Es posible iniciar las clases sin conflicto

Desde hace varios días el Gobierno de Mauricio Macri viene difundiendo la idea de que en la Argentina es inevitable comenzar las clases en un contexto de conflicto docente. No es así: el conflicto es consecuencia de las políticas de ajuste que el mismo Gobierno viene aplicando sobre la educación.

El mejor ejemplo es el primer inicio de clases del actual Gobierno. En el año 2016, el Ministerio de Educación llamó a paritarias nacionales de acuerdo con lo estipulado por la ley de financiamiento educativo y acordó el piso salarial común para todo el país. Cumpliendo la misma ley, apoyó financieramente a las provincias que presentaban dificultades para pagar el salario mínimo. También se comprometió a respetar, tal como había sido aprobado en el presupuesto durante el último año del gobierno anterior, el 6% de inversión del PBI para el sistema educativo y el 0,2% de los ingresos nacionales para sostener la escuela técnica. El resultado de esta política fue exitoso, las clases comenzaron sin ningún tipo de conflicto.

En los años siguientes, el Gobierno de Macri modificó su estrategia. Siguiendo las políticas de ajuste, no llamó a la paritaria nacional docente, tampoco transfirió los recursos que necesitaban las provincias con menos ingresos. Incumplió todas las leyes educativas que habían logrado alto grado de consenso en el Parlamento, a pesar de que muchas de ellas habían sido acompañadas por el voto favorable del actual oficialismo cuando era parte de la oposición. La inversión educativa en el país se derrumbó y se cortaron los mecanismos de participación y discusión con los representantes de los docentes. El resultado fue previsible: el conflicto protagonizó el inicio del ciclo lectivo y ello significó la pérdida de gran cantidad de días de clase para nuestras escuelas.

¿Cómo estamos para el ciclo lectivo 2019? Lamentablemente —cumpliendo estrictamente las recomendaciones del FMI de bajar aún más la inversión educativa— el Gobierno ha decidido comenzar el año provocando un conflicto que atentará una vez más contra la calidad de la educación que reciben los alumnos argentinos. Mientras un informe basado en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de dar a conocer que el salario docente de nuestro país se encuentra entre los más bajos del mundo, el Gobierno se niega a recomponer la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron maestros y profesores.

Nuevamente intentan desconocer la paritaria nacional y eliminaron totalmente el Fondo de Compensación Salarial hacia las provincias que fija la ley 26075. Mantienen congelado el Fondo de Incentivo Docente (ley 25919) a los valores del 2016, a pesar de haber acumulado una inflación de más del 70% en estos años. La inversión prevista en la ley de educación técnica (26508), imprescindible en momentos en que los jóvenes tienen tantas dificultades para acceder al trabajo digno, ha sido recortada en casi un cincuenta por ciento.

Después de que la muerte de dos trabajadores de la educación por una explosión en Moreno desnudara la situación de emergencia en infraestructura escolar, los fondos destinados en el presupuesto a reparar escuelas disminuyeron de 9290 a 2614 millones de pesos entre el 2018 y el 2019. Para el mismo período, el ajuste para la construcción de los 3 mil jardines de infantes que Macri había prometido en su campaña significó una caída de 6063 a 2528 millones de pesos. En políticas socioeducativas (para atender la pobreza creciente) la merma fue de 4721 a 2045 millones de pesos; en formación docente (calidad de la educación), de 1493 a 1087 millones de pesos y en educación digital (las tecnologías del siglo XXI), de 3400 a 1428 millones de pesos. Solo por mencionar algunos de los principales programas de un Ministerio de Educación que ahora debe absorber también las funciones de los ex ministerios de Ciencia y Tecnología y de Cultura, que, por considerarlos superfluos, fueron degradados al nivel de secretarías.

Ahora bien, después de aplicar este ajuste de una gravedad sin precedentes en la democracia argentina, el Gobierno de Mauricio Macri pretende hacer creer a la población que si hay un conflicto docente en el inicio de clases, la responsabilidad es de los maestros y profesores que intentan defender sus condiciones de vida y el futuro de la escuela pública. La estrategia oficial es estigmatizar a los docentes y, en una confrontación de pobres contra pobres, enfrentarlos con las familias que necesitan que las escuelas cumplan con la función para la cual fueron creadas: distribuir conocimientos y valores que permitan la integración social plena y en condiciones de igualdad de todos.

Es posible comenzar las clases sin conflicto. Es posible no perder más días de clase. Para ello el Gobierno tiene que dejar de mirar la educación en clave de ajuste y apostar a que se constituya en un pilar fundamental del crecimiento con integración social y cumplir con las leyes votadas por nuestro parlamento. Tiene que apuntar al diálogo como el único camino para mejorar la calidad de la educación. Debe confiar en sus maestros y profesores como los protagonistas centrales del cambio educativo y no como los culpables de sus déficits.

Es necesario recuperar la concepción de que la educación debe ser una política de Estado. Tal como lo plantean el legado sarmientino, nuestras leyes educativas y la Constitución, es un derecho individual y social que el Estado debe garantizar para lograr una verdadera igualdad de posibilidades. Por ello, la inversión en educación no puede ser considerada como un gasto susceptible de ser reducido para cerrar las cuentas públicas. Estamos a tiempo, como en el reciente caso del intento de cierre de las escuelas nocturnas: toda la sociedad le pide al Gobierno que recapacite y priorice la educación.

El autor es diputado nacional. Ex ministro de Educación de la Nación.