
Desde hace días podemos ver en las redes sociales a miles de jóvenes escribiendo en sus muros que 57 universidades del país no comenzaron las clases por falta de presupuesto. Nos cuentan quiénes son, dónde estudian o estudiaron sus carreras universitarias. También plantean la necesidad de que la universidad siga siendo pública y gratuita, y se muestran orgullosos porque esto no sucede en el resto de Latinoamérica. Es una estrategia de comunicación original, que se hizo masiva y que rompió el cerco mediático.
Después de tres semanas sin clases, ese sol inmenso ya no se puede tapar con las manos. "¿Qué está pasando con la universidad?" se pregunta la gente.
Lo concreto es que, como ya se ha hecho costumbre en esta cartera desde hace años, y especialmente con este Gobierno, demoran un tiempo insólito en convocar a paritarias. Luego de tres meses (desde el 13 de mayo), dicho ministerio volvió a ofrecer un 15% de aumento salarial en tres tramos, 5% en mayo, 4% en agosto y 6% en octubre. Rechazada de plano esa vergonzosa oferta frente a una inflación que va a superar este año el 35%, realizaron una segunda propuesta que tampoco convenció a nadie. Por eso, trabajadores docentes de las 57 universidades públicas realizaron durante toda la semana de paro variadas actividades como volanteadas, asambleas, clases públicas, movilizaciones, entre otras intervenciones creativas, para visibilizar el grave escenario que atraviesan estos establecimientos educativos en el país. Este reclamo no se limita a la recomposición salarial, sino que expone el deliberado proceso de desfinanciamiento universitario que inició el Gobierno. Tanto es así que al menos veinte universidades nacionales se declararon en emergencia, por lo que no podrán llegar a fin de año. Es en este contexto que tendrá lugar la masiva Marcha Universitaria desde Congreso al Palacio Pizzurno el 30 de agosto.
La realidad de la universidad es la misma que la del resto del país. Es que el proyecto político del Gobierno nos está llevando sin pausa a una brutal reprimarización de la economía y al cierre de empresas y de emprendimientos tecnológicos estatales de desarrollo. Como para llevar a cabo este plan no se necesita este sistema universitario, vía ahogo presupuestario se están desmantelando las funciones de enseñanza y de producción de conocimientos.
En el marco de la semana de paro, los gremios y las organizaciones estudiantiles organizaron diversas actividades de visibilización del conflicto universitario. Mientras tanto, en esta escalada del conflicto el jueves se dio un hecho notorio en Córdoba. La policía ingresó a la Facultad de Derecho e impidió que se realizara una asamblea estudiantil. Fue una decisión del decano Guillermo Barrera Buteler, que en una evidente violación a la autonomía universitaria, llamó a las fuerzas de seguridad, porque "recibimos un llamado anónimo alertando sobre una posible entrada de explosivos". Todo muy poco creíble, pero muy significativo, en el año del aniversario de los cien años de la reforma universitaria que tuvo lugar en aquella misma provincia. Ese mismo día, horas antes, cerca de ochenta mil personas habían marchado por el centro de la ciudad en apoyo al reclamo docente.
A todo esto, la paritaria está vencida desde febrero y solo cobraron un 5% a cuenta del futuro aumento.
Lo novedoso de este conflicto es que los docentes cuentan con el apoyo de la mayoría de los rectores, debido a que estos tienen graves inconvenientes para mantener el funcionamiento de sus universidades. Por eso, la Marcha Universitaria del 30 de agosto va a ser histórica, tanto como aquellas que el movimiento estudiantil y docente supo protagonizar cada vez que el derecho a la educación superior pública estuvo en riesgo. La memoria y el coraje de nuestra juventud son las herramientas fundamentales para defender la universidad pública y gratuita, porque si no, el futuro será solo para unos pocos.
La autora es diputada nacional (Libres del Sur).
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