La Argentina es uno de los pocos países cuyos tres poderes reconocen el exterminio de los armenios por parte del Estado turco como un caso de genocidio. Asimismo, la opinión pública y la prensa comparten este reconocimiento, aun cuando no conozcan los detalles históricos del crimen que cercenó la vida de más de un millón y medio de personas.

Es muy difícil que los Estados que cometen un genocidio lo reconozcan. Y el caso de Turquía es emblemático, ya que empezó a negar los hechos desde el mismo momento en que ocurrían. Ya en ese entonces, el ministro del Interior turco, Talaat Pashá, figura central del triunvirato gobernante que tomó la decisión de eliminar a la población armenia del imperio en 1915, negó la premeditación del crimen y responsabilizó a las víctimas por su destino. En sus Memorias póstumas, sostuvo que los armenios de las provincias orientales habían sido deportados sin un plan predeterminado de aniquilación, de modo preventivo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial.

En un segundo momento, durante la República de Turquía instaurada por Mustafá Kemal, el nacionalismo turco apeló desde el Estado a reescribir su historia. Esa "nueva historia oficial" fue el sustento de un proyecto nacional, heredero de los ideólogos del Genocidio armenio: el gobierno de los Jóvenes Turcos. Desde 1923, como política de Estado Turquía aplicó dispositivos estratégicos para presentar, ante el mundo y hacia adentro, una imagen remozada de su pasado. Lo hizo, por ejemplo, a partir del uso abusivo de los manuales escolares, que controló mediante pautas de contenido. De ese modo, la presencia armenia en Anatolia (corazón del actual territorio turco) fue borrada en los textos y se llegó a sostener que los armenios "no habían estado allí".

Esta reescritura de su historia promovió la construcción de una identidad nacional excluyente, la del turco musulmán. Para eso, los fundadores de la República de Turquía se propusieron eliminar de los relatos aquellos segmentos denigrantes, como las masacres de las minorías cristianas. Intentaron quitar las huellas de un pasado incomprensible para las nuevas generaciones, incluso a través de cambios como la latinización del antiguo alfabeto árabe. La memoria colectiva fue vaciada de una parte importante de su contenido y reemplazada por una "historia oficial", escrita por académicos autorizados y convertida en la única aceptada.

Como parte de esas estrategias, la figura del principal responsable del genocidio, Talaat Pashá, fue reivindicada. El ex ministro había sido asesinado en Berlín en 1921 por un joven armenio cuyos padres habían muerto durante el exterminio. Los restos de Talaat fueron trasladados a Turquía y enterrados en el Monumento de la Libertad Abide-i Hürriyet, construido para honrar la memoria de los soldados turcos. Allí también fue sepultado Enver Pashá, otro de los responsables del genocidio.

Además, el Estado turco, para neutralizar un reclamo cada vez más extendido en el mundo, promovió la difusión de publicaciones históricas, de alcance general, para rehabilitar la imagen de los perpetradores y responsabilizar a las víctimas. El gobierno buscó influir sobre periodistas, docentes y funcionarios públicos para contar "la otra cara de la historia", opuesta a los relatos de los sobrevivientes y a los documentos. Se alentó a estudiosos extranjeros a revisar los archivos turcos y a dar su versión de los hechos y, sobre todo, a instalar la idea de que la Primera Guerra Mundial había afectado la vida de los turcos más que la de los armenios

(Crédito: Colección Armenian Genocide Museum-Institute, del libro “100 Photographic Stories about the Armenian Genocide”)
(Crédito: Colección Armenian Genocide Museum-Institute, del libro “100 Photographic Stories about the Armenian Genocide”)

No obstante, en las últimas décadas se ha revertido esta situación, en parte, gracias a trabajos de historiadores turcos, como Taner Akçam y Uğur Umit Ungör, comprometidos con la verdad histórica. Pero también por activistas de derechos humanos como Ragip Zarakolu y, particularmente, el periodista turco-armenio Hrant Dink, quien buscó denodadamente tender puentes hacia la reconciliación de ambos pueblos y que fue asesinado en 2007.

Quizás el hecho más impactante hacia el interior de la sociedad turca fue la difusión de testimonios de personas que, en su vejez, rompieron el silencio y dejaron de lado sus temores para reconocer públicamente su origen armenio. Un caso conocido fue relatado en el libro Mi abuela, por la abogada turca Fethiye Cetin. Allí se narra la deportación sufrida por la abuela de la autora, que había sido separada de su familia y adoptada por un oficial turco. Se estima que actualmente existen en Turquía unas dos millones de personas estigmatizadas en la sociedad turca por su origen armenio.

El genocidio armenio, luego de más de cien años, sigue siendo actual porque la diáspora armenia continúa recordando los hechos. En cambio, Turquía trata de que sean olvidados, mediante su reducción a materia de disputa y controversia, con el objeto de evitar que se aplique al caso armenio el concepto de "genocidio" acuñado por Raphael Lemkin. Por ello, las conocidas "Tesis turcas" no diferencian a las víctimas de las masacres de los que murieron durante el conflicto bélico; presentan el genocidio armenio como una guerra civil en el marco de la Primera Guerra Mundial. Víctimas y victimarios son colocados en el mismo plano, es decir, que se los considera como antagonistas en una contienda o, peor aún, a las víctimas se les asigna la responsabilidad de ser las iniciadoras de la violencia.

De ese modo, en todos estos años Turquía minimizó los hechos mediante el reemplazo de la noción de genocidio por la de masacres aisladas y locales; la presentación de la deportación como transferencia; la negación de la intencionalidad y de la planificación. No obstante, nada parece ser suficiente para lograr sus objetivos.

La autora es historiadora y docente universitaria.