El costo acarreado por el aparato gubernamental, una gran causa del déficit

Con varios premios Nobel en su haber, el Nuevo Institucionalismo es una escuela económica, que, permite analizar con claridad el problema de la coordinación entre varios agentes económicos en cualquier organización, como puede ser la del Poder Ejecutivo Nacional.

A través de diferentes interacciones, los agentes se relacionan para llegar a un resultado. En la medida que se incorporan nuevas funciones en una organización, crecen los costos de coordinación y control de administración o burocracia. Al decir de Oliver E. Williamson, aumentan los costos de jerarquía, las luchas de poder, el oportunismo, la exposición pública, el "síndrome de la alfombra roja", etcétera.

Las jerarquías son conjuntos de reglas para hacer interacciones basadas en líneas verticales de decisión por autoridad.

Al analizar la coordinación, el economista austriaco Friedrich von Hayek sostiene que el gran problema reside en "la interacción espontánea de un cierto número de personas, donde cada una de éstas tiene únicamente fragmentos de conocimiento, que genera un estado de cosas […] que podría ser producido deliberadamente sólo por la acción de una sola con el conocimiento combinado de todas estas personas". Si bien estas palabras se refieren a la planificación económica en un nivel macroeconómico, este comentario se aplica de igual manera a la microeconomía y a la administración. En suma, Hayek nos dice que es más eficiente la decisión de quien tiene en sí mismo los diferentes conocimientos de muchos.

Lamentablemente, el Gobierno comenzó su administración con una exuberancia burocrática nunca vista a lo largo de la historia. Y lo hizo así, pese al gravísimo déficit fiscal heredado. Bien puede afirmarse que el costo acarreado por el aparato gubernamental es una de las grandes causas del déficit.

La gestión gubernamental, desde sus inicios, operó con un frondoso organigrama. Así se dio una señal al electorado de baja preocupación por el gravísimo problema del desborde del gasto y del déficit, al tiempo que mostraba muy limitada racionalidad.

Una mirada al pasado ayuda a entender la cuestión. La Constitución de 1853 fijó en cinco el número de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. En 1898, una modificación constitucional incrementó a ocho tal número. Esta composición del gabinete perduró, con pocos cambios, hasta mediados de la década de 1940. A partir de allí, comenzó, aunque con vaivenes, un proceso de sostenido crecimiento, acompañado por la suba en la tasa de inflación y del déficit fiscal.

Con la Constitución de 1994, se estableció la definición del número de ministerios a una ley especial. Desde tal momento, cada gobierno ha cambiado tanto el número como la composición ministerial.

Pese a la prédica de cambio, el presidente Macri optó por una estructura de alrededor de 20 ministerios, con un enorme número unidades. Cualquier mal pensado diría que tal tamaño del Ejecutivo se fundamentaba en la conveniencia de ubicar miembros del propio partido y de otros de la coalición.

La complejidad de esta agigantada estructura se plasma en la existencia de cerca de dos decenas de subsecretarías de coordinación. La toma de decisiones queda así sometida a una serie de problemas de coordinación entre partes así como a recelos y todo tipo de costos de jerarquía.

No sólo como señal, sino también como realidad concreta, urge redimensionar este enorme pulpo de tantos brazos que, en tan pequeño espacio, no puede coordinar adecuadamente sus movimientos.

(*) Manuel Alvarado Ledesma es Economista. Profesor de la UCEMA