(Martín Rosenzveig)
(Martín Rosenzveig)

¿Por qué votar a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)? Porque la realidad es elocuente y nos interpela a quienes tenemos la responsabilidad por mandato del pueblo de dictar leyes; en especial siendo hombre, tenemos una deuda pendiente con las mujeres sistemáticamente discriminadas; este es un momento histórico para saldarla. Se trata de un profundo acto reparador.

Los datos son elocuentes. La IVE está legalizada en la casi totalidad de los países desarrollados del mundo. No por casualidad en un país profundamente católico como Irlanda, hace pocos días ganó por el 66,4% la postura a favor de la reforma constitucional para habilitar el debate sobre el aborto. La reconocida revista científica The Lancet el año pasado publicó un artículo en el que se concluye: "El aborto en el mundo ha disminuido en los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido", "Los países con aborto penalizado son los que presentan las más altas tasas de aborto". En esta misma línea, el actual ministro de Salud, en su exposición durante el arduo e interesante proceso de debate de una temática que mueve y conmueve a toda la sociedad, resaltó: "Donde las leyes son restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros y las tasas de aborto son altas", de conformidad con información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud.

Por mi formación con una vinculación directa con el campo de la investigación, no puedo pasar por alto el documento elaborado por el Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (conocido por sus siglas CETCE) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, publicado este mes y titulado Diálogos entre la ciencia, el derecho y la sociedad: el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en el que se concluye que los debates parlamentarios sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo: "I. incorporen los aportes del conocimiento científico; II. evalúen la inconveniencia de mantener la penalización; III. se realicen conforme con los principios fundamentales de una sociedad democrática, plural y laica. IV. tengan en consideración que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que corresponde legalizar la práctica para evitar vulneraciones de derechos fundamentales". Precisamente, desde este obligado prisma de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración en la que se recuerda que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en el resonado caso Artavia Murillo y otros del 28/11/2012: "No es admisible otorgar la condición de persona al embrión, la protección del derecho a la vida en virtud del artículo 4 de la Convención Americana 'no es absoluta, sino es gradual e incremental […], debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general'".

En este marco, el punto de partida sería preguntarse y así verificar si el Estado argentino está obligado internacionalmente a proteger penalmente el derecho a la vida desde el momento de la concepción, sin excepción alguna. Esto es respondido de manera elocuente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en otro fallo muy citado en el debate, como lo es el caso FAL del 13/03/2012, en el que se señaló que ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni la Convención Internacional de los Derechos del Niño imponen que las normas internas deban penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier caso. Es decir, que el derecho a la vida en abstracto no es absoluto como se suele afirmar de manera errónea, sino que debe ser sopesado con otros derechos como lo son el derecho a la vida, integridad, salud, libertad, autonomía e igualdad de la mujer. ¿Qué derechos priman? Sin lugar a duda, los que titularizan las mujeres.

Como se repite hasta el hartazgo, y con razón, no se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino a favor del aborto legal o del aborto clandestino. Precisamente, quienes estamos a favor de la legalización de la IVE defendemos de manera comprometida y responsable el derecho a la vida de esa cantidad de mujeres —por lo general, vulnerables— que mueren o cuyas vidas han corrido riesgo en atención a los datos brindados por el mencionado ministro sobre las hospitalizaciones por aborto.

Por último, quiero enfatizar que en el recinto no estaremos votando si en Argentina habrá despenalización del aborto, sino cuándo la aprobaremos en el Congreso. El aborto legal en la Argentina será una realidad tarde o temprano. Porque el camino de la ampliación de derechos avanza inexorablemente. Así lo muestra la historia de la humanidad y la de nuestro país. Divorcio, patria potestad compartida, educación sexual, matrimonio igualitario e identidad de género son ejemplos de conquistas de la democracia argentina que se han logrado a pesar de la resistencia de sectores conservadores y oscurantistas. Se trata de ser conscientes de que, en caso de que se vote negativamente el dictamen mayoritario, la postergación del acceso a la IVE significará que deberemos lamentar muchas más muertes de mujeres por abortos clandestinos en los próximos años.

En definitiva, sancionar hoy una ley integral de IVE implica un claro y sentido compromiso ético con la vida, la autonomía, la justicia social y los derechos humanos.

El autor es diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires (FPV-PJ).