? ¿Sabe que eso sería una tentativa de homicidio y está penado por la misma ley que la obliga a denunciar bajo pena especial? ¿Fue una metáfora? ¿Le pasa el sentido del humor a Alonso por ironizar con homicidios? A esta altura, ¿puede esta funcionaria representar la ecuanimidad e independencia para investigar corrupción en nombre de todo (dice todo, no del PRO, ni K, ni de los veganos) el Estado? ¿En vez de ser titular anticorrupción una furiosa militante, no debería volver a las bancas o barras de su partido? Independiente ya no lo es en las formas de origen toda vez que depende (perdón la imprescindible redundancia) del Poder Ejecutivo nacional. Una militante investigando, acaso, a su jefe.

Pero ahora en el fondo: ¿puede ser titular de la oficina que debe investigar corrupción ayer y hoy, gobierne quien gobierne? Los integrantes del PRO reconocen en Laurita (así la llaman) una sólida y formada militante de larga trayectoria en la defensa de sus convicciones. Y lo es. Fue una muy buen diputada que plasmó sus trabajos en poder ciudadanos de otros tiempos. Pero es, claro, una militante. Los organismos de control no necesitan de asepsia política total. Sí de un grado mínimo de ecuanimidad que no poseen los militantes talibanizados.

Eso habría que recordarle a Durañona, que pide militantes en la Corte. Si el PRO tuviera mayorías, ¿aceptaría la lógica de Laurita en la Corte? No es abogada, podría responderse como chicana. Sería un detalle. Tampoco lo era para asumir el cargo como pedía la ley que la antecedía. ¿O solo hay que poner militantes que militen lo que a Durañona se le antoja? Un intendente, cúspide institucional de una ciudad, sostiene que es una nimiedad eso de un juez de andarse jubilando cuando lo marca la Constitución. Porque, claro, estimado intendente, si a Zaffaroni se refiere, el ministro le hizo caso a la Carta Magna que prescribe que a los 75 debe irse a su casa (de paso: cobrar más de 300 mil pesos de jubilación que no puede gastar, como explicó el mismo Raúl Eugenio) y no buscar el taparrabos jurídico de un amparo en manos de un juez conocido que el gobierno se olvida de apelar. ¿La militancia está por encima de la Constitución? Si usted dice que la Constitución es un detalle, ¿con qué cara me va a cobrar una multa en su municipio si estaciono en doble fila?

Laurita y Paco representan algo más que sus delirios verbales. Son funcionarios en cargos institucionales que creen que esas instituciones son obstáculos para un "bien supremo" que ellos poseen. Infuso, heredado del más allá que no se explica, y menos que la ley no entiende (sic). La lucha contra la corrupción, la revolución popular o lo que sea los guía. ¿Que en el medio está la ley? ¡Un detalle! Atropellémosla. Ahora, de palabra. El problema es cuando la palabra se termina.

La política en este 2019 está en guerra. El discurso del Presidente de la Nación del 1º de marzo, ya se dijo aquí, fue belicoso. La reacción de la oposición, maleducada e improcedente, igual. Y ahora, a todas las luces, la Justicia se ha subido a la guerra.

El fenomenal entramado de corrupción salido a la luz con los cuadernos de Centeno (¿todavía hay quienes creen que desvirtúan el tema hablando de fotocopias cuando hay arrepentimientos simultáneos de funcionarios, empresarios, lavadores de dinero y jueces?) se transformó en la trinchera PRO. El proceso por presunto apriete a manos de funcionarios judiciales, espías parajudiciales y presiones mediáticas es el bando K. Hay guerra. El juez Ramos Padilla sucumbió a la violencia verbal desatada y se presentó en una comisión forzada presidida por un general de uno de los bandos y menospreció los indicios fuertes de delito teatralizándolos con un celular en altavoz al lado de un micrófono.

De ahí a que el Gobierno le pida el juicio político hay un largo trecho. Llama la atención que dos juristas serios como Germán Garavano y su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, firmen que Ramos Padilla cometió una "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas", por ir al Congreso. ¿Los otros jueces y fiscales que se pasean en los canales de televisión que le preguntan lo que esperan, violan los deberes de imparcialidad y reserva? ¿Puedo ser más gráfico aunque agrietante? ¿Nisman podía ir al Congreso y Ramos Padilla no?

Intentar remover con esos cargos superficiales a un juez que investiga semejante acusación es grave para la república y la independencia de poderes. En todo caso, lo que hay que hacer es comparecer en el juicio y reclamar el debido proceso (competencia, pruebas y demás) para que lo que sea, la corrupción de donde sea, salga a la luz.

Recurrir a la violencia verbal como estamos viendo con tanta liviandad es todavía más grave. Porque cuando se desatan la palabras y ya no alcanzan, lo que sigue se acerca a la tragedia.