
Durante los últimos meses, el Congreso de la Nación ha sido el principal escenario de un debate histórico en nuestro país. Miles de expositores pasaron por las Cámaras de Senadores y Diputados con el objetivo de manifestarse y argumentar acerca de una ley que nos convoca a todos, pero especialmente a las mujeres argentinas.
Atentamente, escuché cada una de sus palabras. A partir de esto, y con el objetivo de poder expresar una postura desde la más absoluta y racional convicción, es que decidí esperar para pronunciarme públicamente.
En primer lugar, tengo que decir que formo parte de una generación de jóvenes (y de jóvenes mujeres), que buscamos la implementación de políticas públicas que de una vez por todas nos visibilicen, en las que nos sintamos involucradas activamente y que defiendan nuestros derechos. Asimismo, formo parte de un proyecto político —el de la provincia de San Luis— que nos da este lugar a diario en cada una de las acciones que se emprenden.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es perfectible, pero es un paso más que importante para sumar a una lucha —que lleva décadas— de grandes mujeres, incluso de algunas que hoy ya no están presentes.
Lo que propone este proyecto en debate muy lejos está de que se abra "el juego del aborto" de manera discrecional, sino, por el contrario, debemos entender y dejar de subestimar a las mujeres con la idea de que todas saldrán corriendo a someterse a una intervención de este tipo, utilizando esta ley como método anticonceptivo. Se trata de una práctica que requiere del acompañamiento de la mujer en todo el proceso, de una decisión difícil que seguramente deja consecuencias, pero que forma parte de una elección libre que se lleva adelante en situaciones particulares que no debemos juzgar.
No podemos desconocer que el aborto existe en cada una de las provincias argentinas, y que por eso esta ley representa una herramienta segura y saludable para quienes así lo decidan, que no involucra para nada a quienes no deseen hacerlo.
Nuestro país cuenta con leyes como la de educación sexual y salud reproductiva que fueron sancionadas hace años, pero en muchos lugares ni siquiera se aplicaron. Quizás, si estas normas hubieran sido puestas en práctica como corresponde, muchas mujeres muertas por abortos clandestinos hoy estarían con nosotros.
Considero que las mujeres debemos poder decidir respecto de las acciones que queremos o no emprender y que el nacimiento de un hijo no debe ser una imposición social. No hay peor vida y sufrimiento permanente que el de un hijo no deseado o el de una madre que no pudo elegir cómo diagramar su historia.
Mi postura como legisladora es a favor de esta ley por los motivos que menciono. Personalmente y como individuo no elegiría este camino, esto pesó mucho a la hora de sentar una posición, pero no por eso puedo dejar de expresarme a favor de las miles de mujeres jóvenes (que son las principales afectadas y las que me lo han pedido), a lo largo y ancho del país que reclaman por esta iniciativa hace tanto años.
Lamentablemente, por una cuestión de salud personal, no podré estar presente en la votación del próximo 8 de agosto. No acostumbro a exponer mi vida, pero debido a la preocupación de muchos es que quiero dejar en claro que no estaré presente porque en los próximos días estaré recibiendo a mi primera hija. He tenido semanas complicadas con mi embarazo, tuve que pasar por una internación y luego reposo absoluto que me imposibilitan viajar hacia la ciudad de Buenos Aires. Quienes me conocen saben de mi compromiso y respeto por cada trabajo que emprendo.
Estoy segura que este miércoles viviremos una jornada histórica y democrática. Sea cual sea el resultado, debemos valorar que las mujeres somos el centro de la escena y que se está transitando un camino de igualdad sin precedentes en nuestro país.
La autora es senadora nacional por el Frente Unidad Justicialista San Luis.
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