¿Otra vez el Consenso de Washington?

Las recientes experiencias heterodoxas de América Latina dejaron una impronta social convulsionada. Difundido y ampliado por las redes sociales, algunos medios de comunicación y ciertos ámbitos de la cultura y el espectáculo, este debate "responsable" se concentró en "desmenuzar" la corrupción y el estado de las causas judiciales (y la vida privada de los jueces), pero, paradójicamente, omitió tratar temas claves tales como la historia social de las regiones, los aspectos sociológicos y psicológicos de los pueblos, la anatomía de la ciencia política, las profundidades de la estructura económica y las enseñanzas originadas en otras latitudes. Se promovieron flujos de imágenes y sonidos pobres en contenidos que "germinaron" vigorosamente en el "almácigo" de las decisiones de los sectores medios "desclasados", quienes entendieron que las políticas públicas podían ser administradas por una empresa y que un "lánguido" plan de negocios sustituiría virtuosamente a las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

El marketing político del siglo XXI y la contribución activa del "panelista" diseñaron un ambiente propicio para el retorno de las reformas que, a fines del decenio de los ochenta, proponían: 1) disciplina fiscal, 2) reordenamiento del gasto público, 3) reforma tributaria, 4) liberalización de la tasa de interés, 5) apertura comercial, 6) tipo de cambio competitivo, 7) privatizaciones, 8) desregulaciones, 9) libre ingreso a los capitales del exterior y 10) preservación de los derechos de propiedad. Presentadas por el economista John Williamson (y respaldadas por los organismos multilaterales con sede en Washington), se suponía que resolverían las patologías heredadas de la crisis de la deuda y generarían elementos virtuosos de orden social, político y económico, benéficos para el desarrollo de la región. En la práctica, el Consenso de Washington (denominado así por el mismo Williamson), constituyó el fundamento (y explicó los resultados) de las políticas económicas implementadas en América Latina desde mediados de los ochenta y durante toda la década del noventa. Él nunca se imaginó que esta expresión "pasaría a ser el grito de batalla en los debates ideológicos por más de una década (Williamson, 2003)".

En lo atinente al modelo, la propuesta era simple e interesante para quienes preferían minimizar el diálogo político en democracia. En concreto, la búsqueda del ordenamiento de las finanzas públicas —puntos 1, 2 y 3— y el intento de mejorar la competitividad externa —punto 5— dejaban a las claras que, para Williamson y su entorno, el problema fundamental provenía de las distorsiones generadas por la intervención del Estado en la economía y la brecha existente entre los elevados costos y la baja productividad laboral. Se suponía irracional (e ineficiente) la rigidez nominal del salario a la baja, la carga aportada por la defensa de la institucionalización del "salario mínimo", los sistemas públicos de jubilaciones y pensiones, "las frondosas" conquistas sociales y la contundente resistencia de (algunos) sindicatos a aceptar grados de flexibilidad laboral. La privatización y la desregulación, las reducciones de aranceles a las importaciones y el ingreso de las inversiones financieras directas y de cartera —puntos 4, 5, 7, 8 y 9— representaron explícitas estrategias de disciplinamiento coordinadas para "maniatar" la acción estatal, aumentar la competencia interna y afianzar la libertad de mercado.

Según el autor poskeynesiano Paul Davidson: "El intento de poner en práctica las reformas con énfasis en la disciplina fiscal, la liberalización de los mercados financieros y el tipo de cambio competitivo de libre mercado, creó graves problemas en América Latina" (2003). En general, el principal daño provino de entregar al mercado la asignación de recursos a largo plazo y de desmantelar las regulaciones estatales. Como en el programa se omitió estudiar el funcionamiento real de los mercados de la región ("infectados" de colusión), la macroeconomía se infló artificialmente y luego sufrió una brusca implosión ante la presión generada por la fuga de capitales, los despegues de la inflación o del desempleo y el deterioro de la solvencia de los bancos (como efectivamente ocurrió en México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay en ciertas ocasiones). Según Joseph Stiglitz, el Consenso de Washington omitió preguntarse: "¿Qué podemos hacer para mejorar la eficiencia de los mercados y el Estado y cómo debería cambiar ese equilibrio a lo largo del tiempo, a medida que mejoran los mercados y las competencias de los gobiernos? En lugar de hacerse estas preguntas, el Consenso de Washington ignoró los fallos del mercado, viendo al gobierno como el problema y proponiendo repliegues de gran escala en la participación del Estado […]. Por ejemplo, en lugar de preguntar si podían fortalecer los sistemas de jubilaciones estatales, se siguió prestando atención a las privatizaciones; cuando se notaron las falencias de las jubilaciones privadas (sus altos costos administrativos, problemas de selección adversa, la falta de protección para los jubilados contra los riesgos de la volatilidad del mercado o de inflación y las dificultades para impedir el fraude), los problemas fueron ignorados o se intentó abordar las fallas del mercado, dándose por sentado que sería más fácil hacer funcionar a los mercados que a las instituciones públicas" (2005).

Hoy por hoy, la región está dándole una nueva y "calurosa" bienvenida a las recomendaciones del Consenso de Washington. Es posible advertir diseños de políticas económicas tendientes a debilitar la acción estatal, bajar el salario (en términos reales), erosionar las bases institucionales del trabajo (su organización troncal: el sindicalismo), liberar el mercado de cambios y la tasa de interés, impulsar la apertura comercial a la competencia internacional, reacomodar el gasto fiscal (bajar subsidios, aumentar tarifas y reducir la presión fiscal a los grupos económicos) y cerrar la brecha fiscal primaria para mostrar un perfil más distendido al mercado financiero internacional (a costas de elevar el déficit fiscal financiero). En ese sendero recorrido, las privatizaciones y las desregulaciones están apareciendo discretamente en el horizonte, formando parte de una probable agenda política que ya se estaría preparando. En este contexto, la sociedad debería evitar emitir expresiones de inmadurez y hacer algo para luego no sentirse engañada. El camino más adecuado sería repasar las lecciones del pasado.

El autor es economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Twitter: @gperilli